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| Imagen Página12 |
Las aguas no bajan mansas, no al menos en la política nacional. La
sociedad argentina no puede dormir bien; al menos un porcentaje
realmente significativo de sus integrantes no puede, y sin embargo desea
hacerlo. Es decir, se trata de una sociedad contrariada, irritable y
con bajos niveles de comprensión sobre lo que realmente sucede. Necesita
una siesta reparadora, dicen los expertos médicos. ¿Cómo lograr una
suerte de impasse? ¿El reloj biológico y el reloj político están
definitivamente desquiciados? ¿En todo caso, siguen condenados a
funcionar en perpetua oposición?
El verano en tiempos normales solía servir para bajar un par de
cambios y desacelerar la marcha. No estamos en tiempos normales, el
verano recién comienza el 21 de diciembre, y pareciera políticamente tan
lejano como la eternidad. Nadie lo ignora y el sistema realmente
existente de representación se ve en figurillas para absorber
¿adecuadamente? este nivel de malestar. ¿El abanico de partidos
opositores a la hora de la verdad sirve, dispone de un camino propio?
Dejemos en suspenso la respuesta entendiendo algo: el sistema
requiere de líneas de acción alternativa o corre el riesgo de colapsar. Y
por cierto, la lógica política al igual que la societaria está
gobernada por la estructura de la probabilidad. No puede suceder, puede
suceder, sucederá. No puede suceder: cero probabilidad. Sucederá, ya no
es probabilidad sino una certeza. Entonces, la política discurre por el
sinuoso "puede suceder".
Un punto debe despejarse ya, de su resolución dependen los demás,
¿el default técnico es posible? ¿La justicia norteamericana está en
condiciones de "hundir" la trabajosa negociación sobre la deuda que el
gobierno argentino tejiera con tanto afán durante tanto tiempo? Dicho en
criollo, ¿el acuerdo con el 93% de los bonistas puede irse al diablo?
Mi respuesta es categórica: no. Esa probabilidad no existe. Y
considerarla es parte de la estrategia terrorista de la prensa comercial
opositora.
El juez Griesa, a mi juicio, tenía sólo dos opciones: reubicar a
los bonistas que no aceptaron ninguno de los dos canjes en las mismas
condiciones de los que sí lo hicieron, o admitir que habían tenido una
oportunidad y por su cuenta y riesgo terminaron por desperdiciarla. En
la primera solución "castigaba" la estrategia del gobierno argentino
reabriendo la negociación. Un añadido: ese generalmente es el camino que
suele adoptar en situaciones similares "la justicia". Los ejemplos
sobran. La segunda solución (castigar a los bonistas que no aceptaron el
trato) sólo sería posible en el caso de que el juez respetara la
decisión soberana del gobierno argentino. Desde el momento en que los
bonos tenían como garantía adicional de su cumplimiento aceptar la
intervención de la justicia norteamericana, esa posibilidad quedaba
descartada de antemano.
-–Bueno Horowicz, su razonamiento se acaba de derrumbar, Griesa hizo lo que según usted no estaba en condiciones de hacer.
–Griesa sí, el sistema no.
Si se acepta el criterio Griesa, nadie va a arreglar nunca más una
deuda. En una quiebra toda la discusión se reduce a cuántos centavos
vale un peso adeudado. El gobierno frente al default de 2001 discutió
con los bonistas una quita, convino un arreglo de partes. Ese arreglo
permitió salir del impasse. Los que no entraron en el acuerdo no
cobraron. Ese es el caso de los fondos buitre. Y cuando la analogía
entre empresa y Estado Nacional se fuerza, se pierde de vista el
problema. Una empresa puede ser desguasada, no digo que resulta
imposible desguasar un Estado, afirmo que resulta políticamente más
complejo. Por eso, cuando un acreedor no acepta el arreglo apuesta a
sacar más con la quiebra. Esa apuesta supone la quiebra inevitable, y
basta con que no suceda para que el apostador pierda. Cuando la
abrumadora mayoría arregló, como en el caso argentino, aceptar el punto
de vista de Griesa –que es también el de los fondos buitre– supone
romper ese acuerdo. Actuar como si no existiera.
Si se tratara de un caso único, aunque la arbitrariedad no dejaría
de ser evidente –la sentencia afecta brutalmente al patrimonio de
terceros– la materialidad admitiría ese recorrido. No sería acorde al
derecho mercantil, pero resultaría posible. Como no sólo no es un caso
único (el problema de las deudas soberanas es mundial, en muchos casos
impagable, ya que supera el Producto Bruto anualizado en baja), por
tanto, la necesidad del arreglo de partes está en la naturaleza de la
solución en marcha. Ese será en definitiva el abordaje de los países
europeos afectados, y también el de los bancos acreedores. La puja
existirá, sin duda, y se resolverá –euro más euro menos– numéricamente.
La idea de que un juez atrabiliario pueda romper semejante acuerdo
bordea la insensatez sistémica. El orden financiero internacional, la
bancocracia en suma, bloqueará semejante "solución". Conviene no olvidar
que hasta hoy el poder de los bancos resulta omnímodo. Por tanto, el
criterio de Griesa carece de sustentabilidad económica y política.
EL CASO LORENZETTI. Las aguas no bajan mansas. Todos los debates
reales o imaginarios sobre la calidad institucional argentina se juegan a
cara o cruz. Se trata de saber si las instituciones de la res publica
gobiernan la lógica política, o si por el contrario, un grupo económico
poderoso está por encima de la ley. El límite del 7D perdió toda
connotación propagandística para adquirir carácter político con
mayúsculas: determinar quién manda.
Horacio Cecilio Alfonso es el juez que determinará si los artículos
de la Ley de Servicios Audiovisuales cuestionados por Clarín son o no
son constitucionales. Con 55 años recién cumplidos, Alfonso producirá un
fallo histórico. En rigor de verdad la lógica jurídica de su
determinación no es precisamente una incógnita. Los jueces hablan a
través de sus sentencias y este juez hizo caer la medida cautelar con
que el magistrado Edmundo Carbone mantenía suspendido el artículo 30 de
tan debatida ley. No se trata de un asuntillo menor, ya que el 30
permite a las cooperativas de servicios públicos lo que impide a las
empresas privadas prestadoras de servicios: incursionar en los medios.
Clarín también cuestionó ese abordaje, considerándolo un "privilegio"
inadmisible.
Dicho sin vueltas, en los pasillos de Tribunales nadie cree que
Alfonso haga otra cosa que fundar la constitucionalidad del texto. En
tal caso Clarín –con su estrategia de ganar tiempo ad infinitum–
apelaría ante la Cámara, y si así fuera, el comportamiento del Ejecutivo
tampoco reservaría mayores sorpresas: pedido inmediato de per saltum. Y
entonces, la Corte Suprema será la que en definitiva resuelva. Por
tanto, la calidad institucional de la Argentina trepará un escalón
decisivo, ya que el prestigio de los supremos es realmente importante.
Aun así la sobre interpretación siempre es posible. Los que
recuerdan los dichos de Ricardo Lorenzetti en la V Conferencia Nacional
de Jueces ("No podemos ceder frente a las presiones ni del gobierno ni
de las corporaciones, porque si cedemos una vez, terminaremos cediendo
siempre") temen una puñalada trapera. Sobre todo cuando los rumores
sobre su candidatura presidencial abandonaron los recoletos despachos de
la Corte, para recorrer bulliciosamente algunas redacciones. Suena
endemoniadamente exagerado. No sólo porque Lorenzetti no es Cleto Cobos,
ni siquiera porque el destino de Cobos resulta por demás ilustrativo,
sino por una razón superior. El prestigio de Lorenzetti se sostiene,
como el de los demás supremos, en el de la Corte. La importancia de la
Corte construye la de sus integrantes, y la Corte importa en un país
donde la ley se cumple. La idea de que una ley aprobada según las normas
vigentes pueda no entrar en vigencia nunca, no sólo no mejora la
calidad institucional, sino destroza toda forma de prestigio imaginable.
Y si alguien sabe eso es precisamente Ricardo Lorenzetti.
*Publicado en Tiempo Argentino
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