DE TERROR

Por Luis Bruschtein*

Un escenario aterrador: el Vatayón Militante está reclutando presos (y de los peores) para formar escuadrones de la muerte kirchneristas, La Cámpora está desarrollando una campaña de lavado de cerebros en escuelas y jardines de infantes, se nacionalizan empresas para esconder negociados obscenos, los movimientos sociales se han convertido en grupos de choque rentados por el Gobierno y la prensa libre está amordazada. Carrió dice que vivimos bajo una dictadura fascista, la diputada independiente (del PRO) Laura Alonso dice que todas las libertades y garantías individuales están en riesgo y un ex secretario de Cultura afirma que los militantes kirchneristas son peores que los nazis.

Frente a tanto exceso pasa casi desapercibido que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires esté procesado por la formación de un grupo de inteligencia ilegal en el área del Gobierno de la Ciudad, por haberle dado apoyo material y por haberse aprovechado de sus actividades. El macrismo se respalda en ese escenario estremecedor y explica que se trata de otra operación del kirchnerismo para encubrir el sistema nacional-socialista hitleriano que se está incubando a pasos acelerados en el país.
Nadie aclara cómo la prensa “libre” favorecida por el 90 por ciento de la pauta publicitaria privada que es, a su vez, el 90 por ciento o más de la pauta total, está silenciada. Porque esos medios son los que han realizado la campaña contra el Vatayón Militante y contra La Cámpora, contra la estatización de Ciccone, son los que publican panfletos como el del ex secretario de Cultura Marcos Aguinis y los que dan entidad a las expresiones de histeria política que son imposibles de constatar en la realidad. No hubo ninguna medida contra esos medios. Son y serán criticados (como es normal que suceda con cualquier medio de cualquier signo político), pero no fueron perseguidos ni silenciados y seguirán su actividad por muchos años.
Hasta resulta gracioso que el escritor que fue asesor del ex presidente De la Rúa acuse a los militantes sociales kirchneristas de ser peores que los nazis porque “al menos –escribió– los nazis tenían una ideología, en tanto que los kirchneristas lo hacen sólo por dinero”. Gracioso, si no fuera patético, porque De la Rúa fue responsable de una política represiva que produjo decenas de muertos entre la militancia social como la que cuestiona Aguinis. Una militancia que resistió las políticas neoliberales de los años ’90 que respaldó Aguinis. Pero además, Aguinis fue secretario de Cultura durante once meses en el gobierno de Raúl Alfonsín. No hizo nada que valga la pena destacar. Pasó por el cargo sin pena ni gloria. Pero por esos mínimos once meses se hizo acreedor de una jubilación de privilegio que no tuvo vergüenza en cobrar. Aguinis es un hombre de derecha y no tiene autoridad para calificar de ser “peores que los nazis” a militantes que participaron en la resistencia contra el neoliberalismo de los años ’90 que destruyó al país y que fue apoyado por Aguinis, que nunca fue perseguido y, por el contrario, se benefició materialmente por su actividad pública con una inmerecida jubilación de privilegio. El hombre incluso defendió su derecho a cobrarla. Más aún, en esa época se dijo que había sido apartado del cargo por su inoperancia y por haber usado los vehículos oficiales para actividades personales. El dicho popular asienta que el ladrón piensa que los demás son como él. Es una metáfora, pero alguien que después de pasar once meses en la administración pública piensa que tiene derecho a una jubilación de privilegio, es lógico que suponga que los demás son como él. A una persona así ni se le pasa por la cabeza que pueda haber una militancia desinteresada.
Si el país estuviera como lo pintan, habría bandas violentas aterrando a los opositores o atacando a los medios opositores o amedrentando a la población. Las policías estarían haciendo allanamientos, maltratando a las personas y habría centenares de presos políticos. No hay nada de eso. Y si se produjeron hechos aislados, ninguno quedó impune como en otras épocas. Lo real es que lo del Vatayón Militante admite un debate sobre las políticas penitenciarias de reinserción, pero no se trata de la creación de bandas kirchneristas como dieron a entender los grandes medios “silenciados”. Lo del adoctrinamiento en escuelas y jardines de infantes no resiste el menor análisis. Y si se piensa, tampoco lo resiste la afirmación de que se estatizó Ciccone para tapar un negociado. Puede haber o no hechos de corrupción, pero estatizar para taparlos sería como tirar la bomba atómica para destruir un hormiguero.
En todo caso, el tema de la corrupción es discutible. Para los medios opositores y la oposición política, estaría probada la participación del vicepresidente Amado Boudou. El Gobierno lo niega. Y la Justicia hasta ahora no ha podido probar las acusaciones que hicieron los medios. Es una investigación que ni siquiera tiene procesados. No hay nada que apure al Gobierno para tapar nada, porque en la Justicia no parece haber ningún destape. Usar este argumento para votar en contra de la estatización de Ciccone después de haber presentado proyectos para estatizar esa misma empresa, como sucedió con los radicales y una parte de los diputados del Frente Amplio Progresista, pone en evidencia la debilidad de las convicciones. Fue más coherente Luis Juez en ese sentido, que apoyó la estatización, aunque mantiene la misma tesitura que el resto de la oposición respecto de las denuncias de corrupción formuladas por Clarín y La Nación.
Uno de los reclamos de la oposición es la falta de diálogo por parte del Gobierno, pero es muy difícil, aquí y en cualquier parte, establecer un diálogo con alguien que lo acusa de nazi-fascista o que lleva a niveles de insulto cualquier tema que se podría prestar a debates enriquecedores. En ese punto, la oposición cierra la posibilidad del mismo diálogo que reclama.
Lo que sí haría un régimen nazi o uno fascista sería espiar la vida privada de los ciudadanos bajo sospecha o molestos para el poder. No hay ninguna acusación mediática ni legal contra el gobierno nacional sobre ese tema. Sin embargo, uno de los dirigentes más importantes de la oposición, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está procesado en un juicio por espionaje telefónico ilegal y los grandes medios se esfuerzan por mantener el tema fuera de los titulares. Ayer el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que la causa, en la que está procesado Mauricio Macri, fuera elevada a juicio oral.
La única defensa a la que atina el macrismo es acusar nuevamente al gobierno nacional de haber armado la causa. Sin embargo, no se trata esta vez de una acusación mediática imposible de probar ante la Justicia o una acusación efectista como las que suelen montarse en las operaciones de ese tipo. En este caso ya hubo una investigación que reunió pruebas suficientes para acusar a Macri de partícipe necesario en la formación de un grupo de inteligencia ilegal en su gobierno y de haberse favorecido con su actividad en, por lo menos, dos casos: el espionaje al familiar de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el que se realizó a un cuñado del mismo Macri, que no es aceptado por la familia. La investigación judicial fue desarrollada en primera instancia, luego ratificada por la Cámara y luego por Casación. Se trata de una causa que difícilmente pueda ser considerada parcial o manipulada en algún sentido.
Macri tiene que responder a esas acusaciones concretas, no le alcanza con acusar al gobierno nacional. Pero su estrategia dilatoria da la impresión de que no tiene más respuestas. El juicio oral y público recién se realizaría a finales del año próximo, es decir poco después de las elecciones del 2013 y antes de las del 2015, donde Macri será candidato presidencial. La especulación de Macri es estirar las acciones legales hasta el fin de su mandato. Entre tanto se mantendrá esta situación tan grave y, al mismo tiempo, silenciada en la que un jefe de Gobierno, uno de los principales dirigentes de la oposición y candidato presidencial, esté procesado por la Justicia por abuso de poder para espiar en forma ilegal a los ciudadanos. Quizás esta situación explique la estrategia de Macri de victimizarse o de confrontación permanente y sobre cualquier tema con la Casa Rosada. Si su única defensa es acusar al gobierno nacional, tiene que colocarse públicamente como su principal enemigo.

*Publicado en Página12