El
conflicto que protagonizan los docentes es un saldo de los graves
problemas que causaron a la educación las políticas de desguace del
Estado que culminaron en el gobierno menemista. Durante ese gobierno los
docentes defendieron con garra el sistema de educación pública; cuando
cayó el menemismo sus salarios eran de hambre y las escuelas estaban
cerca de la destrucción.
El ayuno en la Carpa Blanca triunfó, logrando
el 18/11/98 que el Congreso aprobara la ley 25.053, que estableció un
fondo especial de incentivo salarial (Fonid). Ese fondo se destinó a una
asignación especial, mensual, de carácter remunerativo de igual monto
por cargo docente y fue ratificado por los sucesivos gobiernos como un
instrumento de emergencia. Pero sólo el gobierno de Néstor Kirchner lo
encaró como parte de una estrategia de recomposición del sistema de
educación pública, inscribiéndolo en la Ley de Financiamiento del
Sistema Educativo (26.075/05). Esa estrategia se verifica en la
inversión del 6,47 por ciento del PBI en educación (meta de la ley de
financiamiento), en la construcción de 1400 escuelas, el reparto de 1,8
millón de computadoras y libros, el programa de finalización de los
ciclos educativos (Fines) y otras políticas de alcance universal
destinadas a cumplir con la igualdad ante el derecho a la educación. Los
salarios de los docentes alcanzaron un nivel de dignidad y registraron
periódicos aumentos.
Con el mismo sentido político, el Gobierno y los trabajadores de la
educación acordaron por primera vez la negociación colectiva
(paritarias). Se trata de una contribución conjunta destinada a crear un
espacio legal y legítimo donde discutir condiciones de trabajo y
múltiples otros problemas, que cobra particular importancia siendo la
educación una actividad que afecta el funcionamiento orgánico de la
sociedad, causando serios perjuicios si se lleva a cabo con dificultades
o se interrumpe.
En la circunstancia actual, los trabajadores ejercieron su derecho
constitucional a peticionar mejoras y el Gobierno, su obligación de
velar por los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa.
Aunque la virulencia que cobró la situación preocupa, tendrá solución
razonable como la mayoría de los conflictos sindicales. Pero es posible
sostener esa afirmación porque la política educativa del gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner participa de una concepción del Estado y
la sociedad afirmada en la justicia social, mientras en otros países se
encara la grave crisis económica internacional hundiendo en la miseria a
los trabajadores. La inversión que realiza el Estado en salario docente
y el conjunto de la inversión educativa cobran especial valor en el
marco de esa crisis porque los recursos para la enseñanza constituyen
una de las principales erogaciones del presupuesto del Estado. También
es de observar que en casi todas las jurisdicciones provinciales,
lugares donde debe ubicarse el actual conflicto, el salario docente
contribuye a fijar el marco a partir del cual se movilizan las
aspiraciones de los otros funcionarios del Estado. Si otra política se
impusiera en nuestro país –como recordó el más siniestro personaje de
nuestra historia reciente– se afectaría seriamente el sistema de
educación pública y no habría condiciones para discutir.
El debate es posible porque hay condiciones políticas y sociales
para sostenerlo, aunque mejor sería que se desarrollara sin que los
chicos perdieran días de clase y atravesaran días de incertidumbre. Hay
que analizar con tranquilidad y a fondo el problema del salario porque
está muy relacionado con una organización del trabajo de los docentes
que responde al multiempleo, producto de la destrucción neoliberal de
los puestos de trabajo, que conlleva el desdibujamiento de los equipos
escolares, la persistencia de inequidades, complejas composiciones
salariales y otras irregularidades. Por esa razón, ya no basta con
aumentar el incentivo; es necesario avanzar de manera inversa al
neoliberalismo para que cada cargo tenga un docente (y una
disponibilidad razonable de suplentes) y cada docente un cargo al que
corresponda un salario equivalente al que hoy recibe en distintos
establecimientos, entre otras medidas –como la regularización del
control de las licencias en algunas provincias– que es necesario abordar
en la paritaria nacional y en las paritarias provinciales.
La preocupación de la Presidenta por el Fonid (el incentivo),
expresada en la Asamblea Legislativa, debe analizarse en el marco de las
reformas estructurales que lleva a cabo el Gobierno y que recaen
directa e indirectamente sobre la educación. La reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central y la unificación y modificación de los
códigos mercantil y civil son medidas que, como la asignación universal
por hijo o la estatización de las AFJP, concurren a fortalecer a ese
mismo Estado que debe sostener en la educación pública el salario
docente.
Publicado en Página12
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