Por Dr. Rubén Visconti*
Cuando los bancos otorgan créditos solicitados por los particulares para ser destinados a la
construcción de viviendas individuales y
lo mismo sucede con empresas de la construcción con dinero aportado por
grupos de personas denominados aportantes, a lo que se suma, además, los
proyectos desarrollados por los propios gobiernos nacional, provinciales y
hasta municipales, sin que ese conjunto tenga en cuenta la capacidad limitada
en el país de la oferta que ofrece los materiales de construcción necesarios,
es lógico esperar que la relación de oferta y demanda genere, por incremento de
esta segunda parte de la ecuación, un
incremento de precios.
Aumento a veces
lícito y justificado y en otros casos totalmente especulativos ya que existen
oferentes en esta rama que dominan el
mercado dado su condición de oligopolios que se aprovechan de esa disrelación
entre la demanda y la oferta para incrementar sus precios produciendo una escalada
de inflación acelerada. Con el agravante de que la industria de la construcción,
dada su intima relación con otras complementarias impulsan, entre todas, una
inflación muy difícil de controlar.
Así, por ejemplo, aquél particular beneficiario de un crédito bancario que
lo percibe en dinero, encuentra que a
medida que su edificio avanza el costo inicial sube en cifras muy
significativas que lo obligan a solicitar nuevas sumas adicionales para
satisfacer su objetivo. Termina así, con un costo de construcción mucho más
elevado que pone en peligro ese objetivo de poseer “la casa propia”.
Como falla final también se da el caso de que el monto de crédito solicitado lo obliga al
abono de cuotas mensuales muy elevadas muy difíciles y hasta imposible de ser
satisfechas, llegando el caso, muy grave, de que el mercado al reconocer por su
vivienda un precio de venta inferior al costo, pierda todo su dinero y se quede
sin casa.
Algo así recordamos que sucedió hace unos años en la provincia de Santa Fe
dada la llamada norma o ley 1025, donde esta situación se dio perjudicando a
muchos.
Un desarrollo similar se acaba de dar en los Estados Unidos produciendo el
inicio de una crisis fenomenal que dejó
el tendal de víctimas y que para no afectar a los Bancos el gobierno de ese
país solucionó mediante la ingente emisión de dólares, no para salvar a esas
víctimas sino a los bancos que la provocaron, todo de acuerdo con la mentalidad
apoyada en el principio de que “entre bueyes no hay cornadas”, para salvarlos
de sus “errores”.
Bien, la descripción hecha, avalada por los dos ejemplos recientes,
determinan la necesidad de decidir alguna política que evite su repetición, y a
eso vamos, apoyados por una experiencia desarrollada hace unos años en Méjico,
que nos parece posible de ser aplicada en nuestro país.
Una política que puede ser imitada por todos pero que recomendamos a los
gobiernos que, decidiendo la construcción de viviendas públicas en cantidades
elevadas, deben tratar de evitar que sus propósitos se vean perjudicados por
estas posibilidades muy reales de que la inflación en los materiales terminan
perjudicando sus propósitos de beneficio popular.
Es una decisión y política que apunte a sacar a los materiales de
construcción del mercado que funciona de acuerdo, según lo quieren hacer creer,
de la oferta y la demanda, en la realidad, de las decisiones de los oligopolios
que ese grupo maneja a su entera voluntad.
Sacar del mercado a todos los materiales destinados a la construcción
significa que cuando la demanda aumenta por la decisión de particulares,
empresas o gobiernos, los precios puedan quedar estables del principio al fin,
salvo razones muy ponderables que justifiquen su alteración.
Veamos cómo debería funcionar esa política para lograr esos propósitos:
Supongamos que una esfera de gobierno decida la construcción de 200
viviendas que, lógicamente, deben obedecer a criterios de homogeneidad, es
decir, casas iguales destinadas a un matrimonio con dos hijos, en terrenos de la misma extensión.
Calculados los materiales principales y accesorios se llegará a los totales
necesarios para la construcción, determinándose, además, el tiempo de
terminación final y los grados de avances parciales.
El gobierno llamará a una licitación pública destinada a todas las empresas
que así lo deseen para que ofrezcan los precios de cada uno así como su
compromiso de mantenimiento por todo el lapso de construcción; las empresas se
beneficiarán dado que se aseguran una demanda alta que satisfaga el uso de su
capacidad de producción, quedando el gobierno bajo la responsabilidad de que se
satisfagan los plazos acordados; el incumplimiento de ambos aspectos, provisión
y plazos serán sancionados con total severidad. Si, además, se viera la conveniencia de separar la provisión de los materiales de las empresas de
construcción el convenio se ampliará convenientemente.
Por otra parte no hay que olvidar que un funcionamiento similar rige
actualmente en lo relativo a las cooperativas de mano de obra, con lo cual el
plan puede llegar a ligar a todos esos
sectores ampliando sus objetivos de otorgar viviendas y trabajo a todos ellos.
Pero también podemos pensar en otros casos, los de construir viviendas con
el objetivo de que los beneficiarios las adquieran, por ejemplo mediante un
crédito bancario que no sería satisfecho mediante la entrega de dinero sino que
el banco los cubriría mediante la entrega de material contra certificados de
obra certificados, acordando con los productores el mantenimiento de los
precios sin modificación a lo largo de todo el período establecido hasta la
terminación.
Aunque el proyecto aparezca como excesivamente complejo no lo es y puede
funcionar rápidamente si existe la voluntad política de llevarlo a cabo.
*Doctor en Economía, Docente de la UNR
Miembro del CEP
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