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| Imagen Tiempo Argentino |
El jueves pasado (18/04/2013) miles de personas desfilaron por la Ciudad de Buenos
Aires para demostrar su descontento y su rencor con el gobierno
nacional. Entre las decenas de consignas difusas, rencorosas,
contradictorias, había una que lideraba los reclamos relativamente
serios y consistía en un latiguillo como mantra: "La Constitución no se
toca". Se trata, claro, de una letanía, de frase arrojada desde el
sentido común más engañoso de todos. Pero ¿qué significa que una
Constitución no se toca? ¿Qué óleo sagrado impide a un pueblo reformar
cuantas veces quiera el pacto político y social de interrelación? ¿Quién
redactó el texto constitucional? ¿Jesús, Mahoma? ¿De dónde proviene esa
sacralidad conservadora y reaccionaria que asegura que no se pueden
reformar los pactos de convivencia?
Lo curioso es que ese mismo día estaba dando una charla en el
Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y para cerrar mis
palabras pregunté a los presentes: ¿Quién cree que "la Constitución no
se toca"? Para mi sorpresa, la mayoría del auditorio levantó la mano
para sostener esa consigna. Y mi extrañeza consistió en que tanto
oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la
Constitución es un texto sagrado. Eso es, exactamente, hegemonía
cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una
clase o un sector –de una facción, como les gusta llamar a algunos
políticos pseudo progresistas que retoman palabras utilizadas contra
Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen, entre otros– son sagrados y deben ser
respetados por la totalidad de la sociedad.
Pero en qué se basa ese "sentido común", esa "verdad sagrada", esa
intocabilidad de la Constitución Nacional. Sencillo: en el mayor de los
engaños, en una operación política magistral por parte del Liberalismo
Conservador que nos hace creer a todos los argentinos que la Carta Magna
es el producto del consenso, el acuerdo, la puesta en común de la
mayoría de los ciudadanos. Y es una absoluta mentira. La Constitución
Nacional es el resultado de una imposición militar que un determinado
sector impuso a las mayorías. Y a través de la educación –gran aparato
ideológico del Estado– y de la prédica de políticos, juristas,
intelectuales y publicistas del liberalismo más rancio se ha impuesto
como verdad absoluta que "la Constitución es un acto de
autodeterminación, un acuerdo de convivencia, un pacto entre iguales, el
cúlmine de la reconciliación entre los argentinos". La historia
demuestra que no hay nada más alejado de eso.
¿Es la Carta Magna argentina el resultado de un proceso de consenso
entre los representantes de la Nación y las provincias o se trata en
realidad de una imposición surgida de la batalla de Caseros? Los
procesos históricos nunca son lineales, impolutos y perfectos; la
mayoría de las veces se ven enturbiados por contradicciones, bajezas,
errores y miserias. En la historia de nuestra Constitución Nacional,
esos elementos no podían estar ausentes. Sin duda, la Carta Magna de
1853 está escrita con la tinta de los legisladores del Congreso, con la
pasión de las ideas de Juan Bautista Alberdi y con la sangre de los
rosistas derrotados en la batalla de Caseros. Pero también con el texto
de la Constitución estadounidense –en la versión de Manuel García de la
Sena, acusada de pésima traducción por el historiador José María Rosa–
que sirvió de modelo para nuestro país. La Constitución de la Nación no
fue el resultado de un consenso democrático pleno y plural. Sin embargo,
fue un hito fundamental en la profundización de la calidad
institucional del país.
Es hija del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852,
en esa ciudad. En esa oportunidad se reunieron Justo José de Urquiza –el
vencedor de la batalla de Caseros– y los gobernadores de 13 provincias,
y determinaron que: se convocaría a un Congreso General Constituyente
para el mes de agosto de ese año para sancionar una Constitución, que la
elección de diputados se realizaría de la misma forma en que se elegían
las legislaturas provinciales, que todas las provincias acercaban el
mismo número de diputados –se desechaba la forma de representación
proporcional a la población–, que el Congreso se realizaría en la ciudad
de Santa Fe, y por último que Urquiza sería el Director Provisorio de
la Confederación Argentina. Es decir, los constituyentes no fueron
elegidos por el sufragio libre de los ciudadanos, cosa que no ocurría
muy a menudo para ser justos.
Posteriormente, la provincia de Buenos rechazó el Acuerdo y
protagonizó la revolución del 11 de septiembre de 1852 por la cual se
separó de la Confederación Argentina. Las principales críticas al
Tratado fueron la elección de Urquiza como virtual presidente, la
elección de Santa Fe como sede y no Buenos Aires y la cuestión de la
representatividad, ya que con el sistema proporcional, la ciudad puerto
habría tenido casi el mismo número de diputados que la totalidad de las
provincias.
Parte del acuerdo comenzó a cumplirse en agosto de ese año, cuando
los legisladores iniciaron los arreglos en la ciudad de Santa Fe.
Presididas por Domingo Crespo, gobernador de la provincia anfitriona, en
ausencia de Urquiza, inauguró las sesiones oficiales el 20 de noviembre
con estas palabras: "Augustos diputados de la Nación. Saludo en
vosotros a la Nación Argentina con toda la emoción con que es capaz mi
alma. El deseo de muchos años se cumple en este día: los gobiernos del
litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde
1831." Lo escuchaban atentamente todos los representantes, excepto los
dos de Buenos Aires, que se habían retirado por el conflicto de
secesión. Había entre ellos, federales doctrinarios, liberales y
unitarios. Pero no había federales rosistas. Es más, habían sido
claramente marginados de la convención constituyente.
El libro Las Bases, como se lo conoce, está formado por 36
capítulos y un proyecto de Constitución al final de la obra. Como
explica el propio Alberdi, lo escribió en abril de 1852 para que sea
tomado como ejemplo por los constituyentes: "Es una obra de acción que,
aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al
tiempo en su carrera... Hay siempre una hora dada en que la palabra
humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la
palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso;
es la obra de las cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la
verdadera ley."
En su texto, Alberdi compara el derecho constitucional sudamericano
con las constituciones de la época, como la californiana, a la que pone
como ejemplo de su punto de vista constitucional. Plantea, además, una
solución para la cultura política del continente. Ni monarquía ni
parlamentarismo con líderes débiles: las naciones latinoamericanas
necesitan un presidente fuerte.
La idea de Alberdi consistía en construir una nación de 50 millones
de personas, producto de la inmigración europea atraída por las
garantías que ofrecía la nueva Constitución a la propiedad privada, la
libertad de movimiento, la tolerancia religiosa y cultural, y un reparto
generoso de tierras.
Y también zanja la cuestión federal: "Una provincia en sí es la
impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir,
pequeño, obscuro, miserable, provincial, en fin, aunque la provincia se
apellide Estado. Sólo es grande lo que es nacional o federal." Por esa
razón, propone lo que él llama un "federalismo atenuado”.
La Convención encargó a una comisión integrada por Leiva, Juan
María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro
Ferré la redacción del proyecto de la Constitución Nacional. El debate
fue arduo y áspero y los puntos más difíciles: la relación entre Buenos
Aires y las provincias, y la separación de la Iglesia del Estado.
Finalmente, el 20 de abril de 1853 el Proyecto fue girado al Congreso
Constituyente para que, en lo que se conoce como las Diez Noches
Históricas, se debatiera, se aprobara y se sancionara la Constitución de
la República Argentina. Como usted podrá darse cuenta, estimado lector,
en los próximos días, usted podrá ir viviendo día a día de qué manera
se gestó hace exactamente 160 años nuestra Carta Magna.
¿Fue un proceso perfecto y luminoso? ¿Sin "vencedores ni vencidos"?
Evidentemente no. La exclusión de los viejos federales rosistas y el
enfrentamiento armado que se desencadenó con Buenos Aires demuestran que
las constituciones son más el resultado de procesos políticos y
militares que de Grandes Acuerdos Nacionales. Así lo demuestran,
también, las reformas de 1860, 1866 y 1880, que son hijas de las
victorias militares de Cepeda, Pavón –obtenida por el mitrismo porteño
contra las provincias– y del aplastamiento de la sublevación de Carlos
Tejedor que concluyó con la federalización por la fuerza de la ciudad de
Buenos Aires.
La historia constitucional del siglo XX fue más triste aun, ya que
estuvo plagada de autoritarismos, de imposiciones militares, de
desmanejos de la Carta Magna por parte de las dictaduras de turno. El
inicio de la desventura fue la sanción de la Constitución Nacional del
1949, cuando en pleno proceso del primer gobierno peronista una mayoría
abrumadora del pueblo votó a una asamblea constituyente para que
incluyera los derechos sociales de la niñez, la ancianidad y los
trabajadores entre otros tópicos que incluían, claro, la reelección
presidencial.
Desde los aspectos formales e incluso estructurales, esa
Constitución, creada por Arturo Sampay, fue un hito democrático aun
cuando el radicalismo intentó quitarle legitimidad no participando de
las sesiones de la Constituyente. Como se sabe, la Carta Magna
sancionada en 1949 fue abolida con decreto facto por la dictadura de
Pedro Eugenio Aramburu y, en 1957, una Constituyente que excluyó al
peronismo, y que fue deslegitimada por la ausencia de la UCR
Intransigente repuso con las reformas del artículo 14 bis, la
Constitución de 1853. Una vergüenza desde todo punto de vista jurídico y
político. Para que quede claro: la del '49, votada democráticamente por
las mayorías, fue suprimida por un golpe de Estado criminal como el de
la autodenominada "Revolución Libertadora".
Con las dictaduras de 1966 y de 1976 no le fue demasiado bien a la
Constitución Nacional. Juan Carlos Onganía sancionó por decreto un
Estatuto de la Revolución Argentina, y Alejandro Lanusse en 1972 reformó
a su antojo el sistema electoral previsto por la Constitución Nacional
para impedir que el peronismo regresara al poder por la vía democrática.
La dictadura de Jorge Rafael Videla y los suyos dejó sin efecto,
incluso, la constitución sancionada por la dictadura aramburista.
En los albores de la democracia, el presidente democrático Raúl
Alfonsín decidió, finalmente, poner en funcionamiento la Constitución
Nacional reformada por la dictadura de Aramburu y Rojas e intentó
reformarla en 1987 –también quiso buscar su reelección– pero no se lo
permitió el apoyo popular que comenzó a serle esquivo desde la crisis
del Plan Primavera. Finalmente, en 1994, se produjo –después de las de
1949– la única reforma democrática de la CN de 1853. Se la realizó tras
un contubernio radical-peronista en el que los referentes fueron el
propio Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem.
La historia de nuestra Constitución demuestra que una Carta Magna
es más producto de una imposición de una facción por otra que del
consenso. Esto seguramente lo saben Jorge Yoma, Elisa Carrió, Mauricio
Macri, y se hacen los distraídos. Porque es preferible que sean
hipócritas antes que ignorantes. Es el resultado de la voluntad de un
sector de la sociedad argentina –el Liberalismo Conservador– de someter a
los vencidos a las propias reglas de juego del vencedor. Uno puede
celebrar muchas virtudes que tiene nuestra Carta Magna –que de hecho
tiene muchas–, pero no puede desconocer que es el resultado de la
violencia y la sangre de millones de argentinos que fueron sometidos en
los golpes de Estado de 1852-1955, las batallas de 1860-80 y las
dictaduras militares de 1966 y 1976.
Seguramente, el kirchnerismo no reformará la CN en los próximos dos
años. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de dos cosas: 1) que
quienes agitan la infalibilidad sacra y la perennidad de la Carta Magna
están defendiendo –por complicidad o ignorancia– los pilares del
Liberalismo Conservador en la Argentina; 2) Que las mayorías nos
merecemos alguna vez en la historia de nuestro país una Constitución
verdaderamente democrática por su contenido y por su forma. No
comprender el contenido histórico e ideológico de nuestra Carta Magna es
puro fetichismo constitucional. O mala intención, claro.
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