Por Dr. Rubén Visconti*
Noticias aparecidas en los diarios nos hacen saber de que las autoridades
de la UBA mantiene, pese a las observaciones hechas públicas no solo por los
directamente interesados sino también por opinantes en general, su decisión con
respecto a que todos los docentes universitarios que cumplen 65 años durante el
transcurso del corriente 2012, deberán, manu militari, pasar a la categoría de
jubilados, decisión adoptada en contradicción de la norma existente que
autoriza a los referidos, por voluntad propia, a proseguir hasta la 70 años se
así lo resolvieren.
No obstante hacíamos notar que esa misma Universidad debía fomentar la
incorporación de nuevos docentes que, por su condición de jóvenes con sangre y
conocimientos renovados, tienen todo el derecho a que los “viejos” profesores
por la simple condición de ser mayores y
haber llegado antes se transformaran en “tapones“ sin límites destinados a
mantenerlos fuera de los claustros, quizás en términos indefinidos y muy
prolongados.
Pero al mismo tiempo que mencionábamos esta dicotomía que pudiera transformase
en un enfrentamiento insoluble, destacamos que la solución correcta, que es la
que aparece en las disposiciones de la
UBA pueda ser consideradas como la única posible, lo que no es.
Tirar a la basura un capital docente probado y eficiente, dado que si no
fuera así las causas de la jubilación deberían ser anticipadas por otras
referidas a la eficiencia y rendimientos, etc., es un craso error porque como
lo llevamos dicho significa un proceso de ”descapitalización” docente que no
garantiza de ninguna manera su reemplazo por un
nuevo capital por lo menos equivalente
para su reemplazo inmediato. Máxime cuando debemos poner de manifiesto que
todas la Universidades Nacionales funcionan en la actualidad con una grave
disrelación entre la cantidad de docentes y el número de alumnos que la norma
impuesta por el ingreso irrestricto viene
diferenciando sin intermitencias, sumado ello a las mejores condiciones de los
jóvenes para acceder al tercer estadio educacional otorgados por la actual política
económica favorable a una mejor distribución del ingreso, menor desocupación y
la dación por hijos. Antes que jubilar docentes las autoridades de la UBA debería
poner sus esfuerzos en la obtención de un incremento presupuestario destinado a
resolver esa disrelación así como las ampliaciones edilicias indispensables
para darles cabida a todos los que deseen incorporarse a este tercer nivel del
proceso educacional.
Claro que a veces, como en toda organización que debe obrar a partir de un
nivel intermedio, dependiendo de las autoridades superiores y aptas en cambio
para disponer sobre el destino de los sectores dependientes, optan por lo más
sencillo, no reclamar hacia arriba y disponer autoritariamente hacia abajo,
agravando en vez de resolver los problemas que los afectan. Y contrariamente
agravarlos.
Finalicemos con un comentario referido a una circunstancia real que sucede
en todas la Universidades Nacionales. Hace año, un futuro docente se lo
incorporaba en la calidad de interino para someterlo en lo inmediato a un
concurso para su designación definitiva mediante el cual se garantizaba sus
condiciones y capacidades para su desempeño posterior.
Hoy día es costumbre que por diversas razones fundamentalmente por razones
presupuestarias que la designaciones
interinas se prolonguen por años y años, determinando un grado de inestabilidad
angustiante dado las posibilidades de cesación arbitraria y atémpore.
Las autoridades universitarias desde los niveles de Rector y Consejos
Superiores hasta los de Decanos y sus Concejos Directivos se constituyen,
basados en su pertenencia a sectores ocasionalmente dominantes en dadores de
cargos para docentes y empleados simples o jerárquicos de sus adherentes a
veces, sin ningún respeto por las calidades de los designados que solo deben
poseer un grado elevado de pertenencia al sector político que les brinda
cobijo.
La autonomía universitaria respetable y correcta para otros destinos se
transforma así en una ventaja desleal para aquellos que poseyendo condiciones y
capacidades superiores se ven postergadas incorrecta y arbitrariamente.
No acusamos a nadie pero nos
preguntamos, en esa cesación masiva de 650 docentes ¿cuántos cargos se otorgarán
para reemplazarlos con la simpleza del Interinato que lo permite, sin dar
razones ni justificativas a los amigos y seguidores que de las autoridades
universitarias?
Por ahora, nuestra conclusión es que la UBA corre el riesgo de sufrir una
disminución en sus niveles de enseñanza no garantizando de reemplazos
eficientes, todo ello por la elección de una medida deficiente que exige su
reemplazo por una solución que, atendiendo todos los intereses de los docentes actuales, los de los jóvenes
capaces que buscan su lógica y respetable incorporación y, fundamentalmente,
los de los alumnos a los cuales es una obligación permanente ofrecerles sin
interrupción los niveles de educación superior; a lo que la decisión de la UBA
no atiende bajo ninguna razón valedera.
*Doctor en economía, Docente de la UNR, Miembro del CEP
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