REPRESENTATIVIDADES OLVIDADAS

Imagen de "El Santafesino"

Por Roberto Marra

La representatividad política se puede definir como la capacidad de alguien de actuar en nombre de un colectivo que la acepta. Para que exista, quien la ejerza debe ostentar características que lo distingan por su credibilidad, por la idoneidad que se le reconozca para representar las ideas y los intereses de quienes confían en esa persona. Esa fiabilidad, a su vez, deberá estar asentada en la coherencia de sus actos con la comprensión de que sus acciones pueden afectar a la sociedad toda.

Esto deriva en un alto grado de responsabilidad de aquellos funcionarios electos para conducir un gobierno, una obligación de actuar poniendo mayor cuidado en atender sus deberes sociales que en sus beneficios individuales. Esa ética de la eficacia gubernamental, entendida como la preeminencia de los valores que hacen al sostenimiento de la legitimidad que le dio origen al mandato en cuestión, es la que puede hacer posible un desarrollo de gobernanzas con resultados positivos, al menos en lo institucional.

Claro que esta ideal manera de transcurrir los tiempos políticos no resulta, la más de las veces, la que de verdad se concreta. Personas que se asumen como preeminentes por sobre otras, por el solo hecho de ostentar un cargo ejecutivo o legislativo de importancia, suelen dejar de lado tales conceptos de la representatividad y sus correlatos morales, para convertir sus períodos de gobierno en meros procesos especulativos que les aseguren, al individuo en cuestión o al grupo que encarna, la continuidad de las ventajas obtenidas en el ejercicio del poder político de que se trate.

Cuando un gobernante de esas características especulativas está por dejar su lugar a otro que no sea de su mismo origen ideológico, comienza a buscar, con el ahínco propio del egoísmo que lo guía, las formas de impedir que su rival por asumir pueda llegar a ejercer con eficacia el gobierno. Ese grado de brutalidad antisocial solo logrará, si resulta “exitoso” para el especulador saliente, dificultar o impedir las acciones de gobierno que se haya propuesto el gobierno entrante, que son las razones primordiales por las cuales alguien resulta electo.

En la Provincia de Santa Fe, se está confirmando esta característica tan odiosa de la politiquería sustentada solo en las conveniencias particulares. Cierto sector de la actual “oposición” de la Cámara de Senadores, aliado al oficialismo saliente (y no solo circunstancialmente), aceptó tratar y aprobar el proyecto de presupuesto enviado con la urgencia propia de la especulación más obscena, por el gobernador saliente. El trámite resultó tan inmoral como su presentación, al ser aprobado en menos de veinticuatro horas de entrado el expediente de centenares de fojas, imposible de leer en tan escaso tiempo.

El apuro del saliente gobernador y electo diputado provincial, y los senadores que se prestaron a esta irresponsable maniobra, algunos de los cuales están culminando su mandato, no puede calificarse con otra palabra que contubernio. Una confabulación que demuestra la catadura amoral de quienes la concretaron, tirando a la basura la legitimidad original de sus mandatos, ahora convertidos en eventuales modos de extorsión hacia el gobernador por asumir, que deberá adicionar semejantes despropósitos legislativos a la degradante situación económica, financiera y social que dejan los especuladores que culminan sus mandatos.

Todo un modo de expresar los intereses a los cuales responden algunas personas que se pretenden por encima de la sociedad que los eligió en su momento, haciendo añicos el concepto más básico de “democracia” al cual dicen adscribir cada vez que les ponen un micrófono delante. Toda una manera de destruir las esperanzas de un Pueblo maltratado por las políticas nacionales de estos últimos cuatro años, y por la incapacidad o la desidia de los gobiernos provinciales de censurar semejantes actos de desprecio y empobrecimiento generalizado.

La representatividad de estos perversos actores de la politiquería convertida en paradigma de la continuidad malversada, se muere en el instante de las prestas manos levantadas para aprobar la ilegitimidad de una Ley tan importante como la de este Presupuesto malversado desde su origen. La credibilidad es ahora una mancha más en la piel de esta frágil estructura institucional, donde se abroquelan con desesperación los ineptos y las malvados para salvar sus pellejos cómplices de un desfalco más. Y la ética termina siendo solo una palabra vacía, un hueco fatal en la conciencia de los sucios conductores del fracaso por venir.