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La serie de TV está ambientada en Atlantic City, Nueva Jersey,
durante los años de la Ley Seca, en los años ’20 del siglo pasado. Está
basada en el libro Boardwalk Empire: the birth, high times and
corruption of Atlantic City, de Nelson Johnson. Con una ambientación,
vestuario y actuaciones notables, es un drama de época que exhibe la
inmensa red de corrupción, delito y contrabando que provocó la Volstead
Act, promulgada en 1919. Esa ley deriva de la 18ª enmienda de la
Constitución de Estados Unidos de 1917 que prohibía la venta,
importación y fabricación de bebidas alcohólicas en todo el país. El
efecto inmediato fue la expansión de organizaciones criminales dedicadas
a la producción, importación y distribución de bebidas alcohólicas.
Mafias que disputaban con mucha violencia el control del mercado, para
lo cual construyeron una malla de protección integrada con políticos,
policías, empresarios y funcionarios judiciales.
En la práctica, con la
prohibición, el Estado fue el impulsor del mercado ilegal con sus bandas
criminales, y a la vez el encargado de combatirlas invirtiendo recursos
millonarios en policías y en la Justicia, con parte de esos
funcionarios siendo cómplices o socios de esa red delictiva. La Ley Seca
fracasó en el frente social, económico y político para ser anulada
finalmente en 1933. La venta de bebidas alcohólicas se legalizó, el
Estado se dedicó a controlar esa actividad y a cobrar impuestos de la
comercialización, y el consumo dejó de ser reprimido para ser tratada su
adicción como un asunto de salud pública.
La historia vuelve a repetirse esta vez a escala global con la
producción de la materia prima, elaboración y comercialización de drogas
prohibidas por ley. La administración Nixon declaró la guerra contra
nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control
Act de 1970, que prohibió una serie de drogas casi con las mismas
razones enarboladas durante la Ley Seca. Esta persecución influyó en
todos los demás países para que endurecieran las penas contra el
comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los
estupefacientes. El gobierno de Nixon impulsó la redacción de la
Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias
Psicotrópicas.
En 1998, la Asamblea General de la ONU comprometió a sus países
miembros a alcanzar un “mundo libre de drogas” y a “eliminar o reducir
significativamente” la producción de opio, cocaína y cannabis.
Postulados de buenas intenciones para aliviar el pánico moral que
acompaña la prohibición, similares a los grupos de mujeres y
asociaciones puritanas que combatían el consumo de bebidas alcohólicas
durante la vigencia de la Ley Seca en Estados Unidos. De antemano se
sabe que es una promesa que no se puede cumplir.
El debate sobre el narcotráfico que ha adquirido mayor intensidad a
partir de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es
incompleto si sólo queda concentrado en la corrupción de las fuerzas de
seguridad, en la expansión de las organizaciones delictivas, en la
demanda de mayores recursos humanos y monetarios para el Poder Judicial,
en la exigencia de leyes demagógicas más represivas (derribar aviones) o
en el combate del lavado de dinero proveniente de esa actividad.
El aspecto económico debe ser incorporado en la evaluación, puesto
que es esencial para entender la dinámica de ese mercado ilegal. No se
trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio
ilegal (sin referencias claras, la ONU calcula de unos 500 mil millones
de dólares anuales), sino de entender cómo funcionan las leyes
económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora.
No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que
funcionase el mundo, sino de saber las características de la economía de
la droga. Sectores conservadores del pensamiento económico han ofrecido
los argumentos más contundentes sobre los beneficios de la legalización
de la actividad vinculada con la producción y comercialización de
drogas prohibidas. Uno de ellos es el Premio Nobel Milton Friedman,
máximo referente del monetarismo, fallecido en 2006.
Si se evalúa la guerra contra las drogas, con el gobierno de Estados
Unidos como líder del comando mundial, el saldo es negativo. Friedman
explicaba que desde un punto de vista puramente económico, la
prohibición por parte del Estado termina siendo una protección del
mercado a los diferentes carteles de las drogas. Este beneficio surge
porque en la comercialización de la mayoría de otros productos existen
varias empresas y, dependiendo la actividad y la exigencia de capital,
cualquiera puede ingresar en el negocio. Pero en uno declarado ilegal y
combatido por fuerzas de seguridad sólo pueden participar bandas que
tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados
de traslado de la mercadería (un operativo reciente interceptó un
cargamento en un submarino). El precio de una sustancia ilegal está
determinado más por el costo de su distribución que por el de su
producción. El de la cocaína aumenta más de cien veces entre el cultivo
de coca y el consumidor. El Estado al perseguir a los encargados del
cultivo de la materia prima o al realizar operaciones de decomiso de
drogas ilegales mantiene además elevado el precio de la cocaína y la
marihuana. Menos productos, o sea restricción de la oferta, con una
demanda sostenida, aumenta el precio. Friedman sentenciaba: “¿Qué más
querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a
todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es
como estar en el cielo. Ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición
del alcohol”.
Friedman afirmaba que “legalizaría las drogas sometiéndolas
exactamente a las mismas normas que existen hoy día para el alcohol y el
tabaco. El consumo de alcohol y tabaco causa más muertes que el de las
drogas, con mucho, pero muchas menos víctimas inocentes. Y las
principales víctimas inocentes, en esos casos, son los muertos por
conductores borrachos. Y tenemos que hacer cumplir la ley contra
conducir bebidas, igual que tenemos que hacer cumplir la ley contra la
conducción bajo la influencia de la marihuana, la cocaína o cualquier
otra droga. Pero trataría, al menos como primera medida, a las drogas
exactamente de la misma forma que ahora tratamos al alcohol y al tabaco,
nada más”.
Un artículo publicado en 2009 en la revista conservadora The
Economist, “How to stop the drug wars. Prohibition has failed;
legalisation is the least bad solution” (www.economist.com/node/13237193),
propone que la legalización no sólo desplazaría a las mafias; también
haría que las drogas pasaran de ser un problema de ley y orden a ser uno
de salud pública. Los gobiernos podrían cobrar impuestos y regular el
comercio de drogas, y usar los fondos recaudados (y los miles de
millones ahorrados en uso de fuerza pública) para educar al público
sobre los riesgos de consumir drogas y para tratar la adicción. No
considera que sean buenas las drogas, sino que la legalización es la
política menos mala. The Economist afirma que más que la represión,
“desincentivar y tratar la adicción debería ser la prioridad de la
política de drogas”.
En la sociedad existe el miedo basado en la presunción de que bajo
un régimen de legalidad más personas usarían drogas. El reporte de la
revista británica indica que esa consideración puede estar equivocada al
señalar que “no hay correlación entre la severidad de las leyes sobre
drogas y la incidencia del consumo; ciudadanos que viven en regímenes
severos (Estados Unidos y Gran Bretaña) consumen más drogas, no menos”.
Los recursos recaudados a través de impuestos y ahorrados en represión
podrían garantizar tratamientos a los adictos y financiar amplias
campañas contra el consumo. The Economist concluye que “el éxito de los
países desarrollados en hacer que la gente deje de consumir tabaco, el
cual está sujeto a impuestos y regulación, provee una base de
esperanza”.
A veces las series de TV se parecen mucho a la realidad. En
Boardwalk Empire quienes más se muestran inflexibles ante el
narcotráfico son en realidad sus principales aliados al generar las
condiciones para reservar ese millonario mercado a las mafias.
*Publicado en Página12
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