Por Veronica Caceres*
El
agua es un bien social, económico y cultural y no una simple mercancía.
Es responsabilidad de los Estados velar por que todas las personas
tengan su acceso garantizado, más allá de que cuenten o no con la
capacidad de pago, así lo establece el Pacto Internacional de Derechos
Económicos y Sociales y Culturales, al cual Argentina adhirió.
Tras la experiencia fallida de las privatizaciones de las empresas
proveedoras del servicio de agua se incrementaron de forma notable las
inversiones en el sector, fundamentalmente, con financiamiento del
Estado nacional. Si bien en 2010 el 83,9 por ciento de los hogares
contaba con acceso al servicio de agua por redes, cobertura superior a
la registrada en otros países de la región, la situación al interior de
las jurisdicciones es sumamente desigual.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la cobertura alcanza al
75,1 por ciento de los hogares, pero en su interior coexisten municipios
como Vicente López y San Isidro con una cobertura cercana al ciento por
ciento y otros como Malvinas Argentinas y José C. Paz que alcanzan al
10,8 y 17,3 por ciento de los hogares, respectivamente. Los sectores no
abastecidos son considerados en los marcos regulatorios de los servicios
como “usuarios potenciales” y según su lugar de residencia quedan bajo
el área de concesión de Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA), Aguas
Bonaerenses, empresas municipales y cooperativas locales.
La falta de extensión de los servicios de agua, organizados
institucionalmente y regulados por el Estado provincial, obliga a los
hogares, relativamente más pobres, a solucionar el acceso, mayormente, a
través de perforaciones individuales conectadas a distintos equipos de
bombeo. Dichas perforaciones son realizadas por pequeñas empresas que
actúan sin ningún control por parte del Estado y que operan en el
territorio en nichos vacantes que emergieron en el contexto de la
urbanización en manos del mercado desde las primeras décadas del siglo
pasado.
La adquisición y el mantenimiento de las instalaciones implican un
gasto notable que asumen los hogares, que se agrega al costo de las
instalaciones internas, los tanques de almacenamiento, el consumo
periódico de electricidad y los análisis bacteriológicos y químicos del
agua. A modo de ilustración, en el Partido de José C. Paz, el costo de
una perforación con un equipo de bombeo básico –durante 2010 y 2011–
superaba ampliamente los 2500 pesos, mientras que las perforaciones con
equipos sumergibles alcanzaban los 6000 pesos.
Las empresas perforistas constituyen el último tramo de un eslabón
en el que se cruzan distintas fases de producción, procesamiento y
distribución de distintos bienes: cañerías, filtros y mallas, entre
otros. Al actuar en un contexto sin fiscalización estatal y ser
tomadoras de precios en lo que hace a los equipos de bombeo existen
incentivos para que reduzcan la calidad del resto de los insumos, como
forma de ampliar sus ganancias. Lo que impacta posteriormente en la
calidad de agua que extraen los hogares y la vida útil de las
instalaciones.
Por lo que, más allá del esfuerzo económico que realizan los hogares
para acceder a las instalaciones que les permiten obtener agua, el
creciente deterioro de los acuíferos, sumado a la ausencia de control y
capacitación sobre las formas adecuadas de protección de las
instalaciones y del mantenimiento de los tanques de almacenamiento no
contribuyen a garantizar el acceso seguro.
Considerando que la universalización del servicio es una tarea que,
incluso con la profundización de las tareas en el sector, tardará varios
años, se torna relevante considerar la implementación, de manera
urgente, de políticas públicas que atiendan a la población excluida del
servicio. Dichas políticas, de corto o mediano plazo, tienen que
incluir, al menos, la provisión mediante formas sustitutas de agua
potable a los hogares con dificultades en el acceso y cuyos miembros
pertenecen a los grupos de riesgo (niños, embarazadas, adultos mayores);
la educación (sea formal o informal) en lo que hace a las prácticas
adecuadas de construcción de las instalaciones sanitarias, así como su
mantenimiento y los procesos correctos de potabilización del agua; la
realización de análisis químicos y bacteriológicos gratuitos del agua
por parte de los laboratorios municipales o de otros laboratorios, por
ejemplo universitarios; y la regulación y fiscalización de la actividad
que efectúan las empresas perforistas.
Dichas pautas mínimas podrían disminuir los riesgos sanitarios a los
que se hallan expuestos los “usuarios potenciales” del servicio de agua
y contribuirían a la protección de los acuíferos en tanto reservorios
de agua dulce para las próximas generaciones
* Magister en Ciencias Sociales, becaria del Conicet, sede de trabajo Universidad Nacional de General Sarmiento.
Publicado en Página12
Wow great job
ResponderEliminarmp3 sumergibles