Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes
españolas a raíz de la presentación del Presidente Rajoy de las medidas
de recortes que su gobierno iba a realizar, el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas del gobierno español, el Sr. Cristóbal
Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más
dinero”, punto acentuado por el propio Presidente Rajoy cuando subrayó
que el nivel de deuda pública en España había alcanzado niveles
inaceptables que forzaron la toma de medidas excepcionales, considerando
la bajada del déficit como la prioridad número uno de su gobierno.
El
Presidente Rajoy indicó también que tal bajada del déficit público era
la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta
bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España
podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.
Es sorprendente que la Administración Rajoy continúe repitiendo esta
creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos
los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre
los que se basa.
Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez
más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia,
Portugal e Irlanda-. Todos ellos tienen Estados pobres (su gasto
público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más
bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más
bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos
redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente
regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos
estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un
contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos
cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme
influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por
gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos
(que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas
redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa
en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las
dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.
Se podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene
un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman
esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y
en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En
realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su
sector público y en su subfinanciado Estado del Bienestar (tanto en sus
transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los gasta, no
porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no
los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de
la política fiscal que España tiene en común con todos los países
intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no
recoge el suficiente.
Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza
(estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y
más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas
superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de
capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo
Monetario Internacional- nada menos que la mitad del déficit estructural
del Estado, déficit que permaneció oculto durante la expansión
económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo,
sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el
Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper
ricos depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de
la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir
el dinero, que podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los
impuestos.
Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates.
Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las
Cortes Españolas hiciese las siguientes preguntas al Presidente Rajoy:
¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de
conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del
impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de
ingresos ( 2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos
que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del
Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones
de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las empresas,
con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por
qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los
impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O, ¿por
qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión, que afectará a
las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto de Sociedades al
35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año, con lo
cual ingresaría 14.000 millones de euros más? O, ¿por qué quiere
destruir puestos de trabajo en los servicios públicos en lugar de
establecer un impuesto a las transacciones financieras, con lo cual, tal
como ha señalado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda,
se conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de forzar
reducciones de los Estados del Bienestar gestionados por las CCAA no
reduce la economía sumergida diez puntos, con lo cual aumentaría 38.500
millones de euros?
Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron.
El señor Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en
evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay
alternativas y sí que hay dinero.
*Publicado en Telesurtv.net
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