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Aunque la Ronda de
Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para negociaciones
comerciales mundiales no dio ningún resultado desde su inicio hace doce
años, se está preparando otra rueda de negociaciones; pero esta vez no
tendrán carácter mundial y multilateral, sino que se negociarán dos
enormes acuerdos regionales: uno transpacífico y otro transatlántico.
¿Hay más probabilidades de que esas negociaciones den resultado?
La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de los Estados
Unidos (EEUU) de eliminar las subvenciones a la agricultura, condición
sine qua non de cualquier ronda que de verdad sirva al desarrollo, en
vista de que el 70% de la población de los países en desarrollo depende
de la agricultura, directa o indirectamente. La posición de los EEUU
fue en verdad asombrosa, dado que la OMC ya se había pronunciado
mediante una resolución sobre la ilegalidad de las subvenciones del
algodón de los EEUU, que benefician a menos de 25.000 cultivadores
ricos.
La respuesta de EEUU fue sobornar a Brasil, que había planteado el
reclamo, para que desistiera y dejara en la estacada a millones de
algodoneros pobres de Africa y la India, que sufren las consecuencias
de unos precios muy bajos por la generosidad de los EEUU para con sus
plantadores ricos.
En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las
negociaciones para crear una zona de libre comercio entre los EEUU y
Europa y otra entre los EEUU y gran parte de los países del Pacífico
(exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema de
libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido
, es decir, para que esté al servicio de los intereses especiales que
durante mucho tiempo han impuesto la política comercial en Occidente.
Hay algunos principios básicos que quienes participen en las
conversaciones se tomarán –es de esperar– en serio. En primer lugar,
todo acuerdo comercial ha de ser simétrico. Si los EEUU, como parte en
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (AATP), piden al Japón que
elimine sus subvenciones del arroz, deberán, a su vez, ofrecerse a
eliminar no sólo las subvenciones de su producción de arroz, que es
relativamente poco importante para los EEUU, y del agua, sino también
de otros productos básicos agrícolas.
En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debe colocar los
intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más
amplios, en particular en los casos en que estén en juego cuestiones no
relacionadas con el comercio, como la reglamentación financiera y la
propiedad intelectual. El acuerdo comercial de los Estados Unidos con
Chile, por ejemplo, impide la utilización por parte de este último de
controles de capitales, pese a que el Fondo Monetario Internacional
reconoce ahora que los controles de capitales pueden ser un instrumento
importante de política macroprudencial.
En otros acuerdos comerciales se ha insistido también en la
liberalización y la desregulación financieras, si bien la crisis de
2008 debería habernos enseñado que la falta de una buena reglamentación
puede hacer peligrar la prosperidad económica. Asimismo, la industria
farmacéutica de EEUU, que tiene una gran influencia sobre el
Representante Comercial de los Estados Unidos, ha conseguido endosar a
otros países un régimen de propiedad intelectual desequilibrado, que,
por ir encaminado a luchar contra los medicamentos genéricos, coloca el
beneficio por encima de la salvación de vidas. Incluso el Tribunal
Supremo de los EEUU ha dicho ahora que la Oficina de Patentes de los
EEUU fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.
Por último, debe haber un compromiso con la transparencia , pero
conviene avisar a los participantes en esas negociaciones comerciales
que los EEUU profesan una falta de transparencia. La oficina del
Representante Comercial de los Estados Unidos se ha mostrado reacia a
revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso de
los EEUU y, en vista de lo que se ha filtrado, podemos entender por
qué. Dicha oficina está retrocediendo sobre los principios –por
ejemplo, el del acceso a los medicamentos genéricos– que el Congreso
había incluido en acuerdos comerciales anteriores, como el subscrito
con el Perú.
En el caso del AATP, hay otro motivo de preocupación. Asia ha
desarrollado una cadena de distribución eficiente, gracias a la cual
los productos pasan fácilmente de un país a otro en el proceso de
producción de bienes acabados, pero el AATP podría obstaculizarla, si
China permanece fuera de él.
Como los aranceles propiamente dichos son ya tan bajos, los
negociadores se centrarán en gran medida en las barreras no
arancelarias, como, por ejemplo, los obstáculos reglamentarios, pero la
oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que
representa los intereses empresariales, ejercerá casi con toda seguridad
presiones en pro de la norma común menos estricta, con lo que
contribuirá a una nivelación hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por
ejemplo, muchos países tienen disposiciones tributarias y reguladoras
que disuaden de la adquisición de automóviles grandes, no porque
intenten discriminar los productos de los EE.UU, sino porque les
preocupa la contaminación y les interesa la eficiencia energética.
El principio más general, antes citado, es el de que los acuerdos
comerciales colocan habitualmente los intereses comerciales por encima
de otros valores: el derecho a una vida sana y a la protección del
medioambiente, por citar sólo dos. Francia, por ejemplo, quiere una
“excepción cultural” en los acuerdos comerciales que le permita seguir
apoyando sus películas, de las que se beneficia el mundo entero. Ese y
otros valores más amplios no deben ser negociables.
De hecho, resulta irónico que los beneficios sociales de semejantes
subvenciones sean enormes, mientras que los costos son insignificantes.
¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa
una grave amenaza para un gran hit de verano de Hollywood? Sin
embargo, la avaricia hollywoodense no conoce límite y los negociadores
comerciales de los Estados Unidos son implacables. Y ésa es la razón
precisamente por la que se deben retirar esos artículos antes de que
comiencen las negociaciones. De lo contrario, se ejercerán presiones y
existe el riesgo real de que en un acuerdo se sacrifiquen valores
básicos en pro de los intereses comerciales.
Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico,
en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al
menos tanta importancia como a las de los grupos de presión
empresariales, yo podría sentirme optimista, en el sentido de que el
resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin
embargo, la realidad es que tenemos un régimen de comercio dirigido,
que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de
negociaciones que no es democrático ni transparente.
La probabilidad de que lo que resulte de las futuras negociaciones
esté al servicio de los intereses de los estadounidenses de a pie es
poca; la perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es
aún más desoladora.
*Publicado en AVN
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