¿A LOS JUECES SE LES PUEDE INSULTAR SIN PRUEBAS?

Por Dr. Rubén Visconti*

Cada vez que un juez dicta una sentencia surgen de inmediato diferentes voces que lo acusan, cuando es contraria a sus intereses y simpatías, de ser parcial, sobornado, vendido, incorrecto, injusto y otros calificativos mucho más groseros.

Con algunos de esos jueces se hacen acusaciones  directas, con nombre y apellido, en tanto que en otros casos esos epítetos van dirigidos a la justicia incluyendo a todos los jueces, sin distinguir a ninguno; por lo cual podemos afirmar que en el país la justicia es una porquería.

Lo destacable es que ningún juez en particular ni tampoco las asociaciones de esos magistrados sale en defensa de los mismos, rechazando esos infundios en tanto no se prueben, y al no hacerlo, justifican en parte, la veracidad de esas acusaciones.

Por si eso fuera poco, la Corte Suprema Nacional tampoco se ocupa del asunto dejando que cada uno supuestamente perjudicado, se queje, dude, acuse y por lo tanto lesione la denominada majestad del poder judicial, con el agregado  de que los jueces al permanecer en los cargos ad-vitam pueden llegar a ser si en realidad lo son genuflexos, serviles, tramposos, vendidos, acomodados, fáciles de influir, etc., etc., y, por lo tanto, al no haber respuesta ni de parte de los jueces individualmente, ni de sus asociaciones, ni de parte de la Corte, se permite, tácitamente, que todos los insultos y dudas sean en principio aceptados por la opinión  púbica haciendo que las dudas se hagan carne en todos, que al hacerlas propias terminen coincidiendo con ese juicio que les permite aceptar  a todos que la JUSTICIA ES CIERTAMENTE UNA PORQUERIA.

Y este convencimiento popular comenzó en el país hace ya muchos años tantos que para probarlo basta referirnos  a los versos del famoso Martin Fierro, cuando recomienda “hacete amigo del juez,  no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande arrimarse”.

Nosotros pensamos y sostenemos que si todos los argentinos tenemos el mismo convencimiento, según la opinión lógica y absoluta, EL PAÍS NO TIENE JUSTICIA y, como sin justicia no pude funcionar, el país no funciona.

Cuando llegamos a este convencimiento DE QUE UN PAÍS SIN JUSTICIA CARECE DE LAS BASES MINIMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO,  se deben adoptar medidas para restablecerla. Y la Corte Suprema debe tomar a su cargo el comienzo de una solución.

Para ello tomemos algunos ejemplos recientes referidas a las acusaciones y sospechas contra los jueces y alguna Cámara, ambas acusaciones pronunciadas en programas televisivos y replicadas en algunos grandes diarios como CLARIN Y LA NACION.

Uno de esos casos hacen referencia al juez Oyarbide con relación al juicio oral para Macri, el otro por la eliminación o apartamiento del juez Rafecas y el fiscal Ribolo, ambas resoluciones acordes con la ley y las costumbres procesales. En el caso Macri la resolución está avalada por la Cámara por lo cual al juez se le agregan como sospechosos tres jueces camaristas; en el caso de Cicconi y las acusaciones contra Boudou, tanto el juez como el fiscal fueron apartados por sus incorrecciones públicas adoptadas en sus declaraciones y procedimientos, es decir, separados por razones legales, el juez baboso que comentó con una periodista temas que no correspondía y además, con un amigo abogado hizo lo propio, adelantando juicios y posibles alternativas, el fiscal porque facilitó a Clarín el conocimiento del allanamiento de un departamento, con lo que logró que varios periodistas y fotógrafos concurrieran al acto que era parte del secreto del sumario. Pese a ellos, los Morales Sola, los Eliaschev, los Lanatta y otros más echaron a rodar la ilegalidad de esos apartamientos, pese a lo cual nadie se animó a apelarlos.

Con estos ejemplos basta y la Corte tiene en sus manos la adopción de medidas necesarias para solucionar este tema. Debe dictar una norma legal que toda acusación contra la conducta u honorabilidad de un juez debe ser efectuada mediante una presentación  judicial avalada con el patrimonio del acusador, caso contrario si no lo hace pero las formula verbalmente por los medios de comunicación de TV o radios o por escrito en diarios u otros, será sancionado con una multa altamente dolorosa.

Y esta solución no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ya que esa libertad  no puede amparar la mentira o  el engaño interesado cuya finalidad es la destrucción de la Justicia.

Nadie puede, ningún ciudadano dedicado a cualquier actividad puede, emitir acusaciones falsas sin sustento, destinadas a socavar el funcionamiento de la Justicia dado que en realidad apunta al NO FUNCIONAMIENTO DEL PAIS.

*Doctor en economía, Docente de la UNR, Miembro del CEP