 |
| Imagen Página12 |
El que dice que el país está igual que con Menem no está discutiendo el
índice de pobreza sino un proyecto político y un modelo económico. Al mensaje
real que se mueve en el trasfondo de esa discusión no le interesa la pobreza
sino que busca demostrar que el Estado presente –el que regula y distribuye– es
lo mismo que el Estado ausente –el que facilita que los poderosos lo sean aún
más–. Los portavoces de esa equiparación tan desigual se sienten afectados por
ese Estado que regula y distribuye, con lo cual ya de por sí está demostrando
que uno y otro no son lo mismo. Interesada en desgastar al Gobierno, la mayoría
de la oposición intervino esta semana en esa discusión, pero de esa manera entró
una vez más en el juego de los que aspiran a la vuelta del modelo neoliberal,
que son los más interesados en instalar esta falsa imagen. Y en el caso de la
oposición ninguno propuso las medidas que habría que tomar para luchar contra
ese meneado aumento de la pobreza.
El uso de unos por otros tuvo una
expresión casi exagerada pero ilustrativa cuando la publicación económica más
conservadora –Infobae– o por lo menos la que busca disputar con Ambito
Financiero en ese rubro, entrevistó a una becaria del Conicet que suele
publicar trabajos en la revista Razón y Revolución. El medio del empresario
Hadad publicaba así lo mismo que un colectivo del trotskismo ultrateórico. La
becaria explicaba que los gobiernos de Menem son lo mismo que los del
kirchnerismo, el mismo tipo de “gasto social” en cantidad y criterio. En
general estas miradas supuestamente opuestas a derecha e izquierda se
emparientan cuando coinciden en las críticas a los gobiernos populares de
América latina. En ese uso mutuo, las que salen favorecidas son las derechas.
En nombre de diseños teóricos que nunca se han podido aplicar, esta supuesta
izquierda obstruye procesos que sí favorecen objetivamente a sectores
populares.
El detonante de esta discusión
fue que el Indec anunció que no podía publicar el índice de pobreza porque este
año cambió la metodología del IPC (Indice de precios al consumidor). El umbral
de pobreza está marcado por una Canasta Básica Total, cuyos precios dependen
del IPC, que se cruza con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares
para establecer la cantidad de personas que no tienen acceso a esa canasta.
Respaldados en mediciones
interesadas políticamente como la del Observatorio de la Deuda Social, que
respalda la Universidad Católica, durante toda la semana los medios machacaron
con que la pobreza aumentó y por eso el Gobierno no mostraba los datos del
Indec. Ninguno explicó cómo se produjo semejante fenómeno a pesar de las
medidas fuertemente distributivas y a pesar de que siguen creciendo los índices
de consumo.
Lo real es que al cambiar de
metodología se pierde la progresión histórica porque habría que aplicar esos
nuevos mecanismos hacia atrás en la historia. No se puede comparar índices
elaborados en forma diferente. Con este cambio no se puede saber –por el índice–
si la pobreza aumentó o bajó. Es probable, incluso, que con las nuevas técnicas
de medición la pobreza aparezca en un escalón más alto. Aun así, esa medición
no querría decir que la pobreza aumentó porque las mediciones anteriores con
las que se tendría que comparar fueron realizadas con otra metodología.
A efectos prácticos la discusión
del índice resulta bizantina. No se trata de un campeonato o de una marca para
el Guinness. El titular de la Anses, Diego Bossio, propuso un ejercicio
sencillo: “Imaginemos –dijo– un país sin la Asignación Universal por Hijo, sin
los millones de jubilados que habían quedado por fuera del sistema y sin los
seis millones de puestos de trabajo que se crearon estos años”.
Más de un millón de familias
percibe la asignación. Casi tres millones de jubilados no recibirían ni un peso
y seis millones de trabajadores estarían en la calle. Hay paritarias que
renovaron los salarios de acuerdo con los índices de precios más elevados,
igual que los índices de movilidad de las jubilaciones que todavía fueron más
altos. Son medidas con un impacto masivo que hacen una diferencia con el
menemismo y hasta con el 2006, cuando varias de ellas no se habían tomado o
estaban en proceso, y han provocado, según los índices privados, que el consumo
creciera en forma constante. La conclusión evidente –sin necesidad del famoso
índice– es que hay una progresión objetiva de disminución de la pobreza,
incluso sin mencionar los planes sociales u otras medidas que también inciden.
Cuando se dice –desde izquierda o
derecha– que la pobreza está igual que durante el menemismo se busca
desacreditar al Gobierno, pero más allá de la fuerza política que las lleve
adelante, lo que se quiere instalar es que todas estas medidas no tienen ningún
efecto real, que la pobreza es una condición natural, permanente e
inmodificable o que sólo puede ser modificada por una revolución imposible.
Algunas de esas medidas, como la reestatización de las jubilaciones y la AUH
fueron reclamos de la izquierda y de los sectores más populares del peronismo
que ahora respaldan al Gobierno.
Plantear que hubo un proceso de
disminución de la pobreza no quiere decir que haya desaparecido, lo cual sería
una mentira. Y la medición de la pobreza también es relativa, según dónde se
ponga el umbral. Hay un sector importante que en las mediciones puede no
aparecer bajo esa línea de pobreza, pero que está tan cerca, que es como si lo
fuera. Y el día que esa línea sea superada, habrá otra más elevada. La lucha
contra la pobreza es también por mejorar la calidad de vida, un tema que las
sociedades asumen como permanente. Lo que tiene que importar realmente es si
hay un proceso que mejora la calidad de vida y baja la pobreza,
independientemente del umbral con que se la mida. La inflación no puede hacer
desaparecer el efecto de esas medidas, pero tiende a disminuirlo elevando los
precios. Las paritarias anuales con aumentos prorrateados y los índices de
movilidad jubilatoria bianuales neutralizan el efecto de la inflación. Si la
medición se produce justo antes de la consumación de estos aumentos, la
diferencia entre la canasta y los ingresos será mayor. Tanto los empresarios,
como el sector gremial reconocen que hasta ahora los aumentos en las paritarias
y en los índices de movilidad jubilatoria han estado un poco por encima de los
índices privados de precios.
La causa de que se quiera
desacreditar esas medidas es porque para incorporar a esos millones de
jubilados y para hacer posible la AUH hubo que reestatizar el negocio
multimillonario de las jubilaciones privadas, confrontar con megaintereses, lo
cual sólo era posible si se hacía una enorme quita a la deuda externa y se
extirpaba al Fondo Monetario Internacional de las decisiones de política
económica. Las inversiones en obra pública, infraestructura y apoyo a la
industria, que generaron millones de puestos de trabajo, no hubieran sido
posibles sin las quitas a la deuda y las retenciones. Allí se afectaron
poderosos intereses que aún hoy quieren revertir esa medida.
Son acciones para distribuir que
interfieren con la tendencia del capitalismo a la concentración. Cada acción
contra la pobreza implica tomar otras acciones que afectan intereses enormes
que por lo general los gobiernos prefieren no molestar. Y los voceros de esos
intereses son los que tratan de instalar que ninguna de esas medidas disminuye
la pobreza. Porque si no tienen ese efecto, entonces son innecesarias y nadie
tiene por qué regular para poner un límite a sus intereses.
Para los portavoces de estos
intereses, el Gobierno es secundario. Lo que importa son las medidas que los
afectan. Se acerca el 2015 y habrá otro gobierno. El “confrontacionismo
excesivo” del Gobierno es una imagen instalada que va de la mano de otra imagen
complementaria, como la esterilidad de las medidas distributivas. “No sirven
estas medidas y la confrontación es patológica.” Es el mensaje que pretenden
instalar en la sociedad y plantarle al que gane las elecciones.
*Publicado en Página12
No hay comentarios:
Publicar un comentario