El carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede (y se debe) atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante el derecho laboral y las políticas sociales. Conviene recordar, taxativamente, que la existencia de la pobreza deviene y está en la propia naturaleza del sistema capitalista. La esencia del capitalismo se centra en la ganancia y la acumulación, en desmedro de la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida, es decir por todos.
El modelo de funcionamiento capitalista genera y construye, por su propia lógica, una permanente conflictividad social, de muy complejo abordaje. De todas maneras, las propias sociedades capitalistas igualmente fueron desarrollando instituciones sociales de protección, que contuvieron parcialmente los conflictos a partir de garantizar ciertas seguridades a quienes vivían de su trabajo.
En las últimas décadas del siglo XX, el fundamentalismo neoliberal arrasó con muchas de esas protecciones y destruyó buena parte de los derechos sociales, dando lugar a un fuerte proceso de degradación social, que acarreó innumerables y graves secuelas que llevará muchos años poder mitigar y reparar.
Si la acumulación por parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos y pobres se transforma en algo “natural”, inherente a las propias características del modelo de funcionamiento social. De ello deriva la existencia de sociedades duales, con polos opuestos de altísima concentración de riqueza por un lado, y de enorme concentración de exclusión y de pobreza por el otro.
Se verifica, en consecuencia, la existencia de una importante contradicción entre el capitalismo y la democracia. Con pobreza y exclusión, la democracia pierde inexorablemente legitimidad. Pero el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede (y se debe) atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante el derecho laboral y las políticas sociales.
Muchas de las críticas despiadadas a la presencia fuerte y extendida del accionar del Estado, y que propagandizaban las eventuales bondades de un “Estado mínimo”, apuntaban –elíptica o abiertamente– hacia la transformación del Estado y su desmantelamiento como garante del bienestar general, tal como debe ser una de sus funciones básicas. Si está “ausente” o defecciona el Estado como equilibrador de los intereses de los distintos sectores, la cruel y voraz lógica del mercado se impondrá muy fácilmente sin que nada, ni nadie, pueda controlarla o atenuarla.
En rigor, los Estados nunca están “ausentes”. Por presencia o por “ausencia”, los Estados siempre están presentes. En el auge del neoliberalismo, nuestros Estados no se “achicaron”; lo que aconteció fue que redefinieron sus objetivos y su presencia activa se direccionó abiertamente hacia la defensa de los intereses de los sectores de mayor concentración y poder económico. Era cierto aquello de que detrás de la propuesta de los Estados mínimos estaba la ambición de que se transformaran en Estados máximos del capital, vulnerando la noción de bienestar general y erosionando impúdicamente los principios de equidad y solidaridad. En idéntico sentido operaba aquella perversa promesa, impulsada exitosamente por la dictadura y luego por el menemismo, de que “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Capital y trabajo son los factores esenciales en la generación de riqueza. Ambos debieran ser considerados y valorados como simétricos e igualables, en la perspectiva de la vigencia de relaciones humanas que dignifiquen la vida social y la existencia de sociedades verdaderamente democráticas en pos de un mundo sustentable para todos y todas.
Durante el gobierno peronista de 1946-1952, la distribución funcional del ingreso llegó a ser casi del 50% para el capital y 50% para los trabajadores. Después de la crisis de 2001, la participación de los trabajadores cayó a menos del 30% y, en la actualidad, estará por el 35%.
Los capitalistas (pequeños, medianos o grandes) no son personas “malas” en sí, que desean perjudicar a otras personas, por pura “maldad innata”. Lo que acontece es que al asumir la propia “racionalidad” del funcionamiento capitalista (el lucro, la ganancia), quedan irremediablemente encorsetados en una lucha feroz con sus pares competidores (de una misma rama de actividades, por ejemplo), que los empuja –si quieren sobrevivir– a asumir las reglas y rigores de la competencia y la rivalidad. Sólo la intervención del Estado puede poner límites y otras regulaciones a los distintos intereses en juego.
El desarrollo económico no implica automáticamente desarrollo social. Para ello es necesario que el desarrollo económico vaya acompañado de vigorosas políticas de Estado, de carácter distributivo, que apunten a eliminar la pobreza y que tiendan hacia una mayor igualdad. Los impulsores de aquella falaz y encandiladora “teoría del derrame” nos proponían su aceptación “a ciegas”, con el embuste del futuro goteo de riqueza que luego se produciría, aunque después se verificó un enorme derrame de pobreza.
Por cierto no es lo mismo la apropiación de riqueza por la vía de un salario significativo que perciban los trabajadores, que la distribución de la riqueza excedente por la vía de políticas de subsidios, políticas asistenciales, etcétera. Por supuesto, la variante preferida debería ser la apropiación directa de la riqueza por parte de los trabajadores, y si se tuviera que optar entre apropiación y distribución, la alternativa óptima sería la primera.
No obstante resulta estratégica la defensa, la reivindicación y el fortalecimiento de los derechos sociales y la existencia de amplias y crecientes medidas de inversión en lo social, ya que cumplen una función de redistribución de la riqueza y de contribución hacia una mayor igualdad en la sociedad. Toda medida que procure mejorar la distribución (primaria o secundaria) de la riqueza requiere ser apoyada firmemente. Por ejemplo, la moratoria previsional y la permanente actualización de las jubilaciones, como así también la Asignación Universal por Hijo, constituyen importantes políticas de distribución secundaria de la riqueza.
Hace ya muchos años que venimos sosteniendo que en nuestras injustas sociedades, todo lo que se le transfiere a los sectores sociales previamente empobrecidos y vulnerados es siempre inferior a lo que les corresponde como seres humanos.
Enfatizamos que el empleo formal, los salarios dignos, las políticas sociales universales y las políticas asistenciales nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión; que tienda hacia la equidad y no hacia la injusticia social; que tienda hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según pertenezcan a uno u otro sector social.
En definitiva, la democracia política con sólidos y extendidos derechos sociales podrá limitar la intrínseca injusticia del sistema capitalista.
*Trabajador social y docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Publicado en Tiempo Argentino
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