No puede haber demostración más exacta del daño que el capitalismo genera, que la actual coyuntura económica mundial. Los aumentos de los precios de los alimentos en Argentina, se aduce, son producto de la guerra en Ucrania, porque éste y Rusia son países productores y exportadores de cereales. Eso da pie para las “cotizaciones” en alza en “los mercados” internacionales, lo cual se refleja en los altos valores de esos productos para su exportación. Pero... ¿por qué la población argentina debe pagar el precio de esas materias primas como si fuesen importadores de ellos dentro del propio territorio nacional?
¿Por qué no?, se preguntará seguro la runfla de “productores” empeñados en autodenominarse “el campo”. “¡Yo con mi producción hago lo que quiero!”, gritarán. “La tengo que vender a quien me paga más”, dirán. Dueños de las tierras de procedencias mal habidas, integrantes fundacionales del Poder Real que todo lo decide y partícipes de cuanto golpe institucional haya existido, no asombran sus retóricas lucrativas extremistas ni sus amenazas desabastecedoras. Forma parte de la vieja costumbre de apropiarse de lo ajeno en base al dominio de uno de los resortes básicos de la cadena productiva.
Frente a ello, el Estado, en tanto institucionalización del Pueblo, puede adoptar posiciones que hagan posible que semejante extorsión alimenticia no se traduzca en más presión a los bolsillos pauperizados de la mayoría absoluta de la población. Puede, pero no termina por hacer demasiado, debido a esos amagues de desabastecimiento y/o de merma en la liquidación de los derechos de exportación. Y también del temor (y cierta connivencia) de algunos sectores gubernamentales hacia ese supra-poder agrario transgresor de todas las leyes y multiplicador de miserias.
La propiedad de la tierra la han convertido en el pasaporte a la impunidad. Las fronteras de la moral hace rato que fueron rebasadas por estos embusteros históricos. El Poder Judicial, otro antro donde pululan los resabios monárquicos que tanto aman los herederos de los primigenios oligarcas nacionales, se encarga de sostener jurídicamente lo que ellos provocan desde lo fáctico. No faltan ministros o secretarios empeñados en diálogos de sordos, intentando razonar con irracionales, para terminar conviniendo miserables rebajas en precios internos de los restos de producciones, logradas con prebendarios subsidios que, invariablemente, pagan los mismos perjudicados de siempre.
Mientras la enorme producción agraria argentina se va por puertos incontrolados, en barcos no medidos, con controles fluviales en manos de los mismos ladrones de antes, el contrabando campea muy orondo delante de nuestras narices, para regocijo de estos oportunistas que, además, nos obligan a comer cada vez menos y peor. Negociados a la vista de quien quiera verlo, los granos y las carnes se van por la canaleta de la especulación financiera y el juego del empobrecimiento ciudadano.
Ahora es cuando un gobierno debe imprimir su sello de respeto a su condición popular, si es que la tiene. Es el momento para utilizar todo el arsenal de las “armas” legales contra semejante sangría de nuestras riquezas. Es el tiempo para exhibir fortalezas y generar apoyos seguros a su gestión, si se dedica a elaborar y aplicar planes que conviertan esta crisis en una oportunidad real. No lo podrá hacer con medrosas medidas de pequeñas implicancias impositivas, ni mediante “convenios” con esa raza de sátrapas apropiadores de todas las ventajas. Tampoco lo logrará sin la concurrencia protagónica de los damnificados esenciales en todo este proceso de especulación alimenticia. Será respaldándose en sus electores primarios que podrá realizar un acto de tamaña envergadura socio-económica.
Quedará irremediablemente enfrentado a ese Poder que se ensañará, sí, contra semejantes procedimientos. Pero asegurará otro futuro, el de la dignidad propia y de su Pueblo, que no dudará en acompañar a quienes respondan a sus demandas más sentidas del relegado combate a los oscuros ladrones de la Nación y sus cómplices imperiales.
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