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La apertura de las conversaciones con los representantes de los Fondos
Buitre requiere tener en claro las condiciones que determinan la posición
argentina. La primera es que, desde la salida de la crisis del 2001, el Estado
y los bancos se están financiando con recursos propios. El Estado está
cumpliendo puntualmente los servicios de la deuda reestructurada sin pedirle
nada a nadie. Acaba de ratificarlo, depositando los fondos para pagar los
vencimientos del 30 de junio. A su vez, los bancos están rentables, con
carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de
monedas dependiente del crédito externo. Las reservas internacionales son
genuinas fundadas en dólares, resultantes de la economía real, no de deuda
externa.
Conviene recordar, sobre esto
último, que la crisis mundial, iniciada con el derrumbe de las hipotecas
norteamericanas y la caída de Lehman Bros., tuvo su origen en la insolvencia de
los bancos “muy grandes para quebrar”. Nuestra propia crisis y el derrumbe de
la convertibilidad fueron consecuencia de la dolarización y el fondeo externo
del sistema bancario. Nada de esto sucede hoy en la Argentina.
Podríamos estar más fuertes, si
la restricción externa se hubiera manejado mejor en los últimos años. De todos
modos, la fortaleza que conservamos es suficiente para negociar sin miedo ni
urgencias. Haya o no acuerdo, el país está parado en sus propios recursos, sin
depender de las calificadoras de riesgo ni del salvataje internacional.
Si no hay acuerdo, se sumarán
nuevos embargos a los 900, incluida la fragata, ya entablados, sin que se
interrumpieran las relaciones normales de la economía argentina con el resto
del mundo. Si, como está sucediendo, Argentina pone a disposición de los
acreedores los servicios de la deuda reestructurada, los problemas son
responsabilidad de quien interfiere en la interrupción de la cadena de pagos.
Si hay arreglo, en términos
compatibles con la fortaleza y el interés argentinos, mejor. Se habrá resuelto
otra de las herencias del neoliberalismo, como se acaban de resolver, los
diferendos con Repsol, el Ciadi y el Club de París. Pero, en este caso, debe
descartarse la fantasía de que van a llover los dólares y las inversiones, que
sólo son realizables en una economía sólida y soberana.
Conviene no darle a esta cuestión
más importancia de la que merece. Los problemas reales de la economía argentina
siguen siendo exactamente los mismos el día antes, que el día después del fallo
del juez Griesa. No se arreglan ni empeoran por el resultado de estas
negociaciones, Por esto mismo es conveniente, como lo vengo sosteniendo desde
el principio, que la negociación debe ser entablada al nivel jerárquico que
corresponda. Alcanza con la Subsecretaría de Finanzas y el equipo jurídico
necesario, sin involucrar a las máximas autoridades del Gobierno, que tienen otras
cosas más importantes de que ocuparse. A este nivel superior, ya se ha dicho lo
necesario. Es preciso que nos respetemos a noso-tros mismos, preservando el
orden jerárquico.
¿Cuáles deberían ser los límites
de la oferta argentina? Los mismos que los de los canjes del 2005 y 2010, que
recibieron el apoyo de más del 90 por ciento de los tenedores de la deuda en
default. No sólo por la cláusula RUFO sino, principalmente, por una cuestión de
principios que nos compromete y ayudaría a implantar las reformas necesarias en
el orden financiero internacional. Convendría una ley de nuestro Congreso, que
fije una fecha límite para adherir al último canje posible. Después de esa
fecha, Argentina debería desconocer los papeles no canjeados. Conviene señalar
a la contraparte que corre el riesgo de no cobrar nunca.
Por último, recordemos que
operamos dentro de un orden mundial, dentro del cual la inmunidad soberana de
los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales
nacionales sobre terceros países. En este escenario mundial, la razonabilidad
de la posición argentina ha recogido un consenso prácticamente unánime. Podemos
estar tranquilos, no somos el “patio trasero” de nadie.
* Profesor emérito de la Universidad de
Buenos Aires.
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