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Cuando Juan Perón reflexionaba sobre la caída de su gobierno en 1955,
solía decir que con los sectores que fueron un escollo para su programa de
corte popular, los terratenientes por ejemplo, su error había sido enfrentarlos
y dejarlos de pie: al recuperarse un poco largaron la estocada mortal de la
mano del sector liberal de las Fuerzas Armadas. En el gobierno de 1973-74 fue
más a fondo y proponía interceptarles la renta agraria, una sobreganancia que
los ponía en superioridad de fuerza en relación con la burguesía industrial
nacional, aliada al proyecto, y que le servía, además, para financiar su
programa de construcción de una plataforma industrial exportadora. No es casual
que en el golpe de 1976 se le haya entregado la Secretaría de Agricultura y
Ganadería a la Marina, aliada histórica de la clase terrateniente, para que la
desmantelara mediante el terror.
El gobierno de Cristina Kirchner
creyó cumplir con un mandato histórico enfrentándose en 2008 a una Sociedad
Rural Argentina ya sin el poder de antaño y subordinada con tensiones a los
verdaderos grupos de poder del consolidado complejo del agronegocio. Mientras
tanto, los verdaderos sectores del poder agrario, como las grandes corporaciones
(Monsanto), fondos de inversión –sociedades entre el capital financiero y la
nueva o vieja clase agraria (Grobocopatel o Rodrigué), y los estudios
agronómicos de viejo cuño o de nuevos técnicos formados en la universidad
neoliberal– y grandes exportadores, seguían haciendo sus negocios, aprovechando
aún la reglamentación “menemista” de no tener plazos para liquidar divisas,
vendiendo a futuro con oscuras prácticas en relación con las retenciones y
expandiéndose de sur a norte del territorio gracias a la falta de cumplimiento
de leyes nacionales, como la de bosques nativos, o convenios internacionales en
relación con territorios indígenas.
Estos sectores poderosos, sean
simples terratenientes de antaño o complejos actores del presente, siempre
quieren más: dólar más caro, impuestos más bajos, plazos infinitos para
liquidar divisas, que se “disciplinen” de una vez a las poblaciones que impiden
las nuevas plantas de semillas transgénicas, que salga sin problemas la ley de
semilla a su medida... Por eso, ahora utilizan las herramientas que tienen en
sus manos (liquidación de divisas, fuga de capitales, especulación con el
dólar, etcétera) para producir cambios dentro del propio gobierno o, si es
necesario, un adelanto del recambio gubernamental, pues ya cuentan con nuevos
aliados políticos y económicos.
La concentración económica, la
habilitación para la formación de fuertes actores económicos agrarios ligados
al capital financiero internacional en nuestro caso, nunca fue algo bueno para
los procesos de democratización de cualquier sociedad. Lo marcaban autores
clásicos como Barrington Moore o el propio Max Weber en las etapas tempranas
del capitalismo. El marxismo ortodoxo no pudo darse cuenta de las consecuencias
que la concentración acarrea, porque la considera inevitable desde un
economicismo que lo debilitó como teoría. No hay ningún indicio de que esto
haya cambiado: fortalecer o darles entrada a las grandes corporaciones implica
riesgos infinitos y las democracias suelen pagarlo muy caro.
El contexto internacional es
complicado. Estados Unidos reacciona a los intentos de “desoccidentalización”
que implican las alianzas con China, por ejemplo, de parte de países de
crecimiento importante, como Brasil, de significativa influencia sobre el
nuestro. Desestabilizar la Argentina, socio importante de Brasil, es una jugada
posible. El capital financiero internacional brega para que los países de
cierto crecimiento se endeuden y sus aliados internos juegan muy fuerte en la
misma dirección. Los conjuntos sociales, mientras tanto, están desgarrados,
fragmentados. En las grandes ciudades prima un fascismo societal de sectores
medios asustados y en posición de creer cualquier cosa que se les prometa.
Gustavo Esteva sostiene, en un reciente artículo sobre México, que las
poblaciones alucinan pues pierden el contacto con la realidad inmediata y, una
vez abandonados los saberes locales, la cultura barrial solidaria en nuestro
caso, que les permiten orientarse en el mundo, conocerse y reconocerse en el
transcurrir cotidiano, quedan irremediablemente expuestas a la manipulación y
el desconcierto. La clase política nacional no está a la altura de las
circunstancias, no lo estuvo nunca a pesar de sufrir el 2001-2002.
Intelectuales cercanos al
Gobierno proponen una resistencia colectiva a estos sectores especulativos,
poderosos y con vocación destituyente. Estamos de acuerdo siempre y cuando la
encabecen aquellos que hicieron sonar tempranamente la alarma sobre este modelo
agrario, lo denunciaron y combatieron. Muchas voces de sujetos destacados o
simples pobladores han reclamado con fundamentos y experiencias que se
modifique el modelo agrario y se les pongan límites a sus actores que
demuestran en el territorio su vocación antidemocrática y autoritaria. Son
ellos, a nuestro entender, los que deben encabezar una demanda que, sin duda,
muchos suscribiríamos para recordarle a esta gente que los espacios de
representación, elección y plazos de las autoridades que gobiernan sólo deben
regirse por la Constitución Nacional.
* Profesora de Sociología Rural (IIGG-UBA).
Publicado en Página12
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