Dos anuncios marcaron esta semana los términos en que el gobierno nacional se prepara para gestionar la economía a partir de diciembre de este año, suponiendo un resultado favorable en las urnas cuando definan un próximo turno presidencial. Uno ha sido el lanzamiento del Plan Estratégico Industrial 2010/2020, que complementa a su similar para el área agroalimentaria anunciado el año pasado. El otro ha sido la sorpresiva –para muchos– decisión de sustituir la castigada Oncca por un nuevo organismo ejecutor en el que se dividirán tareas y compatibilizarán criterios tres ministerios.
El primero, por lo que significa como definición de criterios y objetivos, y el segundo por lo que representa como cambio instrumental, ambos son anuncios llamados a rendir resultados en el mediano plazo. Representan transformaciones en el rol del Estado y dotar a éste de las herramientas para cumplirlo. Son, de alguna manera, decisiones que definen un plan económico.
El primero, por lo que significa como definición de criterios y objetivos, y el segundo por lo que representa como cambio instrumental, ambos son anuncios llamados a rendir resultados en el mediano plazo. Representan transformaciones en el rol del Estado y dotar a éste de las herramientas para cumplirlo. Son, de alguna manera, decisiones que definen un plan económico.
No serán los únicos anuncios, seguramente. El martes próximo, cuando la presidenta de la Nación hable inaugurando la Asamblea Legislativa, quizá podrán escucharse nuevos indicios. Pero los ya lanzados contienen elementos suficientes para el análisis. La definición de una trayectoria de desarrollo industrial pretederminando los sectores a apoyar significa apostar a una planificación económica que no tuvo ejercicio práctico en casi medio siglo (desde 1974). Y define un rol activo del Estado para buscar un determinado perfil de desarrollo: privilegiar la incorporación de tecnología, promover la producción mano de obra intensiva, atender y alentar las economías regionales y el encadenamiento productivo local son algunos de esos elementos.
La definición, por ahora incompleta, es sin embargo suficiente para despertar el rechazo de quienes postulan la conveniencia de un Estado ausente, proclaman el libre mercado como panacea y consideran que si hay exclusión (de trabajadores desocupados, de pequeñas empresas que cierran) es por el bien de la economía en su conjunto y el aumento de la eficiencia. No es casual que ya haya habido expresiones señalando que sería preferible una rebaja en los costos laborales para mejorar el empleo, antes que involucrar al Gobierno en el desarrollo de sectores intensivos en el uso de mano de obra.
Pero con estos grupos empresarios –y con otros que no lo son pero se alinean y defienden los mismos intereses– las diferencias son insalvables. En definitiva, es la confrontación entre dos modelos opuestos. Menos obvio, y más interesante, es verificar si esta propuesta de crecimiento industrial planificado logra dar respuesta a las asignaturas pendientes del propio modelo.
Desde 2003, Argentina vive un proceso de crecimiento inédito. Semejante recuperación, acompañada de una política de explícito respaldo al consumo interno y protección del mercado doméstico para la producción local dio como resultado además una sustancial mejora del empleo. Pero la estructura económica sigue estando altamente concentrada. Pocas firmas dominan las principales ramas de actividad, particularmente en insumos fundamentales de la matriz productiva. Ese mismo esquema se repite en diversas ramas de insumos para la construcción (cemento, vidrio, plástico, aluminio). En rubros intermedios que suelen ser más importantes que la industria del producto final (envases para alimentos y bebidas) y hasta en la comercialización, la concentración desnivela la capacidad de negociación en favor de los menos.
Entre los varios efectos nocivos de este cuadro de situación, uno que no suele ser suficientemente percibido es el impacto sobre los precios. Con la única lógica de elevar la rentabilidad, muchas de estas empresas monopólicas han aprovechado una situación de alta demanda sostenida para torcer la distribución de utilidades en su favor, a costa de consumidores que pagan más alto el precio final o de otros eslabones de la cadena productiva o de comercialización que debieron resignar márgenes para no quedar afuera del negocio. Bien lo saben muchos empresarios pymes, varios en sectores prósperos, como el automotor, que se han visto desplazados por decisión de las terminales (o de sus casas matrices), que sustituyeron producción local de partes por abastecimiento importado. O proveedores de grandes cadenas de comercialización, frente a las cuales deben someterse a las condiciones que éstas les imponen: plazos de pago, entrega de parte de productos en consignación (que cobrarán sólo si se vende, si no le devolverán el producto) y hasta en algunos casos, la fijación del precio inclusive.
Un plan de desarrollo industrial quizá no sea suficiente para borrar todas esas inequidades, pero al menos dará lugar a la participación de más actores y la posibilidad de generar otras formas de comercialización. Las cooperativas y otros modos de asociatividad, organizadas en torno de políticas de creación de nuevos procesos de producción y comercialización, podrían ser un mecanismo para el fortalecimiento de los participantes más débiles o vulnerables de la cadena. No sería extraño ni ilógico, entonces, que los sectores productivos menos poderosos fueran los más interesados en el Plan Estratégico Industrial.
La otra definición importante en estos días de política económica con miras al mediano plazo es la decisión de disolver la Oncca y su reemplazo por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo. Aunque algunos se apresuraron a interpretar la medida como un “reconocimiento del fracaso del gobierno” y la aceptación de la demanda de la Mesa de Enlace, la suerte de la Oncca, al interior del Gobierno, es la crónica de una muerte anunciada. No porque fuera público, pero sí porque esta salida se venía considerando, por lo menos, desde noviembre de 2009. Para esa fecha, la Secretaría de Agricultura y Ganadería se convertía en ministerio y Julián Domínguez era puesto al frente. Pocas semanas antes –primeros días de octubre–, Juan Manuel Campillo, a propuesta de Néstor Kirchner, era designado al frente de la Oncca, con la misión de “reordenar” el organismo y sacarlo del foco de denuncia de la oposición. La Oncca, nacida en noviembre de 1996 como una oficina comercial sin ninguna pretensión de política intervencionista en los negocios agropecuarios (eran tiempos de franca retirada del Estado), fue convertida a partir de la gestión de Kirchner en un actor muy activo en materia de control del comercio exterior y de la regulación de precios internos de los alimentos bajo su supervisión (harinas y leche, fundamentalmente). La crisis de los precios de los alimentos a nivel mundial agigantó la importancia de su intervención, para evitar el traslado de los aumentos mundiales a la mesa de los argentinos. Finalmente, tantas necesidades parecieron exceder la capacidad de gestión (y decisión política) de esta “oficina de control comercial”.
Desde hace meses, entre el Ministerio de Agricultura y el de Economía (con fuerte presencia de la Secretaría de Comercio Interior) le venían buscando una salida a la Oncca. La presidenta de la Nación recibió por lo menos tres alternativas diferentes en enero de este año. Esta semana optó por la que ayer se publicó en el Boletín Oficial: una unidad coordinadora con participación de tres ministerios, cuatro secretarías y la AFIP. Al revés de lo que interpretaron medios y voceros de las entidades agropecuarias, con la disolución de la Oncca no desaparecen sus funciones, sino que el Estado las conserva y las jerarquiza.
El Gobierno busca darle un salto de calidad al control comercial agropecuario mediante la integración de las diversas áreas que entienden en el tema, incluso el Ministerio de Industria y la AFIP. En la medida en que la tarea interdisciplinaria funcione, el control se verá fortalecido. En los últimos días, el ministro Domínguez insistió en la necesidad de reformular todo el mecanismo de comercialización de granos en la Argentina. Si bien la transformación de la Oncca no es un paso en ese camino, podría ser perfectamente coherente con la creación de otro organismo o consejo de intervención en los mercados granarios. Vista en perspectiva, la redefinición de la Oncca significa el reordenamiento de las funciones de control comercial, pero dentro de una política más amplia y ambiciosa que la simple fiscalización. De allí que haya que leerla como un paso proyectado al mediano plazo, en un enfoque estratégico y en el marco del plan agroalimentario lanzado en 2010, que también se prepara para subir a escena en el 2012.
*Publicado en Página12
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