La
continuidad de estructuras de gobierno y funcionarios fue uno de los
aspectos más destacados por diversos analistas como marca inicial del
nuevo mandato de CFK. De todos modos, esta segunda vuelta comenzó con la
creación de dos dependencias en el área económica que, en primera
instancia, no parecen de forma, sino que puede suponerse como señal y
objetivo de gestión.
La única que ha tenido repercusión fue la
secretaria de Comercio Exterior, no por sus funciones específicas sino
por el atractivo mediático de la figura de Polémico Moreno debido a que
Beatriz Paglieri, quien conducirá esa dependencia, ha compartido tareas
con la persona que a lo largo de estos años ha sido rebautizado. Esa
anécdota desvía la atención de que esa secretaría viene a ordenar la
intervención pública en un sector relevante de la economía, más aún con
un horizonte de tensión en el frente externo. La otra novedad es la
secretaria de Planeamiento Estratégico Industrial, que irrumpe en el
organigrama estatal adelantando la intención de avanzar en una
coordinación más precisa de las iniciativas públicas. Ya existe la
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en el
ministerio que lidera Julio De Vido, y el flamante ministro de
Agricultura, Norberto Yauhar, adelantó en la entrevista publicada por
este diario el lunes pasado que tiene la intención de institucionalizar
el plan estratégico agroalimentario. Se ha empezado a diseñar un marco
para articular un eslabón faltante de la política económica: la
planificación del desarrollo.
La experiencia de gestión del kirchnerismo, emergente de la crisis
política, social y económica de 2001, ha sido por su huella de origen de
características adaptativas en el espacio de la economía. Frente a
crisis y diversos desafíos que irrumpieron en la escena local, la
orientación de las políticas fue la más audaz, teniendo en cuenta la
histórica relación de fuerzas existente en el país. Ese comportamiento
ha puesto en tensión la noción corto y largo plazo y, por lo tanto, el
concepto de planificación como instrumento destinado a corregir y
reorientar los cursos de acción que emergen de los mercados. En este
ciclo político la discusión es si el largo plazo es una sucesión de
medidas en continuado de corto que predeterminan ese objetivo en el
tiempo lejano, o si se trata de una meta a la que se aspira y se
disponen medidas para alcanzarlas. Pueden ser ambas a la vez, según el
área involucrada, y no debería restringirse ese abordaje por considerar
que la correcta es una u otra estrategia en forma excluyente.
La nueva correlación de fuerzas sociales y políticas que emergieron
del contundente triunfo en las elecciones presidenciales abre las
puertas para ingresar en un espacio poco frecuentado por el
kirchnerismo: la planificación. Esta instancia se acerca como parte
ineludible del actual proceso, puesto que se han generado las
condiciones para tratarla luego de un ciclo largo de crecimiento,
notorias mejoras sociales y productivas. Ahora con las manifestaciones
de restricciones se requiere una intervención pública más compleja. Esto
implica redefinir un esquema de política económica y social más
afinado. Esa idea ha comenzado a expresarse en discursos oficiales y en
la presentación de planes estratégicos sectoriales (industrial y
agroalimentario).
Un aporte sustancial en ese sentido es el reciente documento del
Cefid-AR Planificar el desarrollo. Apuntes para retomar el debate, de
los investigadores Claudio Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi,
con el asesoramiento de Enrique Arceo. Proponen avanzar en la
planificación a partir de la oportunidad que plantea la crisis de
legitimidad de la doctrina neoliberal a nivel mundial, “en sintonía con
la configuración de un poder político que gana consenso democrático al
plantear un Estado con crecientes grados de autonomía respecto de un
conjunto de sectores tradicionalmente dominantes y, por tanto, capaz de
asumir la conducción de la transformación necesaria para el desarrollo y
bienestar social”. Advierten con precisión que el movimiento desde la
noción de crecimiento económico hacia la de desarrollo, mucho más
compleja y estructurada en múltiples dimensiones no sólo económicas sino
también sociales, políticas y culturales, supone constatar la
existencia de restricciones estructurales que impiden conjugar el
sendero de crecimiento con objetivos distributivos, productivos y de
sustentabilidad en el largo plazo.
Esa diferencia entre crecimiento y desa-rrollo es un punto de
partida para que el actual debate adquiera una mayor densidad que los
modales de un funcionario. Esos investigadores señalan que la aplicación
de una política macroeconómica virtuosa en el marco de la estructura
existente puede promover, como se ha verificado desde 2003, el
incremento de la actividad, el empleo y la tasa de inversión, pero no
permite por sí sola alterar los parámetros estructurales que definen las
características de su desarrollo. Para alcanzar esa meta se necesita lo
siguiente:
- La creación y/o desarrollo de actividades y cadenas de producción
basadas en ventajas dinámicas y consideradas estratégicas para su
posicionamiento en el mercado mundial.
- Cambios significativos en la distribución del ingreso para alcanzar estándares considerados deseables en términos sociales.
- Una sustitución de importaciones consistente con el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos.
- La integración de la producción con los sistemas de ciencia y
tecnología afín con el desarrollo de actividades estratégicas y el
incremento de la productividad sectorial y sistémica.
- El desarrollo de infraestructura necesaria para la expansión de la
actividad productiva y la conformación de una estructura productiva más
densa y compleja.
- La paulatina eliminación de los déficit en infraestructura social y las asimetrías regionales al interior del país.
- El cese de las transferencias de excedentes económicos desde
eslabones atomizados hacia eslabones concentrados de las cadenas de
producción y distribución.
- Una adecuada intervinculación comercial y productiva a nivel
regional, teniendo en cuenta la necesidad de profundizar los mecanismos
de cooperación y coordinación económica frente a un contexto globalizado
de creciente volatilidad.
Casparrino, Briner y Rossi explican que “la ingeniería pública
institucional que, subsumiendo la gestión macroeconómica, la política
productiva y científico-tecnológica, y la regulación de las tensiones
sociales asociadas, tuvo por finalidad resolver estos nudos
problemáticos en los países que han transitado con relativo éxito el
pasaje al desarrollo, ha estado históricamente asociada a la
planificación”. Sin embargo, a diferencia de las experiencias de países
asiáticos con una planificación exitosa en términos
económico-productivos pero en un marco de fuertes restricciones
políticas, en Argentina las condiciones imponen una estrecha vinculación
entre planificación, desarrollo y democracia. Por eso en el documento
se señala que la planificación y el desarrollo sólo parecen ser posibles
en el marco de una amplia incorporación de los sectores populares en
una alianza social que otorgue una independencia política al Estado para
subordinar a un conjunto de sectores tradicionales, en el proceso de
proyección y concreción de planes de de-sarrollo a favor de cambios
estructurales y distribución del ingreso.
*Publicado en Página12
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