EL PRIMER AÑO DEL RESTO DE LA VIDA

Por Hernán Brienza*                     
 

El 2011 ha sido, como dicen los estadounidenses, “el primer año del resto de la vida” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del título de una película de mediados de los años ochenta, que narra el desencanto que produce en la vida de un grupo de jóvenes amigos el fin del colegio secundario y el inicio de la vida adulta. En realidad es una metáfora de la pérdida de la felicidad absoluta y esa sensación que nos embarga cuando sabemos que ya nada –por lo irremediable de los hechos– volverá a ser igual.
Ha sido el primer año completo sin la compañía de Néstor Kirchner, su marido, y si bien, en términos económicos y políticos, ha sido un año de crecimiento inusitado y de relativa calma en materia política, seguramente ha sido un año durísimo para la presidenta en términos personales. Un año en el que ha debido afrontar absolutamente sola el desafío de ejercer el poder y también en el que no ha podido siquiera descansar un solo día por la tenaz presencia de su ahora ex vicepresidente, el pérfido Julio César Cobos. Quizás este verano sea ideal para que la primera mandataria pueda obtener el merecidísimo descanso vacacional que sirva para reflexionar, recuperar fuerzas, contemplar y contemplarse, y arremeter con nuevos bríos un año que, a priori, promete ser complicado por el panorama internacional que se avizora.

El año que termina ha sido de reacomodamientos y, también, de deconstrucción de la estructura de poder del kirchnerismo. Es decir, la administración de recursos políticos que había construido Néstor Kirchner –un delicado juego de equilibrios y de lógica radial con supervisaje absoluto de su parte y con un estilo estricto pero marcadamente “muchachista”– es diferente al de Cristina Fernández que –quizás debido a un mayor grado de idealismo– prefiere recostarse sobre la seguridad que da el armado en función de las convicciones y de la lealtad. Es una construcción tan férrea como la anterior, claro, pero quizás un poco más cerrada, más manejable pero menos movimientista; en términos estrictamente descriptivos se prefirió por una estructura orgánica de tipo más vanguardista para llevar las riendas de la política –de conducción mucho más segura– que la estrategia del “malón”, un aparente desorden en el que sólo puede tejer los hilos el líder. Es, en algún punto, la diferencia entre la táctica del Desembarco en Normandía y el foquismo revolucionario, por poner ejemplos extremos y no despojados de cierta ironía defensiva. El riesgo obvio de constituir una organización de cuadros es la de convertirse en una patrulla perdida en campo enemigo; la virtud es que siempre se puede ampliar la base de negociación y consenso con otros sectores políticos y sociales y rearmar una táctica movimientista pero con un núcleo duro más compacto.

(Digresión 1: No me hagan caso, quizás no tengo demasiada razón en este planteo esquemático. Sin embargo, me pareció interesante plantearlo como duda teórica).

(Digresión 2: Pensando en la sucesión de leyes sancionadas en la última semana pregunto: ¿qué hubiera pasado con el Nuevo Estatuto del Peón si las listas hubieran estado conformadas con mayor número de integrantes del sector sindical? ¿Habría sido votado? ¿O se habrían refugiado en la lógica corporativa y levantado de sus bancas? El paso del tiempo sirve también para entender algunas jugadas de la conducción que parecen estrambóticas para aquellos que no miramos todo el tablero. Dicho esto a conciencia de que no hay infalibilidades en política, claro).

El año que se cierra está marcado por la hiperkinesis legislativa de la nueva mayoría kirchnerista para subrogar las estrategias paralizantes de la oposición en los últimos dos años. En apenas dos semanas Diputados y Senadores –en sesiones extraordinarias– sancionaron varias normas que el kirchnerismo tenía en agenda: Ley de Tierras, el Estatuto del Peón, el Presupuesto 2012, la Ley Antiterrorista y la democratización de la producción del papel prensa.

(Digresión 3: Hace un tiempo escribí que el Estado debía caerle con todo el poder de fuego a los “terroristas económicos” que intentan torcer la voluntad popular realizando corridas bancarias para marcarle la cancha a la política. El debate respecto de la recién sancionada ley “antiterrorista” demuestra que se trata de un instrumento en contra del lavado de dinero, que incorpora penas por delitos económicos y financieros y agrava la punibilidad de ilícitos cometidos con finalidad terrorista. Es cierto que la norma genera escozor en todos aquellos que tenemos una mirada preocupada por el respeto de los Derechos Humanos –en mí lo genera, claro–, pero quizás sea tranquilizador leer algunos párrafos de la ley: “Serán considerados como delitos de terrorismo los actos que sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obliguen al gobierno nacional o extranjeros “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Sin dudas es un párrafo alarmante, aun cuando en el siguiente párrafo señale: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de Derechos Humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional.” ¿Quién lo decide? ¿Los jueces? ¿Cuáles? ¿Los que integran el poder más retrógrado y más aristocrático del Estado? ¿Qué puede ocurrir con esa norma si, por ejemplo, decide aplicarlas algún juez que le ha negado el aborto a una niña violada en Mendoza o que ha hecho el juego al Grupo Clarín trabando la Ley de Medios? ¿Y qué ocurriría con esa norma en manos, por ejemplo, de un gobierno con espíritu represor como el de Mauricio Macri, o sin ir más lejos los anteriores de Fernando de la Rúa o Eduardo Duhalde? Y supongamos que es parte de una negociación mayor para poner a la Argentina en un mismo estatus jurídico de las principales potencias mundiales ¿no deberíamos saber qué hemos conseguido a cambio para entender por qué es necesaria esa norma?)

La gran noticia de fin de año fue, claro, la democratización del papel prensa. Daniel Reposo, síndico general de la Nación fue muy claro en la explicación de la ley: “Está muy lejos de la expropiación. Va a permitir que se puedan producir las 250 mil toneladas necesarias en la Argentina, que todos tengan el mismo precio y que además se pueda exportar. Y romper así con este esquema en el que los medios monopólicos, además de asfixiar a los otros medios, han asfixiado a distintos sectores de la clase política que bajaron sus banderas para tener más prensa, en lugar de preocuparse en tener un lugar en la sociedad.” Pero, por sobre todas las cosas, comienza a cerrar el cerco sobre el pasado de dos empresas que están sospechadas de haber cometido la peor de las maniobras políticas y económicas de los últimos 40 años: acogotar a la libertad comunicacional en la Argentina en supuesta complicidad por delitos de lesa humanidad con la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia.

*Periodista y escritor y politólogo.
Publicado en Página12