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Las reglas urbanísticas son aquellas que les permiten a las
administraciones municipales controlar y direccionar el desarrollo urbano hacia
metas predeterminadas, las cuales debieran haber sido previamente consultadas a
los ciudadanos, además de estudiadas y explicadas por especialistas ante los
concejales, teóricamente, los auténticos representantes del Pueblo. De esa
manera, se estaría andando un camino virtuoso para la posterior aplicación de
las decisiones tomadas, asegurando el control popular permanente.
Claro que la realidad no suele ser tan perfecta. Para
muestra, basta el botón de las decisiones tomadas justamente por el cuerpo
deliberante de la Ciudad de Rosario, en acuerdo más que obvio con el ejecutivo.
Todo para permitir repetidas excepciones a un Código Urbano que ya está dejando
de serlo, convertido ya en mera
exposición de formales buenas voluntades, con transgresiones espurias y hasta
obscenas, por el grado de irrespeto a esas reglas y la direccionalidad que
tienen esas alteraciones.
Ya no parece ser el poder Ejecutivo quien decide las
políticas urbanas fundamentales, sino los llamados “desarrolladores
inmobiliarios”. Son ellos quienes solicitan las excepciones que les permitan
apoderarse de las mejores tierras que le quedan a la Ciudad y hacerlo a través
de beneficios extraordinarios, por las contravenciones que les aprueban a ojos
cerrados nuestros supuestos representantes en el Concejo.
La zona denominada “Puerto Norte” se ha convertido, en ese
sentido, en paradigma de estos retrocesos urbanísticos. Allí se concentran, en
los últimos años, toda la inversión inmobiliaria de las más poderosas empresas
constructoras, desarrollando complejos habitacionales y hoteles, de lujos
provocadores. Es la más clara exposición material del neoliberalismo, con su
famosa y delirante “teoría del derrame” que, en realidad, solo termina en
pequeñas gotas de regocijo visual y usos restringidos de los espacios públicos.
Mientras tanto, como una gran paradoja urbana, a los pies de
semejantes monstruos de hormigón y cristal, se extiende la última pequeña muestra
de un barrio de trabajadores, pronto a ser barrido por la sospechosa billetera de
los supuestos emprendedores inmobiliarios. Culminará así la ocupación ilegítima
de tierras que debieron tener otro destino al otorgado por los levantamanos del
Poder Real, viciados custodios de los sucios intereses inmobiliarios, para lo
que nadie los votó.
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