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Por
increíble que parezca, los “reyes” de la defensa de lo “privado”
resultan ser, también, quienes impiden a otros (la mayoría) de nada
“privado”. Por el contrario, “privan” a inmensas cantidades
de compatriotas de ese derecho que, según la “columna de doctrina”
(el diario La Nación), es más importante que el Estado mismo.
Los
“privatizadores” arrasan con cuanta empresa o entidad en manos
del Estado exista, para entregarla a corporaciones transnacionales.
Nos “privan” así, del derecho a ser co-propietarios (como
Pueblo) de esos entes que aseguran el acceso a derechos básicos como
la energía, el agua, la salud, la educación y las comunicaciones.
“Privados”
de tales atribuciones, los ciudadanos se van transformando en simples
lacayos de un Poder que todo lo decide, en nombre de inasibles y
pretensiosos designios impuestos por ese omnímodo Imperio
supranacional.
En
“privado”, el Poder le transmite a sus cómplices mediáticos sus
próximas medidas que, invariablemente, terminarán “privando” a
millones de personas de sus potestades más elementales. Por extraño
que parezca, gracias a sofisticados métodos de des-información, los
“privados” de todo terminan por aceptar y hasta apoyar a quienes
los “privaron” de sus derechos más elementales.
La
propiedad “privada” es el paradigma de los dueños del Poder.
Ninguna zanahoria podría funcionar mejor que esa para atraer a
millones de creídos partícipes del sistema, solo por poseer un bien
exclusivo. Pero la propiedad “privada” no es absoluta, ni aún en
lo establecido en nuestra liberal Constitución, que pone límites a
este derecho para impedir que se impida el acceso a otros tanto o más
valiosos que ese.
Existe
la función social de la propiedad, consagrada por la jurisprudencia
y hasta por el Código Civil. Existe la protección contra el abuso
de ese y otros derechos. Existen los Tratados Internacionales que
aseguran esos límites.
Claro
que nada de esto les importará a los “privatizadores” que nos
“privan” de todo. Seguirán enalteciendo lo “privado” por
sobre lo público, en el camino a la desaparición de todo derecho,
como no sea el de ellos a “privarnos” de la vida, para acrecentar
poderes avalados, siempre, en algún despacho “privado” de la
corrupción judicial.
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