ESFORZARNOS POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS

Por Daniel Filmus*

En mayo de 2003, en un contexto signado por una de las crisis económicas y sociales más profundas de nuestra historia, la educación se encontraba en una situación de deterioro sin precedentes. El retiro de la responsabilidad del Estado, la caída en los niveles de inversión educativa, la profunda fragmentación del sistema con 34 modalidades de articulación de niveles diferentes y la desjerarquización y pauperización del trabajo docente eran algunos de los indicadores más notorios de este deterioro.

La escuela pública había dejado de lado buena parte de su función educativa y se había transformado en un ámbito de contención social para dos de cada tres niños argentinos que estaban en situación de pobreza. Sobre las espaldas de los docentes, castigados por años de ataques a sus condiciones laborales, se sumaban muchas veces más funciones sociales que pedagógicas.
Esta realidad fue la que percibió rápidamente Néstor Kirchner cuando el 26 de mayo de ese año decidió que la primera medida del nuevo gobierno iba a ser resolver el conflicto docente de la provincia de Entre Ríos, que acumulaba tres meses sin clases y muchos más sin pagar los salarios. Seguidamente siete provincias que debían sueldos a sus docentes fueron auxiliadas por la Nación. Recordemos que en los años anteriores numerosas jurisdicciones hicieron pasar de grado a sus alumnos por decreto al no contar con un mínimo de días que permitiera evaluar sus aprendizajes.
Este hecho, el viaje del presidente a Entre Ríos, se convirtió en el símbolo de una gestión educativa que continuó Cristina Fernández de Kirchner y que tuvo como característica principal privilegiar la inversión educativa y jerarquizar a quienes desempeñan la noble tarea de enseñar.
De esta manera, a la ley que fija la garantía nacional de los salarios docentes y los 180 días de clase, le siguió la ampliación del incentivo docente, la recuperación de las escuelas técnicas, la Ley de Financiamiento Educativo que llevó la inversión al 6,5% del PBI, la derogación de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Sexual, la jerarquización y creación de nuevas universidades, la distribución de millones de computadoras, y la incorporación de cientos de miles de nuevos alumnos a partir de la Asignación Universal por Hijo. Por otra parte, los docentes e investigadores son los únicos trabajadores que recuperaron el 82% de haber jubilatorio.
Desde 2003 hasta la actualidad se ha privilegiado la recuperación paulatina de las condiciones laborales de los docentes en el convencimiento de que es una condición necesaria, imprescindible, pero no suficiente para mejorar e igualar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Por supuesto, todavía hay mucho por hacer. Es tan necio no reconocer lo que falta como negar todo lo que se avanzó. Como en otras esferas de la realidad social y política, no valorar lo que hemos conseguido con el aporte y la lucha de todos, nos coloca en el riesgo de perderlo todo. Cualquier discurso sobre la educación actual debiera comenzar por marcar la diferencia entre estas políticas y las que se llevaron adelante hasta 2003. La marcha blanca y la carpa blanca son testimonios históricos de la resistencia a las políticas neoliberales en la educación.
Es duro ver que quienes llevaron a los docentes a las condiciones de mayor precariedad y criticaron su heroica resistencia al vaciamiento educativo, hoy se han convertido, en apariencia, en sus principales defensores. ¿Por qué este repentino cambio de posición? Después de desatenderla y pauperizarla, ¿ahora descubrieron que la educación es importante? ¿O utilizan las legítimas necesidades de los docentes para atacar al gobierno que siempre privilegió la educación? Tal vez tienen la esperanza de volver a conducir un Estado que no necesite de la formación de calidad de todos sus habitantes para construir un país autónomo, productivo y con justicia social.
También es duro ver que no se encuentren los caminos para que se pueda continuar la negociación salarial sin que nuestros alumnos de escuelas públicas pierdan más días de clase. Porque se trata del futuro del país y de la educación de nuestros hijos, y porque se trata de seguir avanzando en un proceso de transformación que tiene como objetivo construir una sociedad más justa basada en el papel de la escuela, la ciencia y la tecnología. Hoy más que nunca es necesario que los que queremos una educación de calidad para todos estemos juntos, esforzándonos para encontrar caminos de acuerdo.

*Senador Naciónal