viernes, 2 de marzo de 2012

LA INFLACION Y LOS MATERIALES PARA CONSTRUIR VIVIENDAS


Por Dr. Rubén Visconti*

Cuando los bancos otorgan créditos solicitados  por los particulares para ser destinados a la construcción de viviendas individuales y  lo mismo sucede con empresas de la construcción con dinero aportado por grupos de personas denominados aportantes, a lo que se suma, además, los proyectos desarrollados por los propios gobiernos nacional, provinciales y hasta municipales, sin que ese conjunto tenga en cuenta la capacidad limitada en el país de la oferta que ofrece los materiales de construcción necesarios, es lógico esperar que la relación de oferta y demanda genere, por incremento de esta segunda  parte de la ecuación, un incremento de precios.
Aumento a  veces lícito y justificado y en otros casos totalmente especulativos ya que existen oferentes  en esta rama que dominan el mercado dado su condición de oligopolios que se aprovechan de esa disrelación entre la demanda y la oferta para incrementar sus precios produciendo una escalada de inflación acelerada. Con el agravante de que la industria de la construcción, dada su intima relación con otras complementarias impulsan, entre todas, una inflación muy difícil de controlar.
Así, por ejemplo, aquél particular beneficiario de un crédito bancario que lo percibe en dinero,  encuentra que a medida que su edificio avanza el costo inicial sube en cifras muy significativas que lo obligan a solicitar nuevas sumas adicionales para satisfacer su objetivo. Termina así, con un costo de construcción mucho más elevado que pone en peligro ese objetivo de poseer “la casa propia”.
Como falla final también se da el caso de que el  monto de crédito solicitado lo obliga al abono de cuotas mensuales muy elevadas muy difíciles y hasta imposible de ser satisfechas, llegando el caso, muy grave, de que el mercado al reconocer por su vivienda un precio de venta inferior al costo, pierda todo su dinero y se quede sin casa.
Algo así recordamos que sucedió hace unos años en la provincia de Santa Fe dada la llamada norma o ley 1025, donde esta situación se dio perjudicando a muchos.
Un desarrollo similar se acaba de dar en los Estados Unidos produciendo el inicio de una crisis fenomenal  que dejó el tendal de víctimas y que para no afectar a los Bancos el gobierno de ese país solucionó mediante la ingente emisión de dólares, no para salvar a esas víctimas sino a los bancos que la provocaron, todo de acuerdo con la mentalidad apoyada en el principio de que “entre bueyes no hay cornadas”, para salvarlos de sus “errores”.
Bien, la descripción hecha, avalada por los dos ejemplos recientes, determinan la necesidad de decidir alguna política que evite su repetición, y a eso vamos, apoyados por una experiencia desarrollada hace unos años en Méjico, que nos parece posible de ser aplicada en nuestro país.
Una política que puede ser imitada por todos pero que recomendamos a los gobiernos que, decidiendo la construcción de viviendas públicas en cantidades elevadas, deben tratar de evitar que sus propósitos se vean perjudicados por estas posibilidades muy reales de que la inflación en los materiales terminan perjudicando sus propósitos de beneficio popular.
Es una decisión y política que apunte a sacar a los materiales de construcción del mercado que funciona de acuerdo, según lo quieren hacer creer, de la oferta y la demanda, en la realidad, de las decisiones de los oligopolios que ese grupo maneja a su entera voluntad.
Sacar del mercado a todos los materiales destinados a la construcción significa que cuando la demanda aumenta por la decisión de particulares, empresas o gobiernos, los precios puedan quedar estables del principio al fin, salvo razones muy ponderables que justifiquen su alteración.
Veamos cómo debería funcionar esa política para lograr esos propósitos:
Supongamos que una esfera de gobierno decida la construcción de 200 viviendas que, lógicamente, deben obedecer a criterios de homogeneidad, es decir, casas iguales destinadas a un matrimonio con  dos hijos, en terrenos  de la misma extensión.
Calculados los materiales principales y accesorios se llegará a los totales necesarios para la construcción, determinándose, además, el tiempo de terminación final y los grados de avances parciales.
El gobierno llamará a una licitación pública destinada a todas las empresas que así lo deseen para que ofrezcan los precios de cada uno así como su compromiso de mantenimiento por todo el lapso de construcción; las empresas se beneficiarán dado que se aseguran una demanda alta que satisfaga el uso de su capacidad de producción, quedando el gobierno bajo la responsabilidad de que se satisfagan los plazos acordados; el incumplimiento de ambos aspectos, provisión y plazos serán sancionados con total severidad. Si, además, se viera la conveniencia  de separar la provisión de  los materiales de las empresas de construcción el convenio se ampliará convenientemente.
Por otra parte no hay que olvidar que un funcionamiento similar rige actualmente en lo relativo a las cooperativas de mano de obra, con lo cual el plan puede llegar a ligar a todos  esos sectores ampliando sus objetivos de otorgar viviendas y trabajo a todos ellos.
Pero también podemos pensar en otros casos, los de construir viviendas con el objetivo de que los beneficiarios las adquieran, por ejemplo mediante un crédito bancario que no sería satisfecho mediante la entrega de dinero sino que el banco los cubriría mediante la entrega de material contra certificados de obra certificados, acordando con los productores el mantenimiento de los precios sin modificación a lo largo de todo el período establecido hasta la terminación.
Aunque el proyecto aparezca como excesivamente complejo no lo es y puede funcionar rápidamente si existe la voluntad política de llevarlo a cabo.

*Doctor en Economía, Docente de la UNR
  Miembro del CEP

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