Por Dr. Rubén Visconti*
El sistema
democrático como actualmente se lo conoce, o creemos conocerlo, se puso en
ejecución en paralelo con la denominada Revolución Burguesa unos años después
de la Revolución Francesa, dando lugar a los gobiernos elegidos por el pueblo
(aunque no todo el pueblo sino solo integrado por los poseedores de bienes,
pagadores de impuestos y otras condiciones que determinaban que ese “pueblo”
pertenecía solo a los que esas condiciones restrictivas les reconocían) .
Si bien el Código
Penal no reconoce la igualdad de todos ante la ley y que los jueces juzgan en
forma diferente a un rico que un pobre, aceptémoslo para explicar más
claramente nuestras observaciones.
Si cuando se
vota, hoy día superadas las trampas de los fraudes y de los rellenos de cráneos
que dificultan la cualidad de esa opinión –voto, todos los ciudadanos
valemos igual, un hombre un voto, no es
así en el caso de nuestro otro carácter social, el de una persona en el terreno
civil.
Iguales, dice la
democracia para los derechos del voto, pero no somos iguales cuando, por ejemplo,
estando desocupados vamos a solicitar un empleo y el empresario fija las
condiciones para decidir si nos toma o no. Entre ambos, existe una desigualdad
total, más o menos como la que puede existir entre el “hambre” y las “panzas
llenas”.
Las diferencias
entre los niveles económicos destinados a satisfacer nuestras necesidades y
también las de nuestras familias y los del empleador son, absolutamente enormes
e insuperables. En este campo NO SOMOS IGUALES NI LO SEREMOS JAMAS POR MAS QUE
LA DEMOCRACIA SOSTIENE FALSAMENTE QUE SI.
Y esto es así
porque las razones adversas priman sobre toda otra condición y el DISCURSO
DEMOCRATICO NO LAS INCLUYE.
Los que manejan
la sociedad son los poseedores de los diferentes bienes, con lo cual llegamos a
la primera conclusión a la cual queremos demostrar: La que vivimos no es una
democracia que apunte a la igualdad entre
todos sino que hay que redefinirla como una DICTADURA DEL CAPITAL.
Sintetizando, el
que manda es el CAPITAL. El que decide es el CAPITAL. Por lo tanto no somos
libres sino esclavos de todas sus
decisiones.
Claro que a veces
existe una ventana o ventanita que si bien no soluciona totalmente este hecho
fundamental, lo corrige en mayor o menor parte. Esto sucede cuando, utilizando
el derecho al voto, lo hacemos por una ideología política que interponga entre
los dominantes de la economía y nosotros, sus esclavos, leyes que rectifiquen
los abusos; y el que puede hacerlo es el Estado que basado en conceptos de
igualdad indispensable como condición para alcanzar la libertad las vaya
desarrollando mediante el dictado de leyes, normas y paradigmas culturales que
nos dirijan, como sociedad, hacia ese destino liberador. Es decir, que no solo
como ciudadanos adquiramos la supuesta libertad, negada en parte por el mismo sector
dominante, sino que la logremos vivir en una sociedad de seres humanos iguales
y libres.
Pero si bien, en
principio, hemos reconocido que el sistema democrático nos asegura derechos
iguales ante la ley, un hombre un voto, veamos ahora como los que lo defienden
están comenzando a arrepentirse y por lo tanto a negarse con una nueva y
arbitraria manera de razonar.
En la
democracia de un hombre un voto, el que
gana y tiene el derecho de ejercer el gobierno es aquél que obtiene más votos.
Pero cuando así sucede aparecen razonamientos insólitos que apuntan a
condicionar ese derecho.
Por ejemplo, en
nuestro país se ha hecho carne en todo el grupo opositor, denominado o ex
denominado grupo A, hoy en desbandada, en los medios monopólicos de
desinformación, en los periodistas y aún en los diputados y senadores que deben actuar en minoría en el
parlamento.
El “invento”, que
podríamos calificar como gracioso si no fuera porque es en realidad una
puñalada trapera en contra de la libertad de expresión que elige a sus
representantes, que el que gobierna porque ganó ese derecho en un acto
eleccionario limpísimo, con mayorías en ambas Cámaras, no tiene ni posee la
potestad de imponer sus decisiones.
Algunas, más
extremistas sostienen que solo deben gobernar para mantener el statuo quo, es
decir, cambiar sin cambiar nada.
Otros y el caso
de estos días son más ridículos aún que arriesgan sin pudores su propia auto
estima, su propio derecho a no pasar
vergüenza, como es el caso del diputado del PRO, Pineda, portador de un apellido
que nos retrotrae a los diez años del fraude,
la llamada Década Infame, mediante el recuerdo de su abuelo o bisabuelo
que ejerció el cargo de ministro de Economía de la Nación, que sostiene que la
disputa por el tema del subterráneo de Buenos Aires no debe ser tratado por el
Congreso Nacional porque el gobierno tiene mayoría y ya se sabe quien impondrá
sus criterios, sino que debe ir a la legislatura de la ciudad en cuyo cuerpo la mayoría le corresponde al “señorito
y patán” Macri.
Como para muestra
basta un botón dejamos estos ejemplos en el convencimiento de que podemos
citar, en el país y en el mundo casos
similares de estos pícaros que están inventando una nueva democracia, falsa,
totalmente falsa.
*Doctor en Economía, Docente de la UNR
Miembro del CEP
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