Por Alfredo Zaiat*
Como
si el Presupuesto Nacional no tuviera aspectos más importantes para
debatir, como las fuentes de ingresos tributarios o la distribución del
gasto, el tema dominante entre las fuerzas de la oposición y el
oficialismo se refiere a los numeritos de variables macroeconómicas y la
consiguiente estimación de recursos.
La idea de confeccionar presupuestos con proyecciones moderadas
comenzó con la gestión en Economía de Roberto Lavagna. Durante los
noventa el esquema era el opuesto, porque se consideraba que así se
alimentaban las expectativas positivas del sector privado, con saldo
diverso. Desde 2003 el objetivo fue establecer pautas mínimas para luego
mostrar resultados finales mejores. La administración kirchnerista
definió de ese modo que la búsqueda de la convalidación social de su
programa económico no sea previo, sino ex post ya con los datos
consolidados. Esta vía también, en caso de ser exitosa, brinda la
posibilidad de contar con excedentes no presupuestados. Ecolatina, la
consultora que fuera de Lavagna, reinvindica esa estrategia al señalar
en un reciente informe que “la inclusión de supuestos y gastos moderados
no es algo negativo en sí mismo, ya que es preferible tener
garantizados objetivos de mínima que sobreestimar inicialmente los
recursos y dejar desfinanciadas partidas de gastos”.
El gasto de la Administración Pública Nacional en los últimos años
terminó siendo superior al aprobado inicialmente, sin incluir recursos
de Fondos Fiduciarios, otros entes y empresas públicas, que representan
aproximadamente el 13 por ciento del total. La brecha calculada por
Ecolatina entre los gastos estipulados en el Presupuesto y los
efectivamente devengados ha tenido el siguiente recorrido: en 2004-2006
las erogaciones fueron 11 por ciento superiores a la meta, mientras que
en 2007, 2008 y 2010 este ratio se duplicó. En 2009, el gasto final
terminó siendo apenas 7 por ciento más elevado, principalmente por el
impacto de la crisis financiera internacional sobre la recaudación
prevista.
Respecto de las observaciones de las proyecciones macroeconómicas se
trata de una cuestión conceptual sobre qué significan las metas
establecidas en el Presupuesto. Si se considera que las cifras fijadas
de inflación, tipo de cambio, crecimiento del PIB es “lo que va a
suceder”, se cae en la lógica de funcionamiento engañosa establecida por
los economistas del establishment: suponer que existen profesionales
que saben qué pasará en la economía con precisión en los números. Como
se ha probado en más de una ocasión, ese sendero conduce a escenarios
equivocados. En cambio, si esas proyecciones son fijadas como objetivos a
cumplir, la discusión adquiere otra dimensión porque se debe debatir
cómo alcanzarlas y, si existen desvíos, cómo redistribuir los recursos
excedentes o cómo hacer frente a los faltantes.
El debate sobre el Presupuesto debería tener un recorrido
previsible: la oposición critica el rumbo que supone para la economía,
el oficialismo lo defiende y los legisladores de todas las fuerzas
políticas negocian cambios en función del interés de los distritos que
representan (obras públicas, promoción industrial) o grupos sociales o
económicos reclaman por sus intereses (por ejemplo, modificaciones
impositivas). Ese juego político se ha reiterado a lo largo de los años
desde la restauración de la democracia, y no es un rasgo particular del
Congreso local puesto que esa dinámica de negociación es igual en otros
países. A medida que avanza la ejecución del Presupuesto, a las fuerzas
opositoras y al oficialismo se les presenta la oportunidad de mostrar
que tenían razón en sus observaciones o propuestas, lo que derivaría en
un incremento de la confianza de los electores según sea el caso.
Por eso los números que se incluyen en el Presupuesto, como su
discusión sobre la orientación económica que propone, son una
herramienta política fundamental para analizar las características y
perspectivas de la economía. Es un escenario privilegiado para exponer y
comparar distintos proyectos de desarrollo y equidad. Esa oportunidad
hasta ahora fue desaprovechada porque se ha evaluado que cuestionar
proyecciones es más relevante que intervenir en el debate sobre un plan
de gobierno.
*Publicado en Página12
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