LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MODELO

Por Hernán Brienza*

 Lejos de ser decisiones destempladas y caprichosas, las estrategias adoptadas durante esta semana que terminó por parte de quienes capitanearon la estrategia de defensa del vicepresidente Amado Boudou por el supuesto “escándalo Ciccone” responden a un cambio de estatus político, jurídico e institucional en las entrañas mismas del gobierno nacional.

Hace poco más de un año escribí que el kirchnerismo estaba ingresando en la etapa superior de sí mismo y que no se trataba de un proceso de mayor radicalización o profundización del modelo de acumulación y redistribución de la riqueza conocido como “nacional, popular y democrático”, si no de una fase de institucionalización de las reformas producidas en la etapa anterior con la finalidad de evitar que en el futuro se pueda retroceder en los objetivos conquistados. La situación desestabilizada en la que quedó el juez Daniel Rafecas, las sospechas de complicidad del fiscal Carlos Rívolo con los diarios Clarín y La Nación y el alejamiento del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, un histórico del peronismo e incluso del kirchnerismo, no se produjeron por obra y gracia de la casualidad sino que son consecuencia directa de las decisiones tomadas hace mucho tiempo por  quienes resolvieron generar un cambio hacia el interior del propio gobierno nacional.

La institucionalización del modelo “requiere de un aumento de la racionalización burocrática, política y administrativa, y de un creciente profesionalismo político por parte de los militantes y los cuadros políticos que lleven adelante el proceso de profundización y transformación. Es por eso que el famoso trasvasamiento generacional exige a los jóvenes que ocupen espacios políticos, estudio, autoperfeccionamiento y una concepción política e ideológica capaz de revisar las tradiciones culturales que atraviesan nuestra historia… El movimiento nacional y popular se consolidará no sólo en términos electorales, sino fundamentalmente históricos –hegemónicos– si tiene la posibilidad de ‘hacer felices’ a los argentinos pero, al mismo tiempo, lograr una estructura de cuadros y militantes que sean mejores que el resto”. Es en esta clave que hay que leer los últimos movimientos del gobierno nacional, concretamente de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner de apoyar a su vice, de desplazar a Righi e, incluso, de poner en discusión la forma de administrar justicia que existe hoy en la República. Porque de aquí en más, las decisiones y las designaciones por parte del poder político tendrán dos direcciones específicas: por un lado, tenderán a la institucionalización y, por el otro, a separar al Estado de la presión y el poder de las corporaciones sean cual fueran: los poderes mediáticos, religiosos, económicos, sindicales, etcétera.

Rafecas, entonces, quedó atrapado en la lógica de las presiones mediáticas y debió enfrentar, entonces, la avanzada institucionalista por haber tenido relaciones espurias con abogados, haber cedido presuntamente a las presiones del Grupo Clarín, y haber cedido a la tentación de mantener un perfil mediático demasiado alto. Ahora tendrá que hacer frente a la investigación y posible pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por haber actuado con bastante frivolidad en un caso que supuestamente involucraba nada más y nada menos que al vicepresidente de la Nación, el segundo en la línea sucesoria. 

Rívolo quedó también en la mira de una posible investigación, y no sólo por su amistad con el ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montenegro, sino porque el abogado de José Núñez Carmona, Diego Pirota, sospecha que fue justamente él quien filtró información a los medios de comunicación sobre el allanamiento que se realizó la semana pasada en uno de los departamentos del vicepresidente. 

El caso de Righi es significativo por la acusación por parte de Boudou al bufete de abogados García, Labat, Musso y Righi. La relaciones aquí se empiojan un poco más: María José Labat es la mujer de Montenegro, que es el amigo de Rívolo, y Ana María García es la mujer de Righi. Según el vicepresidente ese estudió le ofreció sus servicios para “aceitar” las relaciones con el fuero federal y en particular con el juzgado de Rafecas. Hasta ahora, los argentinos sospechábamos –gracias a las maniobras menemistas de los años noventa como la servilleta de Carlos Corach o la mayoría automática de la Corte Suprema– que el poder político tenía poder de fuego contra los jueces de la Nación e imaginábamos que cuanto más dinero tenía un empresario, mejores desempeños podría esperar en su favor de jueces y fiscales. Lo que desnuda este caso es el grado de connivencia y de mercadeo que existe entre grupos de presión, medios de comunicación extorsivos, bufetes poderosísimos y los hombres y mujeres del Poder Judicial. Alguien debería clavar sus tesis –al estilo Martín Lutero– contra las puertas de Comodoro Py para terminar con el sistema corrupto de indulgencias y castigos ofrecidos al mejor postor. 

Y es justamente en este sentido que debe entenderse la aceptación de la renuncia de Righi. La presidenta de la Nación intenta cortar los lazos de negocios que unen a jueces, abogados y empresarios y poner en su lugar a hombres que no estén viciados con las lógicas corporativas que funcionan en la Argentina desde hace décadas. En este sentido, si el primer kirchnerismo toleraba ciertas connivencias políticas entra la nueva y la vieja política, en esta etapa superior, lejos de ser celebradas esas destrezas, son rápidamente rechazadas. 

Por último, la propuesta del síndico general de la Nación Daniel Reposo como nuevo procurador general está en clara relación con el nuevo perfil de funcionarios que busca la presidenta para esta nueva etapa. A saber: 1) Se trata de mujeres y hombres de mediana edad, que por una cuestión etaria no estén contaminados con el noventismo. 2) Progresistas y modernos en términos de respeto a la institucionalidad y los valores democráticos. 3) Que se hayan iniciado a la política en el siglo XXI preferentemente. 4) Que hayan demostrado compromiso ideológico con el nuevo modelo y que hayan asumido las consecuencias de apoyarlo. 5) De probada lealtad política y personal a la presidenta de la Nación. 6) Que tengan una capacidad de trabajo arrolladora y que sean “incansables”, es decir que estén dispuestos, como decía Herminio Iglesias, a “trabajar las 24 horas del día, y si es preciso, también de noche”. 7) Formación intelectual, política y académica, que permita convertir la intuición y las mañas de comité en la racionalidad y previsibilidad. 8) Que tengan conciencia de que el trabajo en el Estado no es “hacer la plancha” sino que a veces se confronta con los poderes estatuidos –hacia dentro y hacia fuera– en cada una de las áreas a ocuparse. 9) Que la política es, en mayor o menor medida, un servicio de democratización de los recursos y de distribución de la riqueza permanente a favor de las mayorías y no de los poderes concentrados. 10) Que siempre vayan por más. 

Hablar de las instituciones y de la institucionalidad en la Argentina no es una tarea fácil. Sobre todo porque antes que nada hay que desmalezar los discursos sembrados de hipocresías conservadoras y vacuas. El llamado caso Ciccone puso al descubierto de qué manera funciona verdaderamente el Derecho y el Poder Judicial en nuestro país. Bastaba que alguien apretara la herida para que supurara la putrefacción que escondía bajo la dermis. Ya había pasado antes con el caso de los hermanos Herrera Noble y, claro, continúa sucediendo con la Ley de Medios. Pero nunca como ahora se había llegado tan lejos.

 

*Publicado en Tiempo Argentino