Así como la región suramericana ha dado
muestras de una madurez política ejemplar en tópicos de soberanías
nacionales compartidas, de la misma forma deberían actuar sus gobiernos
respecto de las cuestiones de seguridad y los roles actuales de las
estructuras policiales.
Se trata de un triángulo de la muerte para la democracia argentina, y en general para los procesos institucionales que vienen registrándose en la región, a partir del resquebrajamiento del modelo noventista y neoliberal. Las “complicidades entre elementos policiales y de la política con el delito, que tenemos que desentrañar y eliminar”, según las palabras del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto; los trasfondos políticos que anidan detrás de la huelga de la policía militar en el estado brasileño de Bahía, con la amenaza con extenderse como reguero de pólvora por todo el país; el intento fallido, el año pasado, de golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador; y una lectura cuidadosa, tanto de ciertas matrices de capacitación bajadas hacia los cuerpos de seguridad suramericanos por las agencias estadounidenses, como de algunos discursos tecnocráticos sobre la materia, surgidos incluso entre actores que en la Argentina se proclaman oficialistas; todos ellos son elementos para tener en cuenta a la hora de calificar con exactitud el verdadero nivel de gravedad que acarrea el problema; el nudo al cual el título de este texto pretende apuntar.
El pasado 3 de febrero, al recordar los asesinatos por manos policiales de los adolescentes Franco Almirón (16 años) y Mauricio Ramos (de 17), ocurridos cuando estos se acercaron a un tren que había descarrilado cerca de la Villa La Cárcova, en José León Suárez, Mariotto llamó a poner en tensión las instituciones y la militancia y participación ciudadana para terminar con las redes de complicidades existentes entre sectores de la policía y de la política con el delito, a la vez que clamó por la sustitución de la plana mayor de “la bonaerense” en el partido de San Martín.
Respecto de aquellos asesinatos el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense Ricardo Casal había dicho en su momento: “Descarrilaron un tren con piedras y troncos, un grupo de personas abordó el tren, y otro grupo amedrentaba con armas al personal del mismo. Luego, cuando se presentó la policía, los atacaron a tiros.”
Mientras el funcionario sostenía públicamente semejante versión, ese mismo día, los investigadores a cargo de las pesquisas en el lugar señalaban que, las mismas, apuntaban a un descarrilamiento accidental. A un año de los luctuosos incidentes de José León Suárez, se sabe que el tren descarriló por el mal estado de las vías y que el “enfrentamiento” afirmado por Casal en realidad consistió en el despliegue de un grupo de policías armados con escopetas 12,70, arremetiendo contra un grupo de pibes del barrio La Cárcova que se agolparon ante la formación siniestrada, y se defendieron de las balas policiales apenas si con piedras. Los hechos entonces dejaron en evidencia el carácter encubridor de los dichos del ministro.
“Ya desde los tiempos del gobernador Felipe Solá, todos los informes de inteligencia indican que el partido de San Martín es un territorio estratégico para el narcotráfico y el crimen organizado, por su condición de limítrofe con la Capital Federal, y porque sobre él confluyen las rutas nacionales 8 y 9, comprobada red vial de la delincuencia pesada; como así también se conoce que esa “colombianización del Conurbano”, según palabras alguna vez pronunciadas por dirigentes del distrito, sólo pudo haberse constituido a través de un sistema de complicidades que rige hace años –desde los tiempos de la dictadura, con el general Camps al frente de “la bonaerense”– entre policías, políticos y delincuentes. Por supuesto que “en San Martín se esconden las verdades profundas de infinitos casos, entre ellos el de la niña Candela, que deberán ser esclarecidos”, le comentó a Tiempo Argentino un experto en el tema y de diálogo fluido con el titular del Senado provincial.
La misma fuente añadió: “Con sus palabras en José León Suárez, el vicegobernador cambió el paradigma en materia de lucha contra el delito y política de seguridad para su provincia. Remplazó ‘la teoría de la manzana’, aplicada por el ministro Ricardo Casal y avalada hasta ahora desde las mayores instancias del distrito, según la cual todo pasa por remplazar a tal o cual jefe o sancionar a tal o cual agente, por la ‘teoría del cajón de manzanas’; es decir, darse como objetivo una intervención estructural sobre los cuerpos policiales y las matrices políticas que los rigen. Para terminar con el entramado de complicidades enunciado por Mariotto hay que remplazar el cajón de manzanas y no sólo quitar de él a las que están podridas.
Se trata de un verdadero programa de acción política, entendible en el contexto del modelo de país que propone la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con claves de diferentes niveles de profundidad. Por un lado, el altísimo índice de preocupación y sensibilidad social ante el delito y la inseguridad ciudadana que vienen registrando las mediciones estadísticas más serias, lo cual implica que, con justificadas razones, el conjunto de la comunidad pueda manifestarse cada día más insatisfecha con los resultados ofrecidos desde las instituciones de gobierno (nacionales, provinciales y municipales); y por el otro la clara conciencia, basada en informaciones precisas, que dirigentes y funcionarios del oficialismo tienen respecto de que la red de complicidades aludida por Mariotto en José León Suárez conforma una verdadera logística técnica y financiera al servicio de los proyectos más trasnochados, pero contemplados desde el exterior y en el plano doméstico, para operaciones desestabilizadoras y destituyentes.
De ahí el carácter estratégico de la colaboración del gobierno nacional, a través de su ministerio de Seguridad con la presidencia del Senado bonaerense, conforme se registró, por ejemplo, el 22 de enero pasado, cuando por intervención del vicegobernador se logró avanzar en el esclarecimiento de otro crimen a cargo de las complicidades policiales y políticas. Carlos Gabriel Fretes había sido torturado y masacrado el pasado 11 de diciembre. Después de la acción de Mariotto, el gobierno provincial intervino la Comisaría 2ª de Florencio Varela.
Y si de lecturas estratégicas se trata, podrá resultar de utilidad que, así como la región suramericana ha dado muestras de una madurez política ejemplar en tópicos de soberanías nacionales compartidas, lo que también explica el éxito de la diplomacia de Cristina en torno al caso Malvinas, que tanto desvarío ha provocado al gobierno británico que encabeza David Cameron; de la misma forma deberían actuar sus gobiernos respecto de las cuestiones de seguridad y roles actuales de las estructuras policiales.
Los cuerpos de asesores de la DEA y del FBI, por sólo mencionar a las más activas entre todas las agencias estadounidenses, trabajan desde cada una de las embajadas de los Estados Unidos en el área, con el objetivo de mantener activa la creación de escenarios de conflictos delictivos (los llaman “nuevos desafíos”), y controlar los cuerpos encargados de “su represión”. Los casos citados en el primer párrafo de este texto deben servir de alerta.
Se trata de un triángulo de la muerte para la democracia argentina, y en general para los procesos institucionales que vienen registrándose en la región, a partir del resquebrajamiento del modelo noventista y neoliberal. Las “complicidades entre elementos policiales y de la política con el delito, que tenemos que desentrañar y eliminar”, según las palabras del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto; los trasfondos políticos que anidan detrás de la huelga de la policía militar en el estado brasileño de Bahía, con la amenaza con extenderse como reguero de pólvora por todo el país; el intento fallido, el año pasado, de golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador; y una lectura cuidadosa, tanto de ciertas matrices de capacitación bajadas hacia los cuerpos de seguridad suramericanos por las agencias estadounidenses, como de algunos discursos tecnocráticos sobre la materia, surgidos incluso entre actores que en la Argentina se proclaman oficialistas; todos ellos son elementos para tener en cuenta a la hora de calificar con exactitud el verdadero nivel de gravedad que acarrea el problema; el nudo al cual el título de este texto pretende apuntar.
El pasado 3 de febrero, al recordar los asesinatos por manos policiales de los adolescentes Franco Almirón (16 años) y Mauricio Ramos (de 17), ocurridos cuando estos se acercaron a un tren que había descarrilado cerca de la Villa La Cárcova, en José León Suárez, Mariotto llamó a poner en tensión las instituciones y la militancia y participación ciudadana para terminar con las redes de complicidades existentes entre sectores de la policía y de la política con el delito, a la vez que clamó por la sustitución de la plana mayor de “la bonaerense” en el partido de San Martín.
Respecto de aquellos asesinatos el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense Ricardo Casal había dicho en su momento: “Descarrilaron un tren con piedras y troncos, un grupo de personas abordó el tren, y otro grupo amedrentaba con armas al personal del mismo. Luego, cuando se presentó la policía, los atacaron a tiros.”
Mientras el funcionario sostenía públicamente semejante versión, ese mismo día, los investigadores a cargo de las pesquisas en el lugar señalaban que, las mismas, apuntaban a un descarrilamiento accidental. A un año de los luctuosos incidentes de José León Suárez, se sabe que el tren descarriló por el mal estado de las vías y que el “enfrentamiento” afirmado por Casal en realidad consistió en el despliegue de un grupo de policías armados con escopetas 12,70, arremetiendo contra un grupo de pibes del barrio La Cárcova que se agolparon ante la formación siniestrada, y se defendieron de las balas policiales apenas si con piedras. Los hechos entonces dejaron en evidencia el carácter encubridor de los dichos del ministro.
“Ya desde los tiempos del gobernador Felipe Solá, todos los informes de inteligencia indican que el partido de San Martín es un territorio estratégico para el narcotráfico y el crimen organizado, por su condición de limítrofe con la Capital Federal, y porque sobre él confluyen las rutas nacionales 8 y 9, comprobada red vial de la delincuencia pesada; como así también se conoce que esa “colombianización del Conurbano”, según palabras alguna vez pronunciadas por dirigentes del distrito, sólo pudo haberse constituido a través de un sistema de complicidades que rige hace años –desde los tiempos de la dictadura, con el general Camps al frente de “la bonaerense”– entre policías, políticos y delincuentes. Por supuesto que “en San Martín se esconden las verdades profundas de infinitos casos, entre ellos el de la niña Candela, que deberán ser esclarecidos”, le comentó a Tiempo Argentino un experto en el tema y de diálogo fluido con el titular del Senado provincial.
La misma fuente añadió: “Con sus palabras en José León Suárez, el vicegobernador cambió el paradigma en materia de lucha contra el delito y política de seguridad para su provincia. Remplazó ‘la teoría de la manzana’, aplicada por el ministro Ricardo Casal y avalada hasta ahora desde las mayores instancias del distrito, según la cual todo pasa por remplazar a tal o cual jefe o sancionar a tal o cual agente, por la ‘teoría del cajón de manzanas’; es decir, darse como objetivo una intervención estructural sobre los cuerpos policiales y las matrices políticas que los rigen. Para terminar con el entramado de complicidades enunciado por Mariotto hay que remplazar el cajón de manzanas y no sólo quitar de él a las que están podridas.
Se trata de un verdadero programa de acción política, entendible en el contexto del modelo de país que propone la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con claves de diferentes niveles de profundidad. Por un lado, el altísimo índice de preocupación y sensibilidad social ante el delito y la inseguridad ciudadana que vienen registrando las mediciones estadísticas más serias, lo cual implica que, con justificadas razones, el conjunto de la comunidad pueda manifestarse cada día más insatisfecha con los resultados ofrecidos desde las instituciones de gobierno (nacionales, provinciales y municipales); y por el otro la clara conciencia, basada en informaciones precisas, que dirigentes y funcionarios del oficialismo tienen respecto de que la red de complicidades aludida por Mariotto en José León Suárez conforma una verdadera logística técnica y financiera al servicio de los proyectos más trasnochados, pero contemplados desde el exterior y en el plano doméstico, para operaciones desestabilizadoras y destituyentes.
De ahí el carácter estratégico de la colaboración del gobierno nacional, a través de su ministerio de Seguridad con la presidencia del Senado bonaerense, conforme se registró, por ejemplo, el 22 de enero pasado, cuando por intervención del vicegobernador se logró avanzar en el esclarecimiento de otro crimen a cargo de las complicidades policiales y políticas. Carlos Gabriel Fretes había sido torturado y masacrado el pasado 11 de diciembre. Después de la acción de Mariotto, el gobierno provincial intervino la Comisaría 2ª de Florencio Varela.
Y si de lecturas estratégicas se trata, podrá resultar de utilidad que, así como la región suramericana ha dado muestras de una madurez política ejemplar en tópicos de soberanías nacionales compartidas, lo que también explica el éxito de la diplomacia de Cristina en torno al caso Malvinas, que tanto desvarío ha provocado al gobierno británico que encabeza David Cameron; de la misma forma deberían actuar sus gobiernos respecto de las cuestiones de seguridad y roles actuales de las estructuras policiales.
Los cuerpos de asesores de la DEA y del FBI, por sólo mencionar a las más activas entre todas las agencias estadounidenses, trabajan desde cada una de las embajadas de los Estados Unidos en el área, con el objetivo de mantener activa la creación de escenarios de conflictos delictivos (los llaman “nuevos desafíos”), y controlar los cuerpos encargados de “su represión”. Los casos citados en el primer párrafo de este texto deben servir de alerta.
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