EXPULSADOS DEL PARAÍSO

Por Fernando Cibeira*

Con desparpajo british, la semana pasada el primer ministro David Cameron ofreció a los escoceses un poco más de autonomía a cambio de que dejen de insistir con esa molesta idea de votar por su independencia en un plebiscito, cómodo en su rol de ser quien da y quien quita. Otra muestra de lo flexible que llegado el caso puede ser el concepto de autodeterminación de los pueblos, esgrimido por el gobierno británico como instancia definitiva en el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas, y que ahora también reivindican algunos de nuestros opinadores locales. Ejemplos más evidentes aún pueden encontrarse si se escarba un poco en la historia reciente y se revisan casos como el de la isla Diego García, cuyos habitantes aún deambulan como parias reclamando que Londres los devuelva a su tierra, de la que fueron arrancados a la fuerza sin que nadie tuviera en cuenta su opinión.

El caso fue mencionado por el canciller Héctor Timerman durante su presentación en las Naciones Unidas, cuando viajó a denunciar la militarización de la zona del Atlántico Sur. “La pretensión británica de condicionar la obligación de reanudar las negociaciones de soberanía a la aplicación del principio de autodeterminación carece de fundamento, siendo incluso contradictoria con los antecedentes de otras disputas territoriales que involucraron a los ingleses”, e hizo mención a Hong Kong y Diego García.
Lo de Hong Kong es más conocido. Pese a que los habitantes de Hong Kong no querían saber nada con el cambio de manos, todo se resolvió en una negociación entre gobiernos. Los chinos proclamaron la fórmula “un país, dos sistemas”, por la cual respetarían que Hong Kong se mantuviera fuera de la economía socialista. Antes del traspaso, también dieron garantías de respeto al sistema legal. Sin embargo, luego modificaron varias leyes –por ejemplo, quitaron prerrogativas laborales–, lo que generó conflictos. Los habitantes habían expresado sus miedos, pero los británicos no tuvieron en cuenta su determinación.
Menos difundido es el caso de Diego García. Guarda llamativas similitudes con las islas Malvinas, pero la resolución fue totalmente diferente sin que ningún funcionario británico haya explicado el motivo. Si hay algo notorio, es que no se tuvo en cuenta la opinión del pueblo, condenado al destierro eterno por el solo hecho de haber nacido allí.

El edén

Diego García es un atolón (una isla de coral en forma de anillo) de apenas 44 kilómetros cuadrados, el único habitado en el archipiélago de Chagos, en el Oceáno Indico, a una distancia de unos dos mil kilómetros del sur de India y un poco más lejos de la costa oeste de Africa. Casi como la isla perdida de Lost. El marinero andaluz que la descubrió en el siglo XVI le puso su nombre, cuestión que si no hacía lo suficiente para merecer una calle por lo menos tendría su islita. Pasó por manos portuguesas y francesas hasta que luego de las Guerras Napoleónicas quedó bajo dominio británico. El Imperio la utilizó como lugar de recarga de carbón para los buques que navegaban entre Europa y Australia.
Así siguió hasta 1966, año en que Gran Bretaña acordó alquilarle la isla a Estados Unidos por 50 años, hasta 2016, para que instale una base militar en plena Guerra Fría. Pero luego del 11-S la CIA aprovechó su ubicación estratégica para armar allí también una prisión secreta al estilo Guantánamo, donde puede hacer de las suyas fuera de todo control en su particular lucha contra el terrorismo. Un paraíso natural de aguas transparentes y mágicos corales luminosos terminó convertido en un pantano de tortura y horror.
La autodeterminación de los dos mil habitantes de Diego García (los “chagosianos”, ya que viven en Chagos), una ironía: los echaron sin miramientos. Lo hicieron de diversas maneras. Por ejemplo, con el bloqueo al ingreso de alimentos, por lo que algunos no aguantaron y se trasladaron a villas miseria de la vecina isla Mauricio, donde aún sobreviven como pueden en casillas de chapa. Hubo también embarcados a la fuerza y otros que fueron engañados con anzuelos tales como vacaciones gratis en el exterior para después impedirle el regreso. Se recuerdan casos emblemáticos como el de María Aimee, quien en 1969 llevó a sus hijos a Port Louis, en Mauricio, para un tratamiento médico y luego no le dejaron subir al barco para la vuelta. Recién se pudo reencontrar con su marido dos años más tarde.
Cuentan que muchos de los pobladores no soportaron el destierro. Hubo suicidios y casos de alcoholismo. En una nota de The Times, de Londres, en 2007, una isleña recuerda: “Era el paraíso, éramos como aves libres, y ahora estamos igual que en una prisión”. Se calcula que de los dos mil habitantes originales, hoy viven menos de 700.
En 1998, los chagosianos y sus descendientes resolvieron acudir a la Justicia. Para todos los especialistas, en su caso se había producido una flagrante violación al derecho internacional. Dos años después, en efecto, el Tribunal Supremo británico dictaminó que la expulsión había sido ilegal y que los habitantes debían regresar. En 2004, el fallo fue confirmado en la Corte de Apelaciones. Los sucesivos gobiernos británicos ignoraron la sentencia y el Foreign Office continuó apelando hasta que, en 2008, la Cámara de los Lores –última instancia del particular sistema legal inglés– falló a favor del gobierno por un ajustado tres a dos. El argumento esgrimido por los lores fue que el gobierno contaba con títulos suficientes para legislar sobre una de sus colonias en función de la seguridad de los intereses del Reino Unido. Estados Unidos ya había advertido que la vuelta de los habitantes significaría un “riesgo inaceptable” para su base.
Jonathan Crown representó a la Cancillería británica y fue elocuente en su argumentación. “Los chagosianos no tienen territorio propio, no tienen derecho sobre las islas en absoluto”, sostuvo en su exposición. Crown debe haber llegado tarde el día que en la facultad enseñaron autodeterminación.

El infierno

Obstinados en recuperar su paraíso, los isleños acudieron a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, en 2010, el gobierno inglés sacó un increíble argumento de la manga. El canciller David Miliband anunció que crearía la mayor reserva natural oceánica del mundo alrededor del archipiélago, que componen unas 55 minúsculas islas, en función de las 220 especies de corales y las más de mil de peces que se encuentran en sus aguas. Para preservar el área virgen, obviamente, resultaba imprescindible que no esté habitada por los depredadores agricultores chagosianos. Al parecer, los peces no tenían problemas con las naves norteamericanas que salían a bombardear Afganistán o Irak. Tampoco con los 1700 militares que viven allí, ni los 1500 empleados civiles. Tan triste todo, que un cable difundido por Wikileaks reveló el obvio trasfondo de la maniobra.
Cada tanto, los chagosianos realizan algún acto para que su situación no caiga en el olvido. En mayo pasado, hicieron una presentación ante la prensa en las puertas de la Royal Geographical Society, en Londres. Bachar Khan, del Grupo de Refugiados Chagosianos, comentó su sentimiento a The Guardian: “¿Cómo puede ser que una base militar sea legal y que los habitantes de la isla no puedan vivir ahí? Tenemos ocupas militares que nos dejan sin nuestros derechos”. Otro delegado comentó que los isleños se sentían “como dando vueltas y vueltas en una calesita para caer siempre en el mismo lugar”.
La novelista Philippa Gregory lo describió en un artículo de junio pasado en The Times titulado elocuentemente “Las Falklands secretas que siguen en conflicto”. “He leído los papeles del Foreign Office desde 1960 intentando entender la historia de Chagos: es una lacrimógena experiencia sobre el engaño y la arrogancia”, escribió.

*Publicado en Página12