martes, 7 de febrero de 2012

TODOS SOMOS INFRACTORES

Por Dr. Rubén Visconti*

La derecha y los derechosos ante cualquier acontecimiento social, que infrinja una ley, solicitan aumento de penas, al margen de la magnitud, edad o sexo, de los infractores. Pero omiten hacer referencias a su propia conducta.
En general, todo argentino tiene una opinión negativa con respecto a la política y a los políticos que se expresa con una fraseología sintética, ”son todos chorros”.
Los empresarios, que con toda seguridad evaden los impuestos que se les imponen a sus actividades, reunidos en un bar a tomar un cafecito, expresan esa opinión muy sueltos de cuerpo, en tanto evaden la casi totalidad del IVA, de Ganancias y también si pueden con una “buena” organización interna, los aportes patronales y también las retenciones impuestas a su personal. El trabajo en negro es una avivada que compete a todos los que pueden utilizarlo.
Otro tema, es el no pagar sobre las nuevas construcciones o los agregados a las existentes, por lo cual no abonan el impuesto inmobiliario provincial emergente. Al mentir con respecto al IVA se miente también con relación a los impuestos municipales derivados del mismo hecho imponible. El trabajo en negro se reitera en las ventas en negro, con un ejemplo fenomenal que se reitera en los mercados de abasto que cuando quiso corregirlo, le costó la primera huelga que perdió al hombre que todo lo podía,  o sea Perón.
Los únicos que sufren el pago de sus obligaciones dado que las deben satisfacer ante los denominados agentes de retención, son los trabajadores, empleados y demás, a los cuales esos agentes les hacen las retenciones legales correspondientes, con la “ventajita” de que esos valores que deben depositar en los primeros días del mes siguiente, quedan en su poder aun con el riesgo de ser descubiertos, con la ventaja de que si ello sucede no serán considerados como ladrones sujetos a la  leyes penales sino denominados evasores que podrán cumplir sus robos con plazos e intereses especiales, sin salir en los diarios ni en los noticieros.
Las leyes amparan esas conductas, existen ejemplos en el país relaciones con los robos de mercaderías que descubiertos por los propietarios o encargados, sufrieron la agresión física del asaltante, lo que motivó una sanción por “robo con agresión” de ocho años, si, 8 años de prisión.
El evasor que puede calificarse como un ladrón que agrede a toda la sociedad, recibe una sanción  que no pasa más allá de los intereses punitorios.
Todos somos infractores, titulamos este trabajo, aceptando que alguno se queje de esta generalización, pero que nos perdone si exageramos, lo que es producto de nuestra condición profesional, que ha vivido todas estas experiencias que son totalmente reales y comprobables. Es una conducta ”argentina” que podemos asignar también  a todos los ciudadanos del mundo.
El dinero “dulce” tiene una dulzura especial, como pasar un semáforo en rojo, una avivada justificable y aplaudible, aún a riesgo de que quienes la ejecutan pierdan su propia vida, y la sus familias, o la de los transportados por un  colectivo.
Quizás, como resultado de este segundo análisis debamos extender que lo que estamos refiriendo es un comportamiento referido a la condición humana.
Lo notable o por lo menos lo rescatable es que el Estado puede obtener mejores comportamientos a TODOS los infractores, mediante el dictado de normativas destinadas a sancionarlas y antes para verificarlas.
En primer lugar, normativas que amplíen la calificación de responsables al margen de los valores monetarios afectados, como rige en el impuesto a las ganancias, bajo el concepto de que antes que el valor de la infracción debe ser anticipado  y, por lo tanto, juzgado, por lo tanto, por la conducta que conlleva y habilita esa infracción.
Por ejemplo en Página12 de fecha martes 7 de febrero, se nos hace saber que en la Pcia. de Buenos Aires se ha localizado un country no declarado.
Si existe la responsabilidad ineludible del profesional ingeniero o arquitecto, o propietario o empresa del loteo, porqué no juzgarlos como responsables de la denuncia del final de obra, o porqué no se extiende a la sanción en  inhabilitar la propiedad adquirida para sacarla a remate púbico, como sanción de máxima.
Lo mismo, con los profesionales  contables que certifican balances elaborados sobre la base de datos falsos, con disminución de las existencias, mejoras pasadas a gastos, ventas en negro, declaraciones de sueldos y salarios incrementados, anormalidades pasadas a costos, capacidades normales incorrectas, vidas útiles menores a la real, y un sinfín más que podríamos seguir agregando, como la de síndicos que en vez de representar y vigilar los intereses de los accionistas menores se suma a las resoluciones dictatoriales de los directores.
Y la de los directores de sanatorios y hospitales que adquieren productos medicinales vencidos o con fecha muy próxima para ello pagando menores precios.
Quedan muchos más en todas las actividades de lucro que no cumplen con sus obligaciones fiscales en las cuales participan  los responsables directos y sus colaboradores.
Como ejemplo final citemos el caso de una gran empresa de auditorías mundial que acompañó en años recientes a una gran empresa que usando una metodología incorrecta, presentaba estados contables destinados a generar falsos incrementos  accionarios.
Cuando en nuestra condición de miembros activos de la APDH propusimos que la primera medida del gobierno de Alfonsin  fuera la de liberar  de las obligaciones jerárquicas a todos los componentes de las fuerzas armadas de modo que tuvieran libertad absoluta para dar a conocer todos los actos incursos en desconocimiento de los derechos humanos de los que tuvieran conocimiento, sostuvimos una similar posición con respecto a todas las inconductas como las referidas, al margen de su importancia y consecuencias, pero todas basadas en nuestras propias inconductas de las cuales somos exclusivamente responsables.

*Doctor en economía - Docente de la UNR
  Miembro del CEP

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