Las luchas y movimientos estudiantiles en Europa y América
responden a la pregunta con acciones masivas, abiertamente críticas y
desafiantes de la empecinada política educativa impuesta desde el FMI o
el Banco Mundial para ‘modernizar’ y hacer más ‘eficientes’ los sistemas
educativos nacionales. En Chile, Canadá, Puerto Rico, Inglaterra, entre
otros países, han aparecido enormes contingentes de estudiantes que se
han enfrentado a los administradores coloniales para reivindicar el
derecho a la educación.
En México, si bien el MovimientoYoSoy132 no tiene una
agenda exclusivamente estudiantil no puede negarse la enorme importancia
que tiene el tema educativo, sobre todo por su crítica a la televisión,
gran educadora de las mayorías y aliada del Vaticano.
La historia México y el surgimiento del estado liberal tuvo entre sus
problemas más delicados el del papel del estado en la educación. Como
consecuencia del monopolio que ejerció la iglesia católica para educar a
la población, a lo largo de los tres siglos de la Colonia, se consideró
natural que dicha institución controlase el proceso educativo y peor
aún, el clero lo sigue considerando hoy. Una de las demandas más
recurrentes de las autoridades eclesiásticas y de las organizaciones
afines es lo que llaman, la libertad de la educación, entendida ésta
como la posibilidad de que sea incorporada la enseñanza católica en las
escuelas públicas; se considera que el alumnado, predominantemente
católico, ve coartadas sus libertades al impedírsele recibir dicha
educación en el aula. Este argumento deja de lado el hecho de la
existencia de la enseñanza privada, buena parte de la cual es controlada
por grupos religiosos, y de la libertad de los padres y madres de
familia para inscribir a su descendencia en cualquiera de ellas. En todo
caso la discusión no es nueva, pero es evidente la importancia que se
le atribuye a la educación y el sitio estratégico que tiene en el
desarrollo de la sociedad. Este conflicto podría ser resumido en dos
ideas dominantes en relación con la educación y la sociedad: la
educación es un problema privado o un problema público.
Al tratar de contestar la pregunta, sería necesario considerar que la
sociedades contemporáneas, y en particular la mexicana, se debaten
entre caracterizar la cuestión educativa como parte de la esfera privada
o de la esfera pública. Por ello, el objeto de estas líneas será
describir algunos de los argumentos que defienden ambas posiciones para
invitar a la reflexión.
Empezaré con los argumentos más utilizados por los defensores de la
educación como parte de la esfera privada. El argumento central es muy
sencillo: la educación y sus contenidos deben ser supervisados y
aprobados por los padres de familia desde la perspectiva de los valores y
religión que profesan en el hogar. De otro modo, los progenitores verán
menoscabado su derecho a decidir sobre sus hijos y el ejercicio de su
libertad para decidir lo que es mejor para su familia.
Una de las organizaciones más activas en la defensa de la educación,
como parte de la esfera privada, es la Unión Nacional de Padres de
Familia, que en su página de internet ofrece un diagnóstico revelador de
las ideas principales con las cuales defienden su postura al respecto:
Sabiendo que la libertad de Educación en México es precaria y que no
está reconocida en la constitución, ni recibe apoyo alguno por parte del
gobierno y que la Calidad de la Educación es pobre, este proyecto busca
el que se reconozca y apoye el derecho de los padres para educar a sus
hijos de acuerdo a sus principios y convicciones, y que haya Libertad de
Educación para todos, con un sistema educativo que promoviendo los
valores universalmente aceptados, eleve la Calidad de la Educación para
que, además de atender el desarrollo integral de la persona, compita
favorablemente en el Concierto Mundial de Naciones. [1]
El diagnóstico se basa en los siguientes argumentos: la precaria
libertad en la educación no está reconocida en la Carta Magna -aunque
con la posibilidad hoy por hoy de que se apruebe la reforma al artículo
24 - y por lo tanto no recibe apoyo oficial, por lo que es ‘pobre’
cuando las escuelas privadas reciben enormes transferencias de recursos y
apoyos fiscales. Frente a tal panorama se reivindica sólo una cosa: que
los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y
convicciones, que no son otros que los universalmente reconocidos -léase
los valores católicos. Sólo así el alumnado podrá desarrollarse
integralmente y ser competitivo en el mundo. En otras palabras, la
educación en México es deficiente básicamente porque limita la libertad
en la educación. Se podría deducir de lo anterior que la calidad de la
educación está directamente relacionada con los valores promovidos, con
el nivel de participación de los padres de familia y no necesariamente
con la calidad y actualidad de los contenidos específicos de los
programas de estudios. O sea, la escuela está para reproducir los
valores familiares; lo demás es lo de menos.
Hay otro argumento que está estrechamente ligado al anterior y que se
utiliza mucho a la hora de elegir una institución para realizar
estudios profesionales: la educación privada fomenta la competitividad.
El desarrollar las habilidades necesarias para competir es uno de los
valores más importantes que debería impulsar la educación. Así, el
individuo que ingresa a una institución privada y paga para ser
admitido, concibe a la educación como una inversión, que podrá recuperar
al terminar sus estudios e integrarse al mercado laboral, basándose en
su capacidad para competir con otros. Ya que el mercado se rige por la
competencia, es necesario que el individuo comprenda y desarrolle las
habilidades necesarias en la escuela para, posteriormente, moverse con
soltura en su vida profesional. Y esto sólo se puede lograr si, y sólo
si, el individuo invierte en ello; sólo si compite con otros para
obtener honores y privilegios. Si el individuo paga más, o sea, invierte
más, podrá aspirar a obtener mejores ganancias en el futuro. La calidad
de la educación, desde esta perspectiva, está directamente relacionada
con la posibilidad de recuperar la inversión con creces y no
necesariamente con la interiorización de valores, a no ser el de la
ganancia material como sinónimo de éxito.
Como se ve los argumentos anteriores, si bien forman parte de la idea
de que la educación privada es superior a la pública, no necesariamente
coinciden con respecto a los valores promovidos. El valor fundamental
en el seno familiar no es la competencia sino la cooperación; pero en el
mercado laboral sucede exactamente lo contrario. De este modo queda
expuesto que la idea de la educación, como problema específico de la
vida privada, contiene contradicciones ya que para unos lo central es la
educación de valores mientras que para otros lo primordial es la
educación para la competencia, en donde lo importante es ganar, aun a
costa de los demás.
Desde la perspectiva de la preeminencia de la esfera pública, que
define a la educación como un problema social, voy a describir dos
argumentos que ilustran sus perspectivas.
En primera instancia, si se parte de la premisa de que el Estado
tiene como objetivo fundamental la preservación y promoción de la paz
social -indispensable para generar un ambiente favorable a los
‘negocios’, aunque el caos que vivimos no parece afectarles mucho- es
necesario que intervenga y regule la esfera educativa. Al uniformizar
contenidos educativos, controlando y supervisando a las autoridades e
instituciones educativas, el Estado no hace otra cosa que reducir la
posibilidad de conflictos sociales. De otro modo, la Nación no contaría
con una identidad colectiva, nacional, que le permitiera a sus miembros
reconocerse como ciudadanos y por lo tanto estaría expuesta a constantes
divisiones. Se podría objetar la neutralidad de la historia oficial,
promovida en la educación pública, pero sería difícil no reconocer que
el objetivo de dicha historia no es otra que dotar de símbolos
nacionales que sirvan como asidero para no sólo formar parte formalmente
de la Nación, sino para que el ciudadano se sienta parte de ella. La
construcción de la Nación, o sea de esta comunidad de individuos que se
siente parte de una cultura, una historia, un marco legal común, inició
en México sólo después de la guerra de Reforma, en la que se debatieron
precisamente los valores constitutivos de la nacionalidad, en particular
del principal agente educador, la Iglesia o el Estado. La construcción
de la nacionalidad mexicana pasó necesariamente por el control estatal
de la educación. Toda la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario en
el que se cimentaron los ejes constitutivos de nuestra mexicanidad; la
escuela fue un espacio central de dicho proceso, al mismo tiempo que el
Estado liberal empezaba a construirse, apostando precisamente por la
invención de una Nación desde la escuela laica.
Ahora me gustaría abordar un segundo argumento, que está relacionado
con lo que había señalado antes en términos de inversión y educación.
A diferencia de las instituciones privadas, las públicas se
caracterizan por su gratuidad en términos de cuotas o colegiaturas. Este
hecho -puesto en duda en los últimos años, sobre todo en las
universidades mexicanas- representa otro elemento necesario para
contestar a la pregunta de este ensayo. Desde la idea de la importancia
de reconocer a la educación como un problema de carácter público, la
gratuidad de la educación pública se basa en el principio de que no son
los individuos los más beneficiados al adquirir conocimientos sino la
sociedad en su conjunto. En este sentido, no es el individuo el que
invierte sino la sociedad, ya que será ella la principal beneficiada al
contar con ciudadanos y ciudadanas preparadas para atender los
conflictos sociales y económicos de un país.
El Estado, al invertir en la educación, promueve el enriquecimiento
de la Nación y su capacidad para enfrentar los cambios que impone el
mundo en el que vivimos. Para ello es necesario que el estudiantado no
conciba a la educación como una inversión personal sino social. De este
modo, el profesionista se incorpora al mercado laboral pensando en que
cómo retribuir a la sociedad, más que en cómo recuperar lo que gastó en
su educación. Esta pequeña diferencia es, en mi opinión, en la que
descansa uno de los más fuertes argumentos a favor de la educación
pública: en lugar de salir a trabajar buscando cómo cobrarse, el
individuo se incorpora a la sociedad pensando en que cómo retribuir,
para quedar a mano con la sociedad que le concedió el privilegio de una
educación universitaria. Es evidente que éste profesionista no se olvida
de sí mismo y de sus necesidades, pero al sentir que está en deuda, por
la educación que recibió, tendrá una visión más humana y social de su
vida profesional y de su relación con la sociedad en la que vive.
Independientemente de la posición que se defienda de algo estoy
seguro: el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades es
fundamental. En consecuencia es necesario abrir la discusión,
involucrando a todos los actores sociales, para definir los objetivos de
la educación y de la Nación, desde una perspectiva común, social,
incluyente. Defender la educación pública consiste precisamente en
evitar la exclusión desde una perspectiva familiar o religiosa, situando
el problema en el espacio público y partiendo de la idea de una
educación ajena a prejuicios y falsedades disfrazadas de sentido común.
Por eso, al preguntarnos ¿Por qué defender a la educación pública?
habría que poner en la balanza los beneficios de la educación desde la
perspectiva de las necesidades individuales o colectivas y plantear otra
pregunta: ¿A qué clase de sociedad aspiramos? Al responderla estaremos
en mejor posición para comprender la magnitud del problema.
Nota:
[1] Unión Nacional de Padres de Familia. Libertad de educación. www.unpf.org.mx
*Publicado en Telesurtv.net
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