En el marco del Plan Nacional de
Telecomunicaciones, los relevistas de la Universidad Tecnológica
Nacional verificaron in situ que sobre una muestra de 1.104.645 hogares
de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, usuarios de TV
por cable e Internet por cablemodem, que más del 90% son clientes
cautivos de Cablevisión-Fibertel del Grupo Clarín.
Están distribuidos en 268 localidades, relevadas a lo largo y ancho de
las rutas nacionales y provinciales, desde las más grandes a las más
chicas. La muestra abarca todos los sectores sociales pero tiene una
representatividad sesgada hacia los de menor poder adquisitivo, dentro
de los que pueden pagar la TV cableada.
Menos del 10% de los hogares con cable son clientes de Telecentro, Tele
Red y otras pymes y cooperativas más chicas. Pero casi todos estos
operadores no tienen cableado propio para llegar a la mayor parte de sus
clientes. Deben pagarles peaje al monopolio, con precios y
condicionamientos arbitrarios. Cablevisión es propietaria del 97% del
tramado de las redes de videocable en las provincias argentinas de
Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre
Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Salta, incluidas las redes
que utilizan los operadores minoritarios de televisión e Internet. Esta
situación le permite un control total de contenidos, servicios y precios
y hasta decidir a que competidores les deja hacer uso de sus propias
redes, o sea que los elige.
No hay ningún otro medio de comunicación con semejante poder y nivel de
concentración. Ni siquiera la telefonía fija que sigue siendo duopólica
se le acerca, menos aun la telefonía celular. Su posición en el mercado
de la TV cableada es más que dominante, es un monopolio estructural
absoluto.
Casi toda la red de videocable y cablemodem esta posteada en la vía
pública y no soterrada. Los municipios no permiten más postes que
deterioren la vía pública y contaminen visualmente. En muchas ciudades
como la de Buenos Aires las ordenanzas autorizaron hasta cuatro postes
metálicos por cuadra al grupo dominante del mercado y el resto de las
prestadoras quedan obligadas a alquilarles postes o cables al monopolio.
Aunque tengan los recursos económicos, técnicos y financiamiento, los
nuevos competidores ya no pueden poner más postes y cables en la vía
pública. Quedan obligados a rentar la estructura de
Cablevisión-Fiberetel. Con sus postes y cables ya instalados, el Grupo
Clarín es de hecho el único privilegiado usuario de las veredas públicas
municipales.
Cuando otra empresa invirtió y consiguió autorización para posteado y
cableado propio, el monopolio recurrió al dumping, como ocurrió en Río
Cuarto-Córdoba, donde al instalarse Supercanal, Cablevisión redujo los
abonos a la mitad del precio para lograr que el competidor cayera y que
la población quedase sin “libertad para elegir”. Ese era el mensaje
publicitario de Cablevisión . Hizo exactamente lo contrario.
La normativa actual le impide intervenir a la CNC, autoridad nacional de
control, ante las irregularidades de un prestador sin licencia, como
ocurre con Fibertel. El único recurso de los damnificados es la denuncia
judicial. Se da la paradoja de convenirle al monopolio operar fuera de
la ley para que sus procedimientos sólo puedan ser impedidos por un juez
y no por la autoridad administrativa, mucho más ejecutiva y efectiva.
Varias veces la justicia, en primera y segunda instancia, les ha
ordenado modificar procedimientos por sus “maniobras con finalidad de
excluir a sus competidores, ofertas en precios predatorios y
manipulación de la grilla de señales de noticias que no pertenecen al
Grupo Clarín”. Los incumplieron sistemáticamente y eso ocasionó su
intervención judicial.
Pero el monopolio estructural absoluto del cable no se terminará con
medidas y plazos judiciales. Sólo podrá desarmarse por medio de una
nueva ley específica que declare de interés nacional las redes cableadas
de TV e Internet, al igual que nuestros legisladores hicieron con el
papel de diarios. Interés nacional basado en la Ley General y el Plan
Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, que sienta las bases
de la real democratización de todas las comunicaciones de los
argentinos. La jurisprudencia establece que las redes de
telecomunicaciones, adquiridas e instaladas en base a rentas de
servicios monopólicos, deben pasar a integrar el patrimonio del Estado,
luego de vencidas o canceladas las concesiones o licencias a los
privados. Fibertel ya la perdió hace un año y el 9 de diciembre próximo
se terminan definitivamente los plazos para que oligopolio de Clarín nos
devuelva a los argentinos lo apropiado durante décadas. -
* Ingeniero en Telecomunicaciones. Director de Relevamientos y Proyectos de Argentina Conectada.
Publicado en Tiempo Argentino
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