Por Gerald Epstein *
La ideología dominante sostiene que la única tarea legítima para los
bancos centrales es controlar la inflación; ese objetivo suele
perseguirse a expensas de otras metas más amplias como la creación de
empleo, estabilidad financiera y crecimiento económico. Ahora, en lo que
representa un cambio muy importante, el gobierno de la Argentina se
enfrentó a ese “sentido común” neoliberal y modificó la Carta Orgánica
del Banco Central: amplió su mandato para incluir el crecimiento
económico y la estabilidad financiera, y le dio la capacidad para
utilizar más herramientas para impulsar la colocación de crédito
destinado a la promoción de inversiones productivas y a la creación de
empleo.
En marzo, el Congreso aprobó la nueva legislación que regula el
funcionamiento de su Banco Central y el sistema financiero. Esta nueva
legislación marcó el último paso formal en la reorganización de las
reglas que gobiernan el funcionamiento de la política monetaria y
cambiaria del Banco Central después del desastroso plan de
convertibilidad que ató la moneda argentina al dólar en 1991. La ley de
convertibilidad exigía que el Banco Central mantuviera fija la
cotización del tipo de cambio peso/dólar en lo que fue una versión
extrema de la política monetaria neoliberal concentrada en el objetivo
excluyente del combate a la inflación a expensas del crecimiento
económico, la creación de empleo y el desarrollo.
La reforma del Banco Central instituyó un triple mandato que incluye
la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo
económico con creación de empleo y equidad distributiva. La reforma
también crea nuevos instrumentos de política fiscal y monetaria: permite
que el BCRA preste al gobierno directamente hasta el 12 por ciento de
la base monetaria y que adelante fondos que corresponden a no más del 10
por ciento de los ingresos fiscales en los 12 meses previos. Además
habilita el uso de las reservas internacionales para el pago de las
obligaciones de deuda externa del gobierno nacional, eliminando algunas
restricciones que existían para el uso de esos recursos. Tal vez el
aspecto más importante es que la reforma permite que el Banco Central
ofrezca fondos a los bancos locales y otras instituciones financieras
para el financiamiento de inversión productiva de largo plazo.
La nueva legislación ya está cosechando críticas desde la ortodoxia.
La revista británica The Economist, por ejemplo, proclamó que el Banco
Central argentino se convirtió en el “chanchito” del gobierno argentino,
“perdiendo la última porción de su independencia legal” (3 de marzo de
2012, www.economist.com/node/21551507). Esto, sostienen ellos, conducirá a una inflación desenfrenada y masivo déficit presupuestario.
Sin embargo, el nuevo mandato está en sintonía con las prácticas
históricas de los bancos centrales. A lo largo de la historia, los
bancos centrales han estado integrados al marco global de la política
macroeconómica de los gobiernos. Esto ha sido así no sólo en los países
en desarrollo sino también en muchos de los países hoy “desarrollados”
en Europa, Japón e incluso en Estados Unidos y en Inglaterra. La
coordinación de los banqueros centrales con las autoridades fiscales y
el impulso a las políticas de expansión del crédito fueron fundamentales
para la recuperación de Europa y Japón después de la Segunda Guerra
Mundial, en el crecimiento y desarrollo de las experiencias exitosas del
Sudeste asiático como Corea del Sur, Taiwán, China e India, y en
Estados Unidos e Inglaterra en algunos sectores específicos como el
sector inmobiliario después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra
Mundial.
Recientemente, políticas muy similares han sido propuestas para
ayudar en la creación de empleo y lograr una transición hacia una
economía verde. Pero que no quede ninguna duda: esas políticas pueden
ser y han sido abusadas. Como señaló la economista Alice Amsden en su
libro seminal The Rise of the Rest, para lograr el éxito se deben
establecer requerimientos de desempeño para el acceso al crédito
subsidiado y se debe mantener un monitoreo cercano de las políticas de
colocación de préstamos. Lo mismo se debe hacer para las relaciones
entre los bancos centrales y los gobiernos. Pero estas tareas no son más
complejas que asegurarse que los llamados bancos centrales
independientes actúen en nombre del interés de toda la sociedad, antes
que impulsar los intereses de un pequeño grupo privilegiado, usualmente
el sector financiero. A lo largo de la gran crisis que estamos
experimentando, y durante el colapso económico argentino en 2001-2002,
hemos visto los altos costos del vínculo íntimo entre los bancos
centrales y el sector financiero.
Poco a poco se está construyendo un respaldo internacional para la
nueva Carta Orgánica del Banco Central. Cartas de apoyo a esos cambios
fueron enviadas por economistas en distintas partes del mundo (como
Estados Unidos e Inglaterra, y ya está lista otra misiva desde Turquía).
Esperamos que este apoyo se fortalezca rápidamente, a medida que la
presión desde los detractores seguramente se acumule. Esperamos que
otros países observen de cerca la experiencia argentina y se inspiren
para sumergirse en un camino similar: la transformación de sus bancos
centrales, para que actúen menos como agentes de las finanzas y la
inestabilidad, y más como agentes de la equidad y el desarrollo
económico.
* Co-director del Political Economy Research Institute (PERI) y Safer, Universidad de Massachusetts, Amherst.
Publicado en Página12
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