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| Imagen Telam |
El ataque especulativo del que ha
sido objeto la moneda nacional en estos últimos meses presenta algunos rasgos
novedosos en el marco de fenómenos de larga duración y no tiene fines meramente
económicos, sino eminentemente políticos. A diferencia de otras épocas, la reciente devaluación del peso no fue anunciada
como una medida técnica tendiente a reinstalar la “racionalidad económica” que
demandan los mercados sino como una decisión que es fruto de un contexto
político conflictivo cuyo eje central es el ataque especulativo de grupos
concentrados contra la moneda nacional.
Este ataque especulativo se basa en tres tipos de acciones solidarias entre sí, algunas novedosas y otras no: la fuga de divisas; la no liquidación o la liquidación “por goteo” de las divisas especialmente por parte de los agro-exportadores y la instalación del dólar ilegal como marco de referencia del sistema de precios locales. Es necesario situar en contexto estas estrategias, para comprender qué hay de novedoso –y qué no- en lo que ocurre en estos días.
La fuga de divisas es un fenómeno creciente desde fines del año 2007, con picos en el conflicto por la Resolución 125 en 2008 (U$D 23.908 millones), decreciendo en 2009 y 2010 (U$D 14.123 millones y U$D 11.410 millones, respectivamente) y un nuevo pico en el año del triunfo con que fue reelecta Cristina Fernández, con U$D 21.504 millones. Respecto al período 2012-2013, el ministro de economía Axel Kiciloff acaba de declarar que “a través de operaciones financieras sofisticadas con títulos públicos, el sector financiero, junto con los sectores económicos más concentrados, consiguió sacar y entrar dólares de la Argentina por un total de 30 mil millones de dólares desde que se implementaron las medidas hasta ahora”.
Se trata de una práctica histórica que se remonta a la dictadura y que en este interregno volvió a cobrar un fuerte dinamismo (lo que explica por qué aparecieron una serie de restricciones cambiarias que ahora el equipo económico comienza a desmontar). A su vez, esta práctica viene a reforzar otro fenómeno de larga duración: la consolidación de activos de argentinos en el exterior. A marzo de 2013, se estima que principalmente los grupos concentrados de la economía argentina tienen activos en el extranjero por U$S 205.924 millones equivalentes al 45,3% del PBI nacional (antes de la crisis de 2001, eran U$S101.437 millones, el 41.3% del PBI). Según el INDEC, de ese monto sólo el 15,6 % corresponde a inversiones directas, el resto son depósitos o inversiones en activos. ¿Qué es lo novedoso aquí? En el corto período 2012-2013, estos grupos opusieron a las restricciones cambiarias un complejo mecanismo de fuga mediante la adquisición de acciones y títulos públicos. En el período más largo, 2003-2013, lo novedoso del ciclo kirchnerista es que el gobierno no financió la fuga mediante endeudamiento, algo imperdonable para los grupos concentrados del poder financiero local e internacional.
La no liquidación de divisas o la liquidación por goteo es el segundo eje de esta estrategia conjunta. Anticipada por el titular de la Sociedad Rural Luis Etchehevere a principios de 2013, este tipo de acción muestra el poder de fuego de este sector sobre la economía argentina, que no se reduce a la formación de precios de productos de consumo masivo, dado el altísimo grado de concentración en la producción primaria, la comercialización y la cadena de valor agregado. En efecto, y en tanto generador de divisas, lo que se está verificando en este contexto es que este actor ha realizado una acumulación en capital de tal magnitud que puede especular con los tiempos de la liquidación de la cosecha (en 2008, pudo sostener un conflicto álgido por varios meses, aunque lo hizo habiendo liquidado una parte sustanciosa de la cosecha de aquel año). A través de esta práctica, este sector busca asumir el papel que en otros tiempos ejercía el FMI en la economía argentina: conceder divisas a cambio de condicionar la política macroeconómica. De este modo, el proceso de desendeudamiento externo llevado a cabo por el gobierno nacional para ganar espacios de autonomía ahora se ve desafiado por este actor interno, cuyo objetivo a corto plazo parece ser la eliminación de las retenciones, para desligar ya completamente la renta que captura en Argentina del ciclo económico nacional.
La fijación del dólar ilegal como referencia del sistema de precios es un fenómeno reciente y complejo, pero se basa en el intento de dolarizar la economía iniciado con la dictadura y llevado casi hasta sus últimas consecuencias con la convertibilidad. Este fenómeno necesariamente requiere de la erosión de las capacidades estatales en tanto autoridad para decidir el valor de la moneda. Es más: no es posible dolarizar sin quebrar la soberanía del estado nacional y por eso los economistas neoliberales colocan en el centro de la discusión al Estado, como aquel actor causante de los "males de la economía". Según un esquema unidireccional se quiere convencer que la inflación es causada por la emisión monetaria que a su vez es causada por el gasto público, el cual además explica la presión tributaria que impediría la liberación de las fuerzas económicas de los sectores modernos de la economía, esto es, los grupos concentrados. El círculo cierra perfecto: a un estado debilitado, le sucede el gobierno del mercado, es decir, de los grupos concentrados.
De modo que los ataques especulativos de los grupos concentrados de la economía argentina no persiguen meramente aumentar su rentabilidad –ya tienen altos niveles de rentabilidad-, sino fundamentalmente buscan gobernar, por las vías en que pueden y saben hacerlo, es decir, mediante este tipo de estrategias. Dominantes en la economía, se proponen también ser dirigentes y ahora, envalentados con la ilusión de que pueden seducir a más de un candidato “competitivo”, reafirman una promesa ya hecha en tiempos de la convertibilidad –y que se reveló falsa en 2001: que si se libera el mercado, los dólares se tornarán accesibles para los argentinos.
Se trata, pues, de un desafío de poder, pero que no es novedoso en el ciclo kirchnerista. Las políticas propuestas para dar respuesta a esta coyuntura, dentro de las que se destacan por su relevancia el acuerdo de precios para contrarrestar los efectos negativos de la devaluación y el levantamiento de la prohibición de adquisición de dólares para atesoramiento, no pueden pensarse por fuera de la matriz de un proyecto político que busca que el producto del trabajo de los argentinos sea gozado por aquellos mismos que pusieron el hombro para sacar adelante el país que en 2001 había sido devastado.
Este ataque especulativo se basa en tres tipos de acciones solidarias entre sí, algunas novedosas y otras no: la fuga de divisas; la no liquidación o la liquidación “por goteo” de las divisas especialmente por parte de los agro-exportadores y la instalación del dólar ilegal como marco de referencia del sistema de precios locales. Es necesario situar en contexto estas estrategias, para comprender qué hay de novedoso –y qué no- en lo que ocurre en estos días.
La fuga de divisas es un fenómeno creciente desde fines del año 2007, con picos en el conflicto por la Resolución 125 en 2008 (U$D 23.908 millones), decreciendo en 2009 y 2010 (U$D 14.123 millones y U$D 11.410 millones, respectivamente) y un nuevo pico en el año del triunfo con que fue reelecta Cristina Fernández, con U$D 21.504 millones. Respecto al período 2012-2013, el ministro de economía Axel Kiciloff acaba de declarar que “a través de operaciones financieras sofisticadas con títulos públicos, el sector financiero, junto con los sectores económicos más concentrados, consiguió sacar y entrar dólares de la Argentina por un total de 30 mil millones de dólares desde que se implementaron las medidas hasta ahora”.
Se trata de una práctica histórica que se remonta a la dictadura y que en este interregno volvió a cobrar un fuerte dinamismo (lo que explica por qué aparecieron una serie de restricciones cambiarias que ahora el equipo económico comienza a desmontar). A su vez, esta práctica viene a reforzar otro fenómeno de larga duración: la consolidación de activos de argentinos en el exterior. A marzo de 2013, se estima que principalmente los grupos concentrados de la economía argentina tienen activos en el extranjero por U$S 205.924 millones equivalentes al 45,3% del PBI nacional (antes de la crisis de 2001, eran U$S101.437 millones, el 41.3% del PBI). Según el INDEC, de ese monto sólo el 15,6 % corresponde a inversiones directas, el resto son depósitos o inversiones en activos. ¿Qué es lo novedoso aquí? En el corto período 2012-2013, estos grupos opusieron a las restricciones cambiarias un complejo mecanismo de fuga mediante la adquisición de acciones y títulos públicos. En el período más largo, 2003-2013, lo novedoso del ciclo kirchnerista es que el gobierno no financió la fuga mediante endeudamiento, algo imperdonable para los grupos concentrados del poder financiero local e internacional.
La no liquidación de divisas o la liquidación por goteo es el segundo eje de esta estrategia conjunta. Anticipada por el titular de la Sociedad Rural Luis Etchehevere a principios de 2013, este tipo de acción muestra el poder de fuego de este sector sobre la economía argentina, que no se reduce a la formación de precios de productos de consumo masivo, dado el altísimo grado de concentración en la producción primaria, la comercialización y la cadena de valor agregado. En efecto, y en tanto generador de divisas, lo que se está verificando en este contexto es que este actor ha realizado una acumulación en capital de tal magnitud que puede especular con los tiempos de la liquidación de la cosecha (en 2008, pudo sostener un conflicto álgido por varios meses, aunque lo hizo habiendo liquidado una parte sustanciosa de la cosecha de aquel año). A través de esta práctica, este sector busca asumir el papel que en otros tiempos ejercía el FMI en la economía argentina: conceder divisas a cambio de condicionar la política macroeconómica. De este modo, el proceso de desendeudamiento externo llevado a cabo por el gobierno nacional para ganar espacios de autonomía ahora se ve desafiado por este actor interno, cuyo objetivo a corto plazo parece ser la eliminación de las retenciones, para desligar ya completamente la renta que captura en Argentina del ciclo económico nacional.
La fijación del dólar ilegal como referencia del sistema de precios es un fenómeno reciente y complejo, pero se basa en el intento de dolarizar la economía iniciado con la dictadura y llevado casi hasta sus últimas consecuencias con la convertibilidad. Este fenómeno necesariamente requiere de la erosión de las capacidades estatales en tanto autoridad para decidir el valor de la moneda. Es más: no es posible dolarizar sin quebrar la soberanía del estado nacional y por eso los economistas neoliberales colocan en el centro de la discusión al Estado, como aquel actor causante de los "males de la economía". Según un esquema unidireccional se quiere convencer que la inflación es causada por la emisión monetaria que a su vez es causada por el gasto público, el cual además explica la presión tributaria que impediría la liberación de las fuerzas económicas de los sectores modernos de la economía, esto es, los grupos concentrados. El círculo cierra perfecto: a un estado debilitado, le sucede el gobierno del mercado, es decir, de los grupos concentrados.
De modo que los ataques especulativos de los grupos concentrados de la economía argentina no persiguen meramente aumentar su rentabilidad –ya tienen altos niveles de rentabilidad-, sino fundamentalmente buscan gobernar, por las vías en que pueden y saben hacerlo, es decir, mediante este tipo de estrategias. Dominantes en la economía, se proponen también ser dirigentes y ahora, envalentados con la ilusión de que pueden seducir a más de un candidato “competitivo”, reafirman una promesa ya hecha en tiempos de la convertibilidad –y que se reveló falsa en 2001: que si se libera el mercado, los dólares se tornarán accesibles para los argentinos.
Se trata, pues, de un desafío de poder, pero que no es novedoso en el ciclo kirchnerista. Las políticas propuestas para dar respuesta a esta coyuntura, dentro de las que se destacan por su relevancia el acuerdo de precios para contrarrestar los efectos negativos de la devaluación y el levantamiento de la prohibición de adquisición de dólares para atesoramiento, no pueden pensarse por fuera de la matriz de un proyecto político que busca que el producto del trabajo de los argentinos sea gozado por aquellos mismos que pusieron el hombro para sacar adelante el país que en 2001 había sido devastado.
*Publicado por Telam
Ademas recrudece la operatoria, si no me equivoco, coincidiendo con la feria judicial. No se si se podría reclamar judicialmente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero a cualquier particular, la evasión le acarrea exigencias y sanciones, porqué aquí, ante tamañas operaciones de evasión no se puede? Jueces que rechazaron el reclamo nacional de las tierras espuriamente concedidas por la administracion de la época cavallista de la convertibilidad y mantienen congelado , sin definir, el reclamo de la afip al diario La Nación, en fin hay varios actores por acción y por omisión.
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