Mientras se aguarda una definición del Gobierno, un enfoque diferente de
abordaje al que suelen difundir los ex secretarios de Energía que
privatizaron el sector indica las razones por las que es válido el
actual debate. Un recorrido al tema en seis interrogantes.
El comportamiento observado por las empresas privadas energéticas en
el país, a partir de la desregulación y privatización de los
hidrocarburos, ha sido privilegiar la maximización de ganancias en el
corto plazo y la remisión de las utilidades al exterior. Estos conceptos
son contradictorios con la necesidad del país de contar con
disponibilidad y producción de energía suficiente para garantizar el de-
sarrollo del aparato productivo, a un costo que asegure las ventajas
competitivas, en el mercado interno y en el exterior, de los productos
elaborados en el país. El cumplimiento de estos objetivos nacionales
demanda una planificación de largo plazo que considere la explotación
racional de recursos, la búsqueda de nuevas fuentes de energía y asegure
la disponibilidad a futuro. De allí que, según los especialistas
consultados, sea imprescindible la consideración de los hidrocarburos
como recurso estratégico de interés nacional y no un bien libre de
mercado.
- ¿Esto implica excluir a la empresa privada de la actividad de extracción de hidrocarburos?
No. Aunque en orden al criterio anterior de dar prioridad a los
objetivos nacionales en materia energética, las empresas privadas que
participen en la actividad deberían quedar encauzadas en los
lineamientos que establezca la planificación estatal para el logro de
aquellos objetivos. Esto puede significar la obligación de asociarse al
Estado en cada explotación, con la posibilidad de que la operación
técnica quede en manos del privado pero bajo control de la explotación y
del destino del recurso en manos del Estado. Este es el modelo que se
aplica, por ejemplo, en Venezuela (Pdvsa) y Brasil (Petrobras).
- ¿Por qué YPF debería volver al Estado?
Porque desde que el Estado perdió el control de la empresa ha dejado
de cumplir con todos los objetivos estratégicos mencionados. Desde su
creación (1922) hasta que se inició el proceso de desregulación y
privatización (1992), YPF expandió la producción y oferta de energía en
todas sus formas, brindó energía abundante y barata, desarrolló un
aparato productivo industrial y tecnológico de gran importancia a nivel
regional y fue la responsable de descubrir y desarrollar prácticamente
todas las áreas petrolíferas hoy en producción. Actuaba como empresa
testigo en todas las etapas de la producción y coordinaba, junto a las
empresas estatales de generación y distribución eléctrica, y
distribución de gas, el conjunto de recursos energéticos para asegurar
precios y abastecimiento. En materia de combustibles, regulaba la compra
y cuotas de producción asignadas a cada refinería a través de una “mesa
de crudos” que garantizaba, también en este caso, precios y
abastecimiento en cada etapa. Si bien buena parte de estas tareas
podrían ser asignadas a otros organismos, teniendo en cuenta que los
hidrocarburos satisfacen casi el 90 por ciento de las necesidades
energéticas de la economía nacional e YPF es el principal operador
integrado del sector (34 por ciento de la extracción de petróleo y 23
por ciento de la del gas natural, a diciembre de 2011; 51,7 por ciento
de la capacidad instalada de refinación de crudo y 55,2 de la oferta de
combustibles líquidos de producción nacional), para muchos especialistas
es una herramienta imprescindible para cumplir los objetivos de
política nacional expresados más arriba.
- Frente a tantos vaivenes en la Bolsa desde enero a esta
parte, ¿cuál es el precio al que debería negociarse una eventual compra
de YPF?
El precio bursátil de YPF es una ecuación con un muy alto componente
especulativo. La parte del capital que se opera o “flota” en el mercado
es minoritaria y muy poco representativa del valor de la empresa. El
57,5 por ciento de YPF está en manos de Repsol y el 25,5 por ciento en
el Grupo Petersen (familia Eskenazi), con lo cual el capital “flotante”
es de alrededor del 17 por ciento. De esta porción, sólo una parte
ínfima se ofrece a diario en el mercado, porque la mayoría de ese 17
está en manos de inversores particulares o institucionales (fondos
bancarios, carteras de ahorristas) de poca movilidad, es decir que no
los compran y venden a diario.
YPF es un papel de los denominados de “baja liquidez”, de pocas
operaciones regularmente. Sin embargo, ante la disputa con el Gobierno y
la ola de rumores, la acción adquirió un alto vuelo especulativo a
diario, con operatoria no siempre transparente y movimientos carentes de
lógica. Rumores de “intervención” o “expropiación” han provocado, por
ejemplo, fuertes bajas (29 de febrero, 15 por ciento) o fuertes alzas
(último jueves, 7,4 por ciento) en días diferentes y ante presunciones
similares (sendos anuncios que se suponía iba a hacer la presidenta de
la Nación en las horas siguientes). El “precio de mercado”, en estas
condiciones, pasó de unos 16 mil millones de dólares el año pasado a
menos de 9000 millones esta semana, pero los acontecimientos de estos
días vuelven a demostrar que una y otra punta pueden representar, ambos,
una ficción manejada por especuladores que sacan partida del
desconcierto, tanto cuando sube como cuando baja la acción.
- Entonces, ¿cuál es el valor de referencia que debería tomarse para YPF?
De acuerdo con los estados contables de la empresa al 31 de
diciembre de 2011, el patrimonio neto de la empresa (activos totales
menos pasivos totales) es de 18.375 millones de pesos. A cotización
actual (4,40 pesos por dólar) equivaldrían a 4176 millones de dólares.
Sobre esa base, una negociación entre el gobierno nacional y los
accionistas principales (en este caso, Repsol y Grupo Petersen) debería
tomar en cuenta los pasivos ambientales no contabilizados (daños al
medio ambiente en zonas de producción o transporte) e incumplimientos en
los que pueda haber incurrido la empresa y puedan ser considerados, en
consecuencia, como “pasivos contingentes” (reclamables por la parte
afectada).
- YPF no implica un doble costo para el Estado, ya que al
pago de las acciones se debe sumar las inversiones necesarias que la
empresa en manos privadas no hizo? ¿No sería más conveniente crear una
nueva empresa y arrancar de cero?
La respuesta que dan los analistas en ambos casos es que no. Con YPF
se parte de una situación de posición dominante real, porque tiene
instalaciones y capacidad productiva y de distribución en toda la
cadena, desde el pozo (equipos de perforación y otros servicios) hasta
la red de estaciones de servicio, pasando por las refinerías, oleoductos
y flota de transporte, aunque no se tome en cuenta los yacimientos, que
son de propiedad pública. Empezar de cero supondría hacer toda esa
enorme inversión. Por otro lado, ajustar los números a partir del “valor
de libros” y no respecto de un ficticio valor de mercado implica dejar
margen para las inversiones más urgentes. Además, la existencia de una
empresa estatal supondría la posibilidad de asociarse con otras firmas
privadas, lo que atraería capitales privados que hoy no acceden por la
posición dominante de la YPF privada en el área.
Quienes sostienen que un esquema de empresa estatal fuerte y un
programa energético nacional de largo plazo serían más atractivos para
el capital privado productivo que el esquema actual (que atrae
fundamentalmente a capitales financieros especulativos al mercado
petrolero), aportan el siguiente dato como argumento: durante el período
2004 a 2011, las obras en infraestructura energética concluidas
insumieron una inversión de 73.540 millones de pesos, gestionadas por el
Ministerio de Planificación. El 74 por ciento correspondió a
inversiones públicas, el resto fueron mixtas o privadas. Actualmente se
encuentran en ejecución obras en el mismo rubro que representan
inversiones por 52.360 millones de pesos, mayoritariamente con aportes
públicos. Estas cifras evidenciarían que el Estado tiene la capacidad de
llevar adelante y gestionar las inversiones necesarias en el upstream
(exploración y explotación) y en el downstream (refinación y
comercialización) para poner en marcha de inmediato el proceso de
recuperación y dinamización del sector.
*Publicado en Página12
Informes y estadísticas: Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet).
Director: Ricardo De Dicco.
Director: Ricardo De Dicco.
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