lunes, 3 de diciembre de 2012

LAS AGUAS NO BAJAN MANSAS EN LA POLÍTICA NACIONAL

Imagen Página12
Por  Alejandro Horowicz*
Las aguas no bajan mansas, no al menos en la política nacional. La sociedad argentina no puede dormir bien; al menos un porcentaje realmente significativo de sus integrantes no puede, y sin embargo desea hacerlo. Es decir, se trata de una sociedad contrariada, irritable y con bajos niveles de comprensión sobre lo que realmente sucede. Necesita una siesta reparadora, dicen los expertos médicos. ¿Cómo lograr una suerte de impasse? ¿El reloj biológico y el reloj político están definitivamente desquiciados? ¿En todo caso, siguen condenados a funcionar en perpetua oposición?
El verano en tiempos normales solía servir para bajar un par de cambios y desacelerar la marcha. No estamos en tiempos normales, el verano recién comienza el 21 de diciembre, y pareciera políticamente tan lejano como la eternidad. Nadie lo ignora y el sistema realmente existente de representación se ve en figurillas para absorber ¿adecuadamente? este nivel de malestar. ¿El abanico de partidos opositores a la hora de la verdad sirve, dispone de un camino propio? 
Dejemos en suspenso la respuesta entendiendo algo: el sistema requiere de líneas de acción alternativa o corre el riesgo de colapsar. Y por cierto, la lógica política al igual que la societaria está gobernada por la estructura de la probabilidad. No puede suceder, puede suceder, sucederá. No puede suceder: cero probabilidad. Sucederá, ya no es probabilidad sino una certeza. Entonces, la política discurre por el sinuoso "puede suceder". 
Un punto debe despejarse ya, de su resolución dependen los demás, ¿el default técnico es posible? ¿La justicia norteamericana está en condiciones de "hundir" la trabajosa negociación sobre la deuda que el gobierno argentino tejiera con tanto afán durante tanto tiempo? Dicho en criollo, ¿el acuerdo con el 93% de los bonistas puede irse al diablo? Mi respuesta es categórica: no. Esa probabilidad no existe. Y considerarla es parte de la estrategia terrorista de la prensa comercial opositora. 
El juez Griesa, a mi juicio, tenía sólo dos opciones: reubicar a los bonistas que no aceptaron ninguno de los dos canjes en las mismas condiciones de los que sí lo hicieron, o admitir que habían tenido una oportunidad y por su cuenta y riesgo terminaron por desperdiciarla. En la primera solución "castigaba" la estrategia del gobierno argentino reabriendo la negociación. Un añadido: ese generalmente es el camino que suele adoptar en situaciones similares "la justicia". Los ejemplos sobran. La segunda solución (castigar a los bonistas que no aceptaron el trato) sólo sería posible en el caso de que el juez respetara la decisión soberana del gobierno argentino. Desde el momento en que los bonos tenían como garantía adicional de su cumplimiento aceptar la intervención de la justicia norteamericana, esa posibilidad quedaba descartada de antemano. 
-–Bueno Horowicz, su razonamiento se acaba de derrumbar, Griesa hizo lo que según usted no estaba en condiciones de hacer.
–Griesa sí, el sistema no. 
Si se acepta el criterio Griesa, nadie va a arreglar nunca más una deuda. En una quiebra toda la discusión se reduce a cuántos centavos vale un peso adeudado. El gobierno frente al default de 2001 discutió con los bonistas una quita, convino un arreglo de partes. Ese arreglo permitió salir del impasse. Los que no entraron en el acuerdo no cobraron. Ese es el caso de los fondos buitre. Y cuando la analogía entre empresa y  Estado Nacional se fuerza, se pierde de vista el problema. Una empresa puede ser desguasada, no digo que resulta imposible desguasar un Estado, afirmo que resulta políticamente más complejo. Por eso, cuando un acreedor no acepta el arreglo apuesta a sacar más con la quiebra. Esa apuesta supone la quiebra inevitable, y basta con que no suceda para que el apostador pierda. Cuando la abrumadora mayoría arregló, como en el caso argentino, aceptar el punto de vista de Griesa –que es también el de los fondos buitre– supone romper ese acuerdo. Actuar como si no existiera. 
Si se tratara de un caso único, aunque la arbitrariedad no dejaría de ser evidente –la sentencia afecta brutalmente al patrimonio de terceros– la materialidad admitiría ese recorrido. No sería acorde al derecho mercantil, pero resultaría posible. Como no sólo no es un caso único (el problema de las deudas soberanas es mundial, en muchos casos impagable, ya que supera el Producto Bruto anualizado en baja), por tanto, la necesidad del arreglo de partes está en la naturaleza de la solución en marcha. Ese será en definitiva el abordaje de los países europeos afectados, y también el de los bancos acreedores. La puja existirá, sin duda, y se resolverá –euro más euro menos– numéricamente. La idea de que un juez atrabiliario pueda romper semejante acuerdo bordea la insensatez sistémica. El orden financiero internacional, la bancocracia en suma, bloqueará semejante "solución". Conviene no olvidar que hasta hoy el poder de los bancos resulta omnímodo. Por tanto, el criterio de Griesa carece de sustentabilidad económica y política.
EL CASO LORENZETTI. Las aguas no bajan mansas. Todos los debates reales o imaginarios sobre la calidad institucional argentina se juegan a cara o cruz. Se trata de saber si las instituciones de la res publica gobiernan la lógica política, o si por el contrario, un grupo económico poderoso está por encima de la ley. El límite del 7D perdió toda connotación propagandística para adquirir carácter  político con mayúsculas: determinar quién manda. 
Horacio Cecilio Alfonso es el juez que determinará si los artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales cuestionados por Clarín son o no son constitucionales. Con 55 años recién cumplidos, Alfonso producirá un fallo histórico. En rigor de verdad la lógica jurídica de su determinación no es precisamente una incógnita. Los jueces hablan a través de sus sentencias y este juez hizo caer la medida cautelar con que el magistrado Edmundo Carbone mantenía suspendido el artículo 30 de tan debatida ley. No se trata de un asuntillo menor, ya que el 30 permite a las cooperativas de servicios públicos lo que impide a las empresas privadas prestadoras de servicios: incursionar en los medios. Clarín también cuestionó ese abordaje, considerándolo un "privilegio" inadmisible. 
Dicho sin vueltas, en los pasillos de Tribunales nadie cree que Alfonso haga otra cosa que fundar la constitucionalidad del texto. En tal caso Clarín –con su estrategia de ganar tiempo ad infinitum– apelaría ante la Cámara, y si así fuera, el comportamiento del Ejecutivo tampoco reservaría mayores sorpresas: pedido inmediato de per saltum. Y entonces, la Corte Suprema será la que en definitiva resuelva. Por tanto, la calidad institucional de la Argentina trepará un escalón decisivo, ya que el prestigio de los supremos es realmente importante.
Aun así la sobre interpretación siempre es posible. Los que recuerdan los dichos de Ricardo Lorenzetti en la V Conferencia Nacional de Jueces ("No podemos ceder frente a las presiones ni del gobierno ni de las corporaciones, porque si cedemos una vez, terminaremos cediendo siempre") temen una puñalada trapera. Sobre todo cuando los rumores sobre su candidatura presidencial abandonaron los recoletos despachos de la Corte, para recorrer bulliciosamente algunas redacciones. Suena endemoniadamente exagerado. No sólo porque Lorenzetti no es Cleto Cobos, ni siquiera porque el destino de Cobos resulta por demás ilustrativo, sino por una razón superior. El prestigio de Lorenzetti se sostiene, como el de los demás supremos, en el de la Corte. La importancia de la Corte construye la de sus integrantes, y la Corte importa en un país donde la ley se cumple. La idea de que una ley aprobada según las normas vigentes pueda no entrar en vigencia nunca, no sólo no mejora la calidad institucional, sino destroza toda forma de prestigio imaginable. Y si alguien sabe eso es precisamente Ricardo Lorenzetti.

*Publicado en Tiempo Argentino

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