Después de que negociadores y
ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la Cuenca del Pacífico se
reunieran el lunes en Atlanta con el propósito de ultimar detalles del
radicalmente nuevo Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TPP), es justo y necesario realizar un análisis sobrio. El mayor acuerdo regional de comercio e
inversión de la historia no es lo que aparenta ser.
Oirá mucho sobre la importancia que tiene el TPP para el “libre
comercio”. La realidad es que este es un acuerdo para administrar las
relaciones comerciales y de inversión de sus miembros y para hacer esto en
representación de los más poderosos lobistas de negocios de cada país. No nos
confundamos: es evidente del análisis de los principales asuntos pendientes,
sobre los que los negociadores aún están regateando, que el TPP no gira
alrededor del “libre” comercio.
Nueva Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo debido a la forma
en la que Canadá y EE UU administran el comercio de los productos lácteos.
Australia no está contenta con la forma en la que EE.UU y México administran el
comercio del azúcar. Y, EE UU no está contento con la forma en la que Japón
administra el comercio del arroz. Estos sectores industriales están respaldados
por significativos bloques de votantes en sus respectivos países. Y, ellos
representan sólo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP implementaría
una agenda que, en los hechos, funcionaría en contra del libre comercio.
Para empezar, considere lo que haría el acuerdo en cuanto a ampliar
los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas,
tal como nos dimos cuenta al leer versiones del texto de negociación que se
filtraron al exterior. La investigación económica muestra claramente las
razones por las que tales derechos de propiedad intelectual conducen, en el
mejor de los casos, a que la investigación farmacéutica sea débil. En los
hechos, existe prueba de que ocurre lo contrario: cuando el Tribunal Supremo
invalidó la patente de Myriad sobre los genes BRCA, ello condujo a una
expansión rápida de la innovación, lo que a su vez se tradujo en mejores
pruebas de detección a menores costos. Ciertamente, las disposiciones del TPP
van a restringir la competencia abierta y elevarán los precios que pagan los
consumidores en EE.UU. y en todo el mundo – esto se constituye en un anatema
para el libre comercio.
El TPP administraría el comercio de productos farmacéuticos a través
de una variedad de ostensiblemente arcanos cambios en las reglas, sobre temas
tales como la “vinculación de patentes”, la “exclusividad de los datos” y los
“productos biofarmaceúticos”. El resultado de esto es que a las compañías
farmacéuticas se les permitiría alargar prácticamente – y algunas veces casi
indefinidamente – sus monopolios de medicamentos patentados, así como mantener
fuera del mercado a medicamentos genéricos más baratos y bloquear, durante
muchos años, la introducción de nuevos medicamentos por parte de competidores
“biosimilares”. Esta sería la forma como el TPP administraría el comercio en lo
que respecta a la industria farmacéutica, si EE.UU. se sale con la suya.
Del mismo modo, considere cómo EE.UU. espera utilizar el TPP para
administrar el comercio en el ámbito de la industria del tabaco. Durante
décadas, las empresas tabacaleras con sede en EE.UU. han utilizado mecanismos
de adjudicación para inversores extranjeros, mismos que fueron creados mediante
acuerdos similares al TPP, para luchar en contra de regulaciones destinadas a
frenar el tabaquismo, un flagelo que afecta a la salud pública. Bajo estos
sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS, por su denominativo
en inglés: investor-state dispute settlement), los inversionistas
extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales
en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que
ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada
de sus inversiones.
Los intereses corporativos internacionales promueven el uso de los
sistemas ISDS, cuando ello se considere necesario, con el fin de proteger los
derechos de propiedad donde no hay imperio de la ley y tribunales creíbles.
Pero esa argumentación no tiene ningún sentido. EE.UU. está tras el logro de
implementar el mismo mecanismo en el caso de un mega-acuerdo similar con la
Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, a
pesar de que existen pocas dudas sobre la calidad del sistema legal y judicial
de Europa.
Con toda certeza, los inversores – independientemente de donde estén
ubicadas sus sedes principales – merecen protección frente a la expropiación o
las regulaciones discriminatorias. Pero, los ISDS van mucho más allá: la
obligación de compensar a los inversores por pérdidas de ganancias esperadas
puede y se ha aplicado incluso cuando las reglas no son discriminatorias y las
ganancias se obtienen causando daños a la comunidad.
La corporación conocida anteriormente como Philip Morris está
actualmente tramitando casos de este tipo en contra de los gobiernos de
Australia y Uruguay (que no es un socio del TPP) debido a que dichos gobiernos
exigieron que los cigarrillos lleven etiquetas de advertencia. Hace unos años,
Canadá, bajo la amenaza de una demanda similar, se retractó de introducir el
uso de una etiqueta de advertencia que tenía una eficacia análoga.
Dado el velo del secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no
está claro si el tabaco será excluido de algunos aspectos de los ISDS. De
cualquier manera, el tema más amplio continúa siendo el mismo: dichas
disposiciones hacen que sea difícil para los gobiernos llevar a cabo sus
funciones básicas – es decir, proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos,
garantizar la estabilidad económica y proteger el medio ambiente.
Imagínese lo que hubiese sucedido si estas disposiciones hubieran
estado establecidas cuando se descubrieron los efectos letales del asbesto. En
lugar de clausurar a los fabricantes y obligarlos a indemnizar a quienes
sufrieron daños, bajo las disposiciones de los ISDS, los gobiernos hubiesen
tenido que pagar a los fabricantes para que dichos fabricantes no maten
a sus ciudadanos. Los contribuyentes hubiesen sido gravados por doble partida –
primero para pagar por los daños a la salud causados por el asbesto, y luego
para pagar a los fabricantes por haber perdido ganancias cuando el gobierno
intervino con el objetivo de regular un producto peligroso.
No debería sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de
Estados Unidos produzcan comercio administrado en lugar de libre comercio.
Eso es lo que sucede cuando se cierra el acceso al proceso de formulación de
políticas a las partes interesadas no empresariales– sin tener que mencionar a
los congresistas, quienes son los representantes elegidos por los ciudadanos.
* Joseph E. Stiglitz, premio
Nobel de Economía, es profesor de la Universidad de Columbia, fue Presidente
del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, y se desempeñó
como Vicepresidente Senior y Economista Jefe del Banco Mundial. Adam S. Hersh
es Economista Sénior en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la
Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas de la Universidad de Columbia.
Publicado en el sitio web www.cfkargentina.com
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