y Alfredo Eric Calcagno, Dr. en Ciencias Políticas*
Se habla de taumaturgia como la capacidad de realizar cosas maravillosas de modo mágico. Este fenómeno ha sido descripto en una obra clásica de Marc Bloch, que relata cómo los monarcas europeos del Medioevo detentaban ciertos poderes mágicos, a veces modestos, pero que servían para demostrar el origen divino de la naturaleza de su poder. Algo parecido parece haberse apoderado del arco opositor en ambas cámaras en los últimos tiempos. Quizá por un efecto de taumaturgia se haya pensado que de modo inmediato las jubilaciones mínimas podían pasar al 82 por ciento móvil.
Entramos así al mundo de la magia, de la que existen tres tipos: la productiva, la protectiva y la destructiva. ¿Cuál es la que se practicó con esta ley (vetada)? La productiva tiende mediante rituales, a aumentar la producción; por ejemplo, las cosechas agrícolas o la pesca. La protectiva es la que preserva de enfermedades y ayuda a recuperarse de ellas. La destructiva, cuyas prácticas rituales caen en la brujería, sirve para aniquilar al enemigo, en la realidad o en la imaginación. La intención política indica que aquí se practicó la visión destructiva. Se trataba ante todo de dañar al Gobierno; pero las carencias ideológicas, organizativas y de convicción del arco opositor frente al realismo político de la Presidenta, la limitaron al plano de lo irrealizable.
Sin cálculo de los costos. Al arco opositor no le molestó que la aplicación del 82 por ciento a las jubilaciones mínimas cueste 31.000 millones de pesos, que los reajustes que surgen del recálculo de los fallos Badaro y Sánchez agregan otros 10.000 millones, y que el fallo Elif sea de cálculo imposible (habría que recalcular 5 millones de jubilaciones, una por una) pero que oscila entre los 15.000 y los 30.000 millones de pesos. Pero hay más: como se puede apelar a la justicia, es probable que se hubiera aplicado el 82 por ciento a todos los jubilados (no sólo a los que cobran la mínima), de acuerdo con el principio de igualdad ante la ley. De tal modo, además del enorme gasto, se acentuaría la diferencia entre los jubilados pobres y los jubilados ricos.
Entonces su costo total sería del orden de los 140.000 millones de pesos. Hay que contabilizar además la suma sideral que tendría el conjunto de los pleitos que surgirán; la industria del juicio”, que era artesanal en una época, pasará a ser una megaindustria.
Tampoco se tomaron el trabajo de calcular los costos reales ni de determinar de dónde saldrían los recursos necesarios. Violaron así el art. 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Se niegan a pensar de dónde sacar el dinero; peor aún, tampoco calculan los verdaderos costos. Como evaden la realidad, caen en la economía mágica con intención destructiva.
La vigencia de la ley vetada implicaría la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Primero, pretenden utilizar el capital del Fondo para pagar jubilaciones y accesorias, cometiendo el grave error económico de transformar stocks en flujos, con lo cual al cabo de dos años el Fondo se extinguiría. Se continuaba así con la práctica de actuar primero y pensar después.
Liquidación de activos. Otro acto mágico destructivo consiste en la pretensión de vender en 30 días una parte sustancial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Como el Fondo constituye una garantía de largo plazo, la liquidación de sus activos demandaría entre varios meses y hasta 10 años para su liquidación. Actualmente tiene un capital de 150.000 millones de pesos, pero el art. 12 de la ley (vetada) dice que no puede tener más de 80.000 millones de pesos. Si se liquidara con rapidez, se perdería el 70% de su capital. Llama la atención que a la oposición le parezca corto el plazo de un año para vender algunas emisoras de televisión y pretendan que en 30 días se liquide un Fondo heterogéneo, que no es líquido, de 150.000 millones de pesos.
Es aquí donde la inmediatez de la magia se contrapone con la construcción social y donde la taumaturgia se da de bruces con la realidad económica. Todavía resuenan los ecos del llamado opositor a la voluntad política del Gobierno: que no da los aumentos porque no quiere, que la plata está; en fin, se personifica al Gobierno como un ser malvado, que la magia destructiva del arco opositor exorciza mediante un catálogo razonado de buenas intenciones. Eso es una grave falla del sistema opositor: la falta de rigor a la hora de elaboración de textos que carecen de sustento económico y legal, que poco auguran de su método a la hora de gobernar, si tal cosa sucediera, dado que la sustentación en cifras implica entrar en conflicto con quienes deberían pagar los costos.
Una prueba más de la inconsistencia de la propuesta es que el vicepresidente Julio Cobos haya declarado después que votó para establecer el 82% móvil, que ahora “hay que trabajar desde el Congreso para encontrar la fuente de financiamiento que haga al sistema sustentable”. La conclusión es clara: para qué voy a pensar antes y a calcular, cuando lo que deseo en realidad es dañar al Gobierno Nacional.
Falsas expectivas. En general, en el debate público de esta ley, la principal base teórica fueron los testimonios sobre respetables jubilados abatidos, irritados e impacientes; pero se referían a una realidad que ningún gobierno trató de corregir tanto como los de Néstor y Cristina Kirchner. Con eso reemplazaron los estudios serios, los cálculos de recursos, la indicación exacta de las posibles subas de impuestos, las propuestas de cambios en las asignaciones presupuestarias. Queda claro que los testimonios no pueden reemplazar a los argumentos ni la oposición cumplir la función del Gobierno.
Además de estas apelaciones, sólo propusieron que se desfinancie la Anses y que termine la era de los superávits fiscales. Es decir, pretenden suprimir una de las bases de la política económica del Gobierno. Hicieron lo que no tenían que hacer. Como oposición y como parlamentarios, no pueden pretender fijar la política económica de un gobierno que por la Constitución es presidencialista.
El realismo político de la Presidenta. La Presidenta de la Nación ha vetado el Proyecto de ley 26.649 del 82% porque “su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”. Este acto normal de la labor de gobierno es presentado como un enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Parlamento. No es así.
De acuerdo con el art. 77 de la Constitución Nacional, la sanción de una ley requiere el voto de ambas Cámaras y la aprobación del Poder Ejecutivo. Lo ratifica el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, que dispone que el Presidente de la Nación “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”.
No puede hablarse entonces de un veto presidencial como si se tratara de un conflicto con el Congreso. La cuestión es más simple: como lo establece la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo participa en la tramitación de cada proyecto, que para convertirse en ley requiere de su aprobación; la excepción se produce si, después del rechazo del Poder Ejecutivo, cada Cámara insiste con los dos tercios de sus votos.
La oposición ha sostenido que la Presidenta pagará un costo político por su veto. A nuestro juicio no es así. Si alguien retrocederá en las encuestas, serán quienes intentaron vaciar a la Anses, recaer en el déficit fiscal, renovar el endeudamiento y, por último, quebrar al Estado argentino.
En definitiva, la sanción y veto de la ley del 82% es un episodio más de la lucha política para implantar un modelo de desarrollo económico con inclusión social. La construcción política debe prevalecer por sobre la inmediatez ilusoria. Esa magia destructiva ya no funciona.
*Publicado en Miradas al Sur
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