Desde el siglo 19, las administraciones estadounidenses tienen en foco a América Latina, con una continua vocación intervencionista que se prolonga hasta la actualidad.
En el caso de Paraguay, en 1961 el dictador Alfredo Stroessner firmó con Estados Unidos un acuerdo bilateral de cooperación que sentó las bases de la presencia norteamericana en suelo guaraní.
La reedición 2010 de esa iniciativa se confirmó a través de la denominada “Iniciativa para la Zona Norte.” Una denuncia del ahora ex ministro de Defensa de Paraguay, Luis Bareiro Spaini, puso en evidencia la permanencia de los planes estadounidenses: la voluntad de instalar nuevas bases militares.
El acuerdo original de 1961 establecía que los gobiernos de Estados Unidos y Paraguay “desean unirse en una Alianza para el Progreso”, la fórmula con la que Washignton intentaba, en plena Guerra Fría, contener la influencia de la Revolución Cubana en el hesmiferio.
En el proyecto actual, es reveladora una nota oficial enviada por Bareiro Spaini, entonces ministro de Defensa en funciones, con fecha 10 de agosto de 2010, a su par de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata. La misma desaconseja la implementación de la denominada “Carta Acuerdo sobre la iniciativa en la Zona Norte con el gobierno de los Estados Unidos”, un largo título que encubre la mera actualización del acuerdo de 1961. Según Bareiro Spaini, aquel acuerdo debía ser minuciosamente revisado, “debido a que ya ha sido superado el esquema de la doctrina de la seguridad nacional imperante de esa época”.
El contexto y precedente de esta legitimación de la presencia permanente de fuerzas de Estados Unidos en territorio latinoamericano es el plan Colombia, que tras la fachada de la cooperación y la lucha contra el narcotráfico como pretexto, viabiliza la intervención militar y el monitoreo permanente de la región. Como es sabido, en este marco, el criterio de garantizar la seguridad puede servir fácilmente para vigilar y acotar la actividad de los movimientos sociales locales, que son visualizados como peligrosos y desestabilizadores.
El ahora ex ministro de Defensa ya había hecho con anterioridad una grave denuncia que involucraba a la embajadora de Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde, por intromisión en los asuntos internos de su país. Según el ex funcionario, la representante de la misión diplomática estadounidense había “azuzado” al vicepresidente Federico Franco a tomar las riendas del gobierno, una incitación a ejecutar un golpe de estado contra el presidente Fernando Lugo, intento sobre el arreciaron los rumores en los últimos meses.
El 11 de septiembre de 2010, la embajadora Ayalde precisó que el convenio a apuntaba a “renovar la cooperación en el tema de la lucha contra la droga “ Y agregó que un aspecto importante de lo que denominó “cooperación” iba dirigido directamente a la Policía Nacional del Paraguay.
La salida de escena de Bareiro Spaini, a quien el propio presidente Fernando Lugo le pidió la renuncia el 25 de agosto de 2010, eliminó el único obstáculo para que Washington consiga su objetivo y consolide su proyecto de asegurarse una presencia militar en Paraguay.
Con respecto a Bareiro Spaini, Lugo fue por lo menos ambiguo. Si bien lo respaldó en un principio, la apertura de un juicio político en su contra en el Parlamento, y declaraciones de su vicepresidente Franco criticándolo duramente, lo hicieron cambiar de opinión. Significativamente, las críticas de Franco a Lugo fueron formuladas luego de asistir a una cena en la embajada estadounidense.
El mismo día de la renuncia de Bareiro, el diario ABC publicó una nota con el título: “Estados Unidos plantea reimpulsar la cooperación el área militar”, con declaraciones de Frank Mora, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, que se encontraba en Paraguay en ese mnomento. Al día siguiente Mora viajó junto a la embajadora Ayalde a Concepción, una de las zonas que la Casa Blanca planea monitorear.
La salida de Spaini consolidó la posición del canciller Lacognata y del titular de la cartera de interior, Rafael Filizolla, lo que permitió el avance del acuerdo sobre la Iniciativa Zona Norte. El texto de ese entendimiento explicita varios aspectos que permiten pensar que la cooperación buscada por Washington no se limitaría al área de la lucha contra el narcotráfico: contempla el status diplomático para todos los ciudadanos estadounidenses enviados a Paraguay, lo que implica privilegios e inmunidad. Fija además una asistencia económica de un millón doscientos mil dólares y cooperación técnica para perseguir lo que se especifica como “crimen organizado”.
El objetivo geográfico es la zona norte del país, especialmente los departamentos de Concepción, Amambay y Alto Paraguay. Es en esta zona donde opera el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, una organización que se autodeclara como una guerrilla popular, y que la prensa paraguaya asegura que habría recibido entrenamiento de las FARC colombianas. La intención es clara: ubicar a Paraguay dentro de los países en los que se libra la denominada “guerra contra el terrorismo.”
La Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, aún no se ha pronunciado formalmente sobre el ostensible peligro de la presencia estadounidense en Paraguay. Pero en un contexto en el que la región asiste al intento de consolidar un modelo de desestabilización de los proyectos políticos progresistas que llegaron a través de elecciones democráticas al gobierno de sus países, Paraguay requiere una atención especial de parte de la organización suramericana.
Con un presidente enfermo, y la persistencia de la clase política paraguaya en resistir cualquier cambio social profundo que elimine los privilegios de los que siguen gozando los sectores empresarios locales e internacionales, la democracia guaraní se convierte en un preocupante caldo de cultivo para un nuevo intento de golpe en América Latina.
*Extraído del Blog de Visión Siete Internacional
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