Hace dos semanas, el investigador del Conicet Andrés Carrasco fue atacado por un grupo de personas en la localidad chaqueña de La Leonesa. Carrasco tenía previsto dar una conferencia sobre los daños que, de acuerdo a sus estudios, produce el glifosato en la salud de seres vivos y en el ambiente. Sin embargo, no pudo hacerlo. La noticia no circuló mucho. Fue Página/12 quien le dio más visibilidad al atropello sufrido por este reconocido médico embriólogo. Los atacantes, según medios provinciales, fueron algunos empleados municipales más otros que serían productores de arroz de la zona. Y la explicación es que la fumigación de los arrozales es con glifosato.
Con el correr de los días se reavivó un debate para el cual el común de los mortales no tenemos altura como para opinar. Me refiero a si la casuística lograda por Carrasco para afirmar los efectos nocivos del glifosato es suficiente o no. En todo caso, buena parte de los defensores del medio ambiente y enemigos del monocultivo sojero creen que Carrasco es una piedra en el zapato para grandes y poderosos intereses que van desde Monsanto hasta varios laboratorios nacionales, desde la Sociedad Rural hasta miles de especuladores que colocan sus ahorros en pooles de soja.
Hay un costado en el que sí la sociedad puede tomar partido. Me refiero a la ingenua o cínica postura de esperar que unos científicos muy puros investiguen –con parcimonia y sin apuro– y produzcan dictámenes para confirmar o desmentir a Carrasco. La historia de los laboratorios está tan manchada de sangre como para imaginar que la solución saldrá de la mano de una ciencia impoluta. Paralelamente a un debate crudo sobre los intereses de quienes se esconden detrás de la ciencia hay que atender a la historia social de la soja. Porque en la Argentina ya hubo una historia social del trigo, o del algodón o del azúcar.
El miércoles pasado entrevisté en Radio Nacional al ministro de Educación del Chaco, Francisco Romero, quien aportó algunos datos ilustrativos del impacto del monocultivo sojero. Primero la buena noticia: el PBI en la provincia crece a tasas chinas y los recursos para Educación lo hacen proporcionalmente más que ese aumento. Concretamente, este año el 36% de los recursos provinciales van a Educación, lo cual significa un crecimiento del 50% respecto a cinco años atrás. Ahora la espantosa noticia: de un total de, aproximadamente, 1.200.000 chaqueños, unos 300.000 migraron de los pueblos pequeños del Chaco a raíz de la expansión sojera. La mitad de ellos está en la periferia de Resistencia y la otra se reparte entre el Gran Rosario y el Gran Buenos Aires. La gran mayoría de esos desplazados fueron parte de la economía algodonera, trabajadores asalariados o pequeños campesinos. Romero recalcó que en la actualidad el gobierno de Jorge Capitanich hace esfuerzos para diversificar los cultivos en la provincia. Sin embargo, el aluvión venía de antes y es demasiado fuerte.
La Bolsa y la vida. El miércoles por la noche, la presidenta Cristina Kirchner pronunció un discurso que, a juicio de quien escribe estas líneas, fue una pieza maestra. Es más, pensé en qué otro dirigente político hubiera podido plantarse con firmeza y mantener un tono calmo y sincero en la Cámara de Comercio de Rosario ante un público de caras rígidas y trajes elegantes. No creo que alguien hubiera podido hacerlo mejor. Ni provocó ni despertó falsas expectativas. Sin embargo, les dijo en la cara que los niveles de informalidad –evasión– de la Argentina son exagerados. Cristina no hizo anuncios. Quizá esté en carpeta la idea de segmentar las retenciones tal como se rumorea de modo intenso. Es muy difícil saber cuál podría ser una fórmula para que el Estado pudiera intervenir en la compleja economía agropecuaria –liderada por el cultivo de soja transgénica– con algunos aliados que expresen o representen intereses de productores, campesinos y asalariados del campo. Sencillamente porque, tal como lo define el propio Gustavo Grobocopatel –el rey de la soja– se trata de un cultivo que no necesita campesinos. El ministro de Educación de Chaco contó que, en esa provincia, la soja ocupa a unas 6.000 personas. Recordemos, los desplazados son 300.000.
Al día siguiente del discurso presidencial, Víctor Hugo Morales puso su programa para promover un debate imprescindible (ver http://sur.elargentino.com/notas/%C2%BFquien-se-hace-cargo-de-los-agroto...). Allí, Norma Giarracca mostró lo que hay detrás de los agronegocios. Contó, entre otras tantas cosas, lo que fue la historia del azúcar en Tucumán, que a mediados de los setentas tuvo un capítulo negro. Fue cuando los pequeños productores –nucleados en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán– estaban aliados a la poderosa Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera para defender a lo que quedaba de la destrucción del sector hecha por la dictadura de Onganía en 1967. La represión de los sesentas quedó empalidecida por el genocidio que se dio –de modo paralelo e interactivo– a partir del llamado Operativo Independencia que, con la excusa de perseguir guerrilleros (que existían desde ya como producto del odio social generado por aquella oligarquía azucarera) eliminaron a todas las voces que defendían un modelo económico no concentrador. Dos de las primeras víctimas del golpe del ’76 fueron dos líderes sindicales tucumanos: Isauro Arancibia, secretario general del gremio de los docentes, y Atilio Santillán, de los azucareros. No es casual que el ministro Romero del Chaco hiciera referencia al gran historiador tucumano Eduardo Rosenzvaig para ponerle un nombre a lo que viven las comunidades cuando los poderosos imponen sus intereses. Ecocidio. Ese fue el término que usó Romero para referirse a lo que pasa en el Chaco. El mismo que usó Rosenzvaig para hablar de la destrucción del azúcar. Ecocidio es degradación del ambiente más destrucción humana.
El debate promovido por Víctor Hugo tuvo un protagonista muy interesante. Gastón Fernández Palma, médico, empresario de agronegocios y presidente de AAPresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). Un argumentador sobresaliente que se define como técnico y explica las bondades de la siembra directa que, según él, no degrada el medio ambiente y que permite que los suelos –con las rotaciones debidas– no se degraden tanto como con el cultivo por métodos de labranza. Fue despiadado con Carrasco, quien publica “sus investigaciones en Página/12”. Y también con la Comunidad Económica Europea –que no permite el uso del glifosato–. Según Fernández Palma, los europeos son diletantes (luego usó el término demorantes para que no sonara tan soez) porque están retrasados tecnológicamente respecto a lo que se investiga en otras latitudes. No resulta serio que, en esta era de la globalización, alguien pueda argumentar que Monsanto –u otros laboratorios– responden a una lógica de nacionalidad. La Unión Europea pone límites a la voracidad. Es una manera de hacer una ecuación finita entre productores rurales diversificados y en pequeñas unidades, de conciencia de los consumidores, de estándares políticos que protegen a sus habitantes antes de permitir que sean conejos de Indias.
Ese debate en Radio Continental, una emisora alineada con los intereses sojeros, demuestra que hay madurez suficiente, que hay condiciones para no emblocarse y jugar a todo o nada. Porque Víctor Hugo no se fue de Continental y seguramente su público mudará de emisora cuando termina su programa. Y otros preferirán escuchar dos campanas y se quedan en la 590. Del mismo modo que los oyentes de la primera mañana quizá prefieran no escuchar al uruguayo. Pero de eso se trata la comunicación: de convivir, de cambiar el dial, de enterarse y tomar partido si uno cree conveniente. También de eso se trata la economía sojera. Fernández Palma se escuda en la técnica pero descalifica al investigador que no suma su saber al poderoso y complejo mundo sojero.
El debate está abierto. Como sucedió con la ley de medios, con las Afjp o los juicios por violaciones a los derechos humanos, incluso con la Ley de Glaciares: cuando la sociedad pone en valor estos debates, este gobierno sabe buscar equilibrios y defender los intereses populares. En lo que respecta a las políticas con el sector agropecuario, venimos de una pelea que aún no está saldada. La rebelión sojera contra la Resolución 125 puso al descubierto las brechas, las profundas diferencias que hay en la Argentina cada vez que se pone en jaque a los intereses financieros y agropecuarios. Ahora el escenario es muchísimo mejor para quienes defienden una Argentina diversificada. Un momento muy interesante para avanzar en definiciones.
*Publicado en Miradas al Sur
No hay comentarios:
Publicar un comentario