La fisura en el discurso hegemónico de los grandes medios de comunicación, sin los cuales el “conflicto con el campo” no sólo no hubiera prosperado, sino que se hubiera llamado de otro modo, permite que otras voces se animen y puedan escucharse, como la del ex intendente de Venado Tuerto, Roberto Scout, quien dijo: “Buzzi debería estar fuera del país por traidor. Él engañó a la gente con la 125 y Cobos les votó en contra”.
Por otro lado, el propio diario La Nación reconoce, en su edición del lunes 28 de junio, que “la fuerte recuperación que experimentaron en los últimos ocho meses los precios de la hacienda y de la leche se reflejó en un indicador clave: mejoró el poder de compra de los productores”.
Sin lugar a dudas, este resquebrajamiento se debe al papel que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está jugando en relación con la posibilidad de que se abran nuevos espacios de comunicación.
El 10 de marzo del 2008, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución 125/2008 por la cual se establecía el régimen de retenciones móviles, que modificaba los derechos de exportación de determinadas mercaderías. Consideraba que “los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual. Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario”. Y agregaba que la modificación propuesta al “esquema de derechos de exportación aplicables a un subconjunto clave de cereales y oleaginosas constituye una herramienta apropiada para solucionar los problemas previamente mencionados”.
La fórmula. Debido a los altos valores de los granos, especialmente de la soja, la Resolución 125 proponía una fórmula que hiciera aumentar los porcentajes de las retenciones a medida que aumentaba el precio de la soja, tomado en valor FOB.
Las variables que intervienen para calcular la alícuota del derecho de exportación eran un valor básico, una alícuota marginal y un valor de corte. El precio FOB oficial era el informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios. La fórmula y la tabla con todos los valores claramente especificados estaban incluidas en la Resolución, y si bien en un principio puede parecer complicado de calcular, no lo es para los contadores o abogados de las entidades ruralistas, o para los ingenieros que asesoran a las empresas agropecuarias y a los productores. Claro que, antes que nada, hubiera sido necesario querer hacer las cuentas que, por conveniencias políticas y el circunstancial valor FOB de la soja, no les convenía.
En marzo del 2008 las expectativas eran de una clara tendencia alcista y se esperaba que la soja llegase en cualquier momento a la barrera de los 600 dólares e incluso que la superara. La ceguera provocada por la ambición sectorial no podía imaginar que la soja es un commoditie y, como tal, sólo responde a variables internacionales, muchas veces impredecibles. Lo cierto es que, en marzo de 2008, el precio FOB de la soja era de 526 dólares con lo cual, aplicando la fórmula de la Resolución 125, el valor de las retenciones debía ser del 42%. Si la soja hubiera llegado como muchos deseaban y esperaban a 600 dólares, entonces las retenciones hubieran sido del 46%. Pero, aplicando la misma fórmula al día de hoy, tomando el valor FOB en 350 dólares por tonelada, las retenciones serían del 27%, en lugar del 35% vigente pues no rige la Resolución 125. O sea, 8% más bajas.
Mentiras sin cuestionar. Los grandes medios permitían a los dirigentes ruralistas enarbolar todas sus quejas sin ningún justificativo válido, sin jamás repreguntar cuestiones como: “¿Pero cuánto gana usted?”. “¿Por qué dice que no es rentable?” o cualquier mínimo cuestionamiento a la actitud de cortar rutas y desabastecer ciudades.
El 22 de junio de 2008 Miradas al Sur publicó una nota titulada “Cien días de mentiras” donde, con números, se demostraba que no sólo era falso que los productores sojeros se iban a fundir, sino que las cuentas daban una excelente rentabilidad para la soja con retenciones incluidas.
Ante la reacción de los ruralistas y de los políticos de oposición, fogoneada por los grandes medios, el 17 de junio de 2008, la Presidenta envió la Resolución 125 al Congreso, expresando que el “uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional, ha querido presentarse al pueblo de la Nación como una manera de menoscabar la participación del Honorable Congreso” y afirmaba que “cualquier mal institucional se cura con más respeto a las instituciones” en una clara demostración democrática y plural que no sólo no fue reconocida, sino que fue hostigada.
El proyecto enviado a Diputados tenía modificaciones que favorecían aún más a los pequeños y medianos productores, creando un régimen destinado a otorgar compensaciones cuando “el tonelaje efectivamente producido y comercializado, no supera las 1.500 toneladas de soja y girasol”. Además contemplaba una segmentación hasta las 300 toneladas, de 301 a 750, y de 751 a 1.500 toneladas. También otorgaba a estos productores compensaciones por el transporte de sus granos a los puertos, cuando estuvieran a más de 400 kilómetros.
El Proyecto creaba el Fondo de Redistribución Social compuesto por los fondos recaudados y a recaudarse en concepto de derechos de exportación a las distintas variedades de soja y sus derivados que superen el 35%, y que se destinaban en un 50% a hospitales públicos, 20% a viviendas populares, 20% a caminos rurales y 10% al fortalecimiento de la agricultura familiar.
Así fue aprobado el proyecto el 4 de julio por la Cámara de Diputados con 124 votos a favor y 119 en contra, y enviado a la Cámara de Senadores, donde, el 14 de julio se produjo el famoso voto “no positivo” de Cobos, con el cual, el vicepresidente selló su destino. Se definió como un traidor y perjudicó a quienes decía defender, los pequeños productores. En definitiva, doble traición.
Sojización. La segmentación de los productores por categorías daba la posibilidad al productor chico de competir en el alquiler de los campos con los pooles de siembra, cosa que ahora no es posible y por tanto la concentración de la producción se acentúa aún más y la expulsión del sistema de los pequeños productores es una cuestión de tiempo.
Por otro lado, el “puerto seco” neutralizaba la desventaja de los productores ubicados en zonas marginales. Esta es otra discusión por el impacto ambiental de producir soja en campos no aptos.
También forma parte de otra discusión la reciente denuncia de la Afip sobre operaciones en negro que involucran a productores, acopiadores, exportadores y estudios contables por más de siete millones de toneladas de granos, alrededor de 5.600 millones de pesos, que representan una evasión de 615 millones de pesos.
Antes, como ahora, los dirigentes de las patronales agrarias, los grandes medios de comunicación, las grandes empresas agropecuarias y los políticos opositores mentían enarbolando falsas banderas. O sea, siguen mintiendo.
*Productor agropecuario
Publicado en Miradas al Sur
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