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Con la muerte de León Rozitchner
no sólo perdimos a una de las cabezas más brillantes que produjera este país a
lo largo de sus últimos cincuenta años de historia intelectual. Se fue con él
la pertinaz preocupación por señalar permanentemente las huellas que el terror
genocida dejó en nuestra sociedad. Terror cuya reactualización se trivializa de
manera infantilizada en el bombardeo “informativo” de los medios dominantes,
concentrados y hegemónicos de manera tan impune como manifiesta. Desde el
articulado intento sedicioso de las policías provinciales, que no casualmente
coincidiera con la fecha en la que se conmemoraban los treinta años de vida
democrática, hasta la actual corrida cambiaria y la eventual reedición de un
nuevo Rodrigazo, fantasma agitado comprensiblemente por la derecha pero
imperdonable en cualquier militante o cuadro político que se reclame de
izquierda, se percibe claramente la intención de construir una sensación de
caos, ingobernabilidad y vacío de poder, cuyo objetivo estratégico apunta a
debilitar al Gobierno en una nítida ofensiva destituyente. Diálogo, consenso,
acuerdos plurales, intereses de la gente, constituyen expresiones lavadas donde
subyace la advertencia del genial León: “Quieren hacer por las buenas lo que si
no volverán a hacer por las malas”.
No se trata de generar miedo sino de instalar el terror. La psicoanalista Silvia Bleichmar remarcaba la distancia que separa ambos términos: mientras que el primero habilita la posibilidad de reaccionar poniendo en funcionamiento un mecanismo de defensa, el terror es disolvente; paralizante. Esta es la argamasa sobre la cual trabaja la ofensiva mediática. El deseo manifiesto por impulsar una corrida bancaria, y el terror que conlleva la disolución de las relaciones sociales mediadas por el dinero que supondría la espiralización de un proceso inflacionario, encuentra su retaguardia en la memoria histórica del bienio 1989-90; activo tan o más preciado que cualquier oscilación en el tipo de cambio. Ya nos enseñaron que sólo por medio de la legitimidad social que otorga ponerle fin a un hipotético descalabro económico, social, cultural, político y financiero sería posible introducir las reformas de mercado que promueven desde los diferentes sectores políticos que controlan y conducen. La instalación de una cultura del superviviente, en los términos de Elias Canetti, fue una de las resultantes del genocidio y de la “democracia aterrada”, como llamaba León al precario sistema democrático que nació amenazado por los mismos sectores que impulsan la ofensiva destituyente. El terror desestructurante que emerge salido de las peores pesadillas de nuestra historia reciente aparece reactualizado en la paulatina construcción de un intento desestabilizador editorializado y guionado desde la cadena privada de medios.
¿Cómo puede comprenderse,
entonces, si sólo nos circunscribiésemos al análisis de la evolución de la
rentabilidad de las diversas fracciones capitalistas de la estructura
económica, que aquellos sectores concentrados que lograron ingentes fortunas en
el curso de la “década ganada” (objetivamente para ellos) sean los fogoneros de
la ofensiva desestabilizadora? Muy simple: porque una clase dominante para ser
dirigente requiere ejercer el gobierno del Estado. No basta con conducir
políticamente el descontento. En tal sentido es medular seguir de cerca la
evolución del incipiente Foro de Convergencia Empresarial, donde el bloque de
poder busca limar sus diferencias internas, con la intención de “trabajar junto
a todas las fuerzas políticas presentes y futuras para consensuar un acuerdo de
cumplimiento programático en este mismo año 2014”. Puesto que el objetivo que
persigue la alianza estratégica de los sectores más concentrados de la economía
doméstica es asumir el gobierno del Estado, el documento final propone lograr
un acuerdo “que ayude a definir políticas de Estado básicas y estables para
apuntalar la identidad de la Nación”. “La identidad de la Nación” es la
identidad de esa clase propietaria para la cual el despliegue de las energías
nacionales debe universalizarse bajo la forma de un liderazgo hegemónico que
hoy no ejercen, pero que están dispuestos a recuperar. Esta cumbre del bloque
de poder convoca a revisar el intenso 1988, las múltiples alianzas tácticas y
estratégicas que se fueron produciendo en el bloque dominante y que tuvieron
como objetivo estratégico producir el golpe de mercado de febrero de 1989.
La actual coyuntura exhibe, con
singular nitidez, los límites estructurales que presenta el desenvolvimiento
del proyecto político inaugurado en mayo de 2003. Estos nos remiten a “La
inflación, la corrida cambiaria y la restricción externa”, como los describiera
de manera magistral la colega Mónica Peralta Ramos en una columna del lunes 20
de enero en este mismo diario, que se derivan de una economía fuertemente
oligopolizada, cuyos sectores más dinámicos son de capital intensivo
transnacional. Pero al mismo tiempo emergen otras dos grandes limitaciones
estructurales conectadas con aquellas que son inherentes a la estructura
económica argentina. En primer lugar, ya no es sostenible el desarrollo del
mercado interno y de un programa de industrialización sustitutiva, con las
limitaciones y debilidades que con toda razón se le pudiesen objetar, con la
vigencia del marco jurídico heredado de la hegemonía neoliberal puesta en
crisis en diciembre de 2001. La pésima gestión de las empresas distribuidoras
de energía eléctrica, que sin duda alguna intentan forzar su reestatización
para acudir al Ciadi y cerrar un negocio redondo, refleja la tensión
irresoluble entre la vigencia de un proyecto político anclado en una activa
planificación estatal de la economía, en virtud de una incidencia positiva en
la distribución del ingreso, y el código legal y normativo tendiente a
consolidar la posición dominante de los sectores más concentrados de la
economía doméstica.
En segundo lugar, resulta
evidente la importancia que asume avanzar sobre el control estatal del comercio
exterior. La provisión de divisas no puede quedar en manos de un puñado de
multinacionales y de las patronales agropecuarias. Este es uno de los vectores
determinantes desde el cual ejercen su enorme capacidad de veto el bloque de
poder y sobre el cual descansa la posibilidad misma de continuar avanzando en
la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática. El Gobierno
enfrenta no sólo el desafío de evitar que se erosione el poder adquisitivo del
salario tras la devaluación, sino también la necesidad imprescindible de
construir los instrumentos de intervención estatales necesarios que autonomicen
la provisión de divisas que requiere el desarrollo de la industria nacional,
así como el financiamiento de los diversos programas de protección social, de
la buena voluntad de los exportadores de commodities agrarios.
La fuerza social de la que goza
la ofensiva perfectamente coordinada del bloque de poder pone de relieve, al
mismo tiempo, uno de los mayores obstáculos que debe enfrentarse para avanzar
en la construcción de una sociedad más igualitaria: la crisis orgánica de la
hegemonía neoliberal no tuvo su correlato en una fracción importante de la
sociedad civil. El sentido común neoliberal, que independiza el destino
personal de las condiciones sociales a partir de las cuales aquél se construye,
goza de la salud que equivocadamente se pone en cuestión; y no sería tan
paradójico pensar que se fue consolidando a medida que fue creciendo el mercado
interno por medio del incremento del consumo masivo. Aquello que de forma laxa
da en llamarse “clase media” gira en torno de ciertas expectativas de movilidad
social ascendente, fuertemente individualizadas e individualizantes, donde se
cristaliza de manera manifiesta la tesis que sostienen los investigadores
franceses Christian Laval y Pierre Dardot en su brillante ensayo La nueva razón
del mundo: la fuerza del neoliberalismo descansa en su acabada articulación con
un proceso civilizatorio.
Por tal motivo, una de las
principales batallas que determinará el curso de los acontecimientos se
continúa librando en la esfera de la cultura, en la fuerza social que se
construya para enfrentar la determinación material y moral del bloque de poder
para torcer la direccionalidad política cristalizada en el gobierno del Estado
y en la legitimidad social que continúa girando en torno del centro de gravedad
que atraviesa a la confrontación que se abrió desde mayo de 2003 hasta la
fecha: el Estado debe intervenir en los procesos económicos, teniendo como
objetivo construir niveles de igualación social cada vez más ambiciosos y
elevados o, por el contrario, debe ser el funcionamiento del mercado, despojado
de toda intervención y regulación, el que asigne y distribuya el excedente
social. Lo que está en juego no es el retorno al 2001, sino la resolución de la
crisis orgánica que allí se produjo.
* Sociólogo.
Investigador del Instituto Gino Germani/UBA/Conicet.
Publicado en Página12
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