El descontrol en ese sensible producto de la canasta básica de alimentos refleja el derrape de la estrategia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Si durante más de tres años fijó precios de referencia informal en el Mercado de Liniers, estos incrementos muestran que esa intervención ya no tiene influencia sobre los principales actores de esa actividad. La medida desesperada de frenar las exportaciones entorpeciendo el proceso de aprobación de despachos es una reiteración de su mediocre gestión: en búsqueda de un objetivo notable, como el de garantizar el abastecimiento interno, interviene con herramientas e iniciativas desarticuladas motivadas por la urgencia, provocando conflictos con los productores, internas con funcionarios del área y afectando expectativas de mediano y largo plazo entre pequeños ganaderos.
En un área tan sensible como la de alimentos, el Estado tiene un papel central e insustituible para asegurar, como prioridad, el abastecimiento del mercado interno a precios que no excluyan a la mayoría. No es una tarea sencilla, porque el consenso hegemónico sostiene que el crecimiento de la economía se motoriza con la apertura económica y financiera. Por lo tanto, con la consiguiente expansión de las exportaciones. La idea central de esa corriente de pensamiento económico es que el mercado interno se desarrolla si antes se privilegian las exportaciones. La mayoría de los analistas de la city que señalan como ejemplo otras economías tiene como eje ordenador la subordinación del consumo interno a la satisfacción de la demanda externa. Esto implica proponer el sacrificio para las mayorías vía precios internos elevados y rentabilidades abultadas para las elites productoras y exportadora. Para convocar a esa cruzada se les ofrece una promesa de bienestar vía el derrame de la bonanza externa que, como se sabe, nunca llegará a esos grupos vulnerables.
La tensión que se registra en los precios de los alimentos, con el de la carne actuando como el principal factor perturbador, se desarrolla en un escenario político complejo. Esta restricción no colabora para comprender situaciones de la economía. El incremento de precios es una señal que requiere de atención aunque no muestra niveles que por el momento sugieran descontrol, como los que se registraron en décadas pasadas. Se trata de una inflación media, al menos para la historia local. Uno de los aspectos más relevantes de los ajustes de precios en el período diciembre-marzo se encuentra en las evidentes resistencias que economías periféricas, como la argentina, exponen para la incorporación al consumo masivo de los sectores postergados y de ingresos medios-bajos. El alza de precios reconoce factores multicausales, entre los que hoy no se destacan los tradicionales esgrimidos por la ortodoxia, como la expansión monetaria o las presiones salariales. El aumento de los haberes jubilatorios junto a la suma extra de fin de año, la universalización de la asignación familiar por hijo y la instrumentación del plan Argentina Trabaja incrementaron considerablemente el poder de compra de grupos sociales de consumo deprimido. Entonces los conglomerados económicos con posición dominante en el mercado de alimentos emprendieron un acelerado proceso de apropiación de esa mejora de ingresos vía precios, en lugar de ampliar la frontera de producción y su oferta. En esta instancia, momento previo a la negociación paritaria por el salario de los trabajadores y al inminente ajuste anual del salario mínimo, se presenta con más nitidez el objetivo de las elites empresarias de subordinar la evolución del mercado interno a la política de expansión exportadora. Esto se refleja tanto por el desplazamiento del abastecimiento local a manos de la salida exportadora como por las subas de los precios domésticos.
A cualquier observador alejado de los ruidos político-mediáticos le resultaría sorprendente que en Argentina se presentaran problemas de oferta y precios en el sector alimentos. La clave para acercarse a una explicación se encuentra en el ejercicio de posición dominante en mercados sensibles por parte de pocas empresas que contabilizan y presionan para mantener elevadas tasas de ganancias. La participación de estos actores junto a las manifiestas limitaciones que expone la política pública en su intervención en áreas estratégicas deriva en ese panorama complejo en el área de alimentos. En ese contexto se requiere de un Estado activo en definir reglas de juego para alentar la expansión de una producción equilibrada. Esto significa: garantizar el abastecimiento interno, en cantidad y precios, para toda su población, no sólo para los grupos acomodados y la clase media en ascenso, que expresan su bonanza en la explosión de consumo que se registra en sus respectivos segmentos.
El sendero ascendente del consumo y el incremento de los precios de los alimentos provoca fastidio social, pero no crisis social, porque, en general, la mejora de los ingresos acompaña ese ritmo de crecimiento. De todos modos, se requiere de una política de precios más sofisticada que los rudimentarios acuerdos con las grandes empresas proveedoras de alimentos definidos por Moreno, que en la práctica son inofensivos. El problema con los precios de los alimentos necesita un tratamiento inmediato y efectivo porque castiga a los perceptores de ingresos fijos. Aparece, además, un factor que merece atención: los formadores de precios generan un cuadro de inestabilidad de precios relativos que afectan la percepción de las mayorías sobre el actual proceso económico.
Por Alfredo Zaiat
Publicado en Página12 - 21/03/2010
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