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Roberto MarraImagen de "Diariocritico.com"
Un senador provincial de Santa Fe, citado por una jueza para una indagatoria, no se presentó a la misma. Para no hacerlo, recurrió a la firma de algunos de sus colegas de bancada negando tal posibilidad en nombre de una supuesta vulneración de sus fueros, a la que catalogan de inconstitucional. Por fuera de los nombres e incluso de los hechos, que empujaron a los fiscales que llevan la investigación de la causa en la que está involucrado el personaje en cuestión a pedir su citación, cabe reflexionar sobre las características que se han ido generando en los manejos institucionales en la Provincia de Santa Fe en los últimos tiempos.
El delito en general, pero el de dimensiones complejas en particular, ha ido adquiriendo en esta región del País un volúmen que ha sobrepasado la capacidad de combate de las llamadas “fuerzas de seguridad”. Es necesario preguntarse, frente a los acontecimientos cotidianos a las que la población se ve sometida, de que “seguridad” se está hablando cuando se la menciona. Por lo visto y escuchado en las distintas causas que involucran a los más “destacados” delincuentes involucrados en el narcotráfico y sus mortales “daños colaterales”, se trataría más bien de la seguridad de los propios integrantes de esas bandas delictivas, en virtud de la connivencia con sectores de las fuerzas policiales.
La reiteración de los pases a retiro y/o procesos sobre jefes policiales, se ha hecho tan cotidiano como para que la población ya no pueda entender quienes son unos u otros en esta “guerra”, donde uno de los bandos sostiene con generosas “donaciones” a algunos de los integrantes de sus supuestos rivales. Las balaceras diarias no son casi noticias, los ataques a los juzgados y las amenazas de muerte a jueces y fiscales son el “paisaje” brutal del desvarío social al que nos han acarreado largos años de políticas incoherentes con los postulados enunciados por quienes se les puede ya catalogar de cómplices (voluntarios o nó) de semejantes hechos delictivos.
Tal como sucede en el ámbito nacional, el Poder Judicial está intrusado por disvalores y actores involucrados sólo en el sostenimiento de sus cargos (por cierto, muy bien remunerados). La Corte Suprema Provincial es un remedo de la Nacional, donde muere la Justicia y se eleva el escarnio contra los ciudadanos. Algunos jueces transitan sus vidas tribunalicias amparando a poderosos señores y denigrando a marginados sociales involucrados en pequeños delitos, mientras les allanan el camino a los peores delincuentes de guante blanco, cuando se les involucra en brutales desfalcos y complicidades con los peores hechos antisociales.
El “respeto al derecho” sólo se aplica en los casos donde los participantes de los probables delitos pertenezcan a las clases sociales “menos afortunadas”. Cuando la Ley alcanza a un “respetado hombre de nogocios” o algún funcionario de alto rango, los manejos serán inevitablemente morosos, tanto como para permitir los espúrios manejos tribunalicios de los conocidos y repetidos abogados de los bufetes más “prestigiosos” (léase, para ricos).
Los poderosos miembros de los grupos narcos son casi “principes” en las cárceles, donde los otros presos se pudren en las miserias que los reconvierte en peores que cuando llegaron. Las protecciones son obscenas y las ventajas de esos delincuentes alcanzan dimensiones imposibles, mientras los expedientes pasan de un lugar a otro sin terminar nunca de involucrar a quienes les protegen desde el mismo sistema judicial, político y policial.
Difícil tiempo para gobernar esta Provincia. Oscuro momento para quienes se atrevan a emprender el camino de la verdad sin tapujos. La sensación de impunidad se transforma en certeza con cada acción de personajes como el senador “rebelde” ante el llamado de la justicia, o de los integrantes de la Corte y algunos otros sectores de ese complejo entramado de encubrimientos en que se ha convertido al sistema que, se supone, fue creado para ejercer una función básica de protección de la vida de ciudadanos y ciudadanas, como parte fundamental de los valores que la democracia necesita para ser tal.
Sospechas permanentes, seguridades vulneradas, corrupciones evidentes, miedos constantes. En ese mar de incompatibilidades con el desarrollo de una sociedad hacia estadíos superiores, navegamos los habitantes de esta Provincia, alguna vez denominada “invencible”, hoy encorsetada entre la delincuencia y una fantasmagórica “justicia”, esperando el milagro de la aparición real de valentías olvidadas en el rincón de los “discursos de barricadas”, que sólo parecen erigirse para defenderse de la propia ciudadanía que los sostiene.
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