 |
| Imagen Págian12 |
Otra vez el gobierno nacional se enfrenta a un problema financiero y
económico a causa de la no liquidación de gran parte de la cosecha de soja por
parte de productores agropecuarios. Según el jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, hay cerca de 25 millones de toneladas de soja que los productores
estarían reteniendo, gran parte en silos bolsa. Estos permiten a los
productores acopiar en sus propios campos lo que les brinda más libertad en
relación con el siguiente eslabón en la cadena productiva: los acopiadores.
Ahora, y con mayor poder de fuego en la negociación, los productores buscan
transformarse en un actor destacado de la puja de la renta sojera vía la
retención de la cosecha.
Lo que fue una apuesta política
ahora busca volverse una crisis sectorial, ya que los contratos a futuro de la
oleaginosa vienen bajando, llegando a casi 343 dólares por tonelada y el poroto
de soja también acumulaba un pérdida de casi 30 por ciento en lo que va del año
(en la última semana hubo un repunte de la cotización). Eduardo Buzzi, titular
de la Federación Agraria Argentina, admitió que “el productor perdió y hasta
podemos decir que nos equivocamos en haber retenido los granos y no haber
vendido hace cuatro meses. Ahora se cayeron los precios, perdió plata el
productor y perdió plata el país”.
Según Capitanich, la liquidación
de soja en 2012 representó un flujo total de liquidación de exportaciones de
5800 millones de dólares. En 2013 fue de 4600 millones y la previsión oficial
para el cuarto trimestre de 2014 es de 4200 millones. Lo que demuestra la
tendencia declinante en un año de cosecha record.
Esta situación, lejos de parecer
novedosa, se está volviendo recurrente. Lo mismo sucedió a principios de año,
cuando el Gobierno, a causa de la presión del complejo agropampeano junto con
las empresas formadoras de precios, se vio obligado a devaluar. Todo parece
indicar que los productores sojeros buscan presionar por una nueva devaluación,
a fin de compensar vía tipo de cambio parte de lo perdido vía disminución de
precios. Ante esto, el Gobierno esgrime que tiene los instrumentos necesarios
para garantizar la liquidación de los granos. Sin embargo, vuelve a ser presa
de las intenciones especulativas de aquellos que buscan obtener un rédito
particular.
De no mediar cambios
estructurales de envergadura, puede esperarse que esta situación vuelva a
repetirse a principios del año que viene. Otra vez asistiremos al acopio
especulativo de los productores. Con la retención de la cosecha, aparecieron en
el escenario político varios proyectos de ley que buscaban dotar al Estado de
una mayor capacidad de control. Todos ellos iban dirigidos a la recuperación de
lo que fue la Junta Nacional de Granos, aunque con diferentes matices y
alcances.
La Junta Reguladora de Granos fue
un organismo público de regulación del mercado de granos creado en 1933, bajo
la presidencia del conservador Agustín P. Justo, y que tenía como función
principal la compra de algunos granos a precios establecidos por el Gobierno,
que luego vendía a los exportadores. En 1946, bajo el peronismo, el organismo
se transformó en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y
se lo habilitó para comprar y vender todos los bienes agrarios y también
industriales. Alcanzó a comercializar el 80 por ciento del trigo y el 50 por
ciento del resto de los granos, haciendo que el Estado se apropiara de gran
parte de la renta agraria. En 1963, bajo la presidencia de José María Guido, se
volvió a transformar y pasó a llamarse Junta Nacional de Granos. Entonces
compraba granos en competencia con cooperativas, acopiadores y otras
organizaciones privadas buscando pagar precios mínimos. Luego se incorporó a
sus funciones la regulación de los elevadores y los silos, ya que éstos crecían
en importancia dentro del sector. Sin embargo, con la ola neoliberal se
disolvió el organismo en 1991, por el decreto 2284.
Argentina, como sostenía Marcelo
Diammand, es una economía que posee una estructura productiva desequilibrada,
con dos sectores marcadamente diferentes. Por un lado, el sector agropecuario
con ventajas naturales extraordinarias y una productividad muy alta, y por
otro, un sector industrial con una productividad más baja. Para compensar estas
diferencias, es necesario adoptar tipos de cambios diferenciales (actualmente,
con las retenciones), de manera que la industria estuviera razonablemente
protegida y se incentive su desarrollo. Un problema recurrente con esta
estructura es que la baja productividad industrial requiere de muchas divisas
(dado que gran porcentaje de sus partes es importado), más de las que aportan
las exportaciones agropecuarias. Esto se transforma en un cuello de botella en
el sector externo y con fuertes presiones a la devaluación, lo que se conoce
como “stop and go”.
Sin embargo, en este período de
crecimiento de la demanda internacional de materias primas y su correspondiente
aumento de precio, generan que las divisas de las exportaciones del sector
agropecuario alcancen. Por lo tanto, el Estado capta parte de esa renta
extraordinaria que posee el agro argentino vía retenciones y lo transfiere a la
industria en forma de subsidios, créditos blandos, infraestructura, entre
otros, en busca de sostener el proceso industrializador. La falta de liquidación
de las exportaciones agrarias pretende hacer tambalear ese círculo virtuoso de
la economía. Por lo tanto, urge la necesidad de que el Estado se arme de los
instrumentos necesarios para que los ataques especulativos no pongan en riesgo
el proceso normal de la economía.
*
Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Publicado
en Página12
No hay comentarios:
Publicar un comentario