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Servicios
públicos en manos del Estado fueron entregados en concesión al sector
privado en los noventa. El resultado fue deficiente por los
incumplimientos y desvíos de fondos de los concesionarios con una
marcada debilidad en la fiscalización estatal. Han incumplido con los
cronogramas de inversiones comprometidos en el contrato al no ejecutar
las obras o postergando su ejecución. Ello incrementó la necesidad de
mayores tareas de mantenimiento, que en la práctica tampoco sucedió. En
la primera década del nuevo siglo se mantuvo ese régimen con tarifas
fijas hasta 2012, año que comenzó un lento proceso de descongelamiento y
costos en alza, brecha cubierta con subsidios.
Durante este último
período, el sector privado sólo se dedicó a administrar las compañías de
servicios públicos, mientras el Estado aportó vía subsidios gran parte
del dinero para que esas empresas puedan operar, con escasa inspección
de los organismos de control sobre qué hacían con esos fondos. El
cuestionado sistema de concesión empeoró al quedar en una situación
híbrida al no estatizarse el servicio pese a los crecientes recursos
fiscales orientados a esas compañías, lo que terminó deteriorando las
prestaciones por falta de inversiones. Las crecientes dificultades en la
actividad de transporte de pasajeros por tren y de distribución
energética prueban que el actual sistema de concesión al sector privado
de servicios públicos está agotado. Por lo menos en esas áreas. Esto no
significa que el régimen de subsidios esté agotado o sea simplemente una
fuente de despilfarro de gasto público. Diferenciar entre malas
concesiones privadas de servicios públicos y cuestionada fiscalización
estatal de una necesaria política de subsidios es importante para evitar
confusiones y caer en la trampa conservadora de demonizar una
estrategia de distribución de recursos fiscales.
Otro elemento relevante es precisar cómo se reparten los subsidios
entre diferentes sectores para concentrar las observaciones sobre los
ítem y sumas susceptibles de eventuales irregularidades en lugar de
deformar el análisis involucrando el total de los fondos fiscales
destinados al funcionamiento del servicio. Por ejemplo, en la red
ferroviaria interurbana de pasajeros que involucra las líneas
Mitre-Sarmiento, Roca, Belgrano Norte, San Martín, Urquiza y Belgrano
Sur, el monto de subsidios en 2012 fue de 4603 millones de pesos. De esa
suma, el 62,5 por ciento fue ordenado a pagar salarios del personal y
6,7 por ciento al gasto de energía y combustible. O sea, el recorrido de
casi el 70 por ciento de los subsidios es inflexible desde el origen
hasta el destino final. El 30 por ciento restante se distribuyó entre
contratistas (14,4 por ciento), materiales (9,0), otros gastos (5,2) y
seguros (1,3). Esta porción de los subsidios no ha tenido la
fiscalización efectiva de los organismos de control. El aumento nominal
de los subsidios en los últimos años estuvo directamente relacionado con
mayores erogaciones para el pago de las subas de salarios.
En colectivos, los subsidios globales sumaron 16.412 millones de
pesos el año pasado, recibiendo las empresas que operan en la ciudad de
Buenos Aires 1263 millones y las que tienen cabecera en la provincia de
Buenos Aires 5487 millones. De ese total, el 55 por ciento fue a pagar
salarios del personal y el 23 por ciento para combustible.
La aplicación de subsidios tiene el objetivo de reducir los costos a
empresas o complementar los ingresos de usuarios o consumidores vía
menores precios. Existen varias tipos y diferentes beneficiarios. No
sólo se subsidian las tarifas del transporte y de la energía a la
población, sino también a las empresas. Estas reciben, además, subsidios
vías otras herramientas de política como exenciones y rebajas
impositivas, beneficios regulatorios, transferencias monetarias
directas, tasas de interés reducidas y financiamiento preferencial. Los
subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte
público tienen un objetivo económico. No son gastos que el Estado deba
ahorrar para no generar distorsiones en los precios relativos. La
evaluación debería ser más sutil respecto de la equidad distributiva y
de la eficiencia como herramientas para incentivar el consumo masivo, la
producción y la competitividad de la economía.
Los subsidios son utilizados por diversos países para consolidar el
desarrollo de sus economías. No son malos per se, como condiciona el
sentido común el discurso de la ortodoxia que comienza apuntando contra
los subsidios para ampliar el cuestionamiento al gasto público en
general. Su argumento principal dice que esa política es una excesiva
intervención estatal en la economía con efectos distorsivos que inhiben
el libre funcionamiento del mercado y que constituyen un despilfarro de
recursos. Aquí existe un doble estándar, puesto que esas observaciones
se dirigen a los subsidios al boleto de tren y colectivo y al consumo de
gas, luz y agua de la población, en tanto ignora los también
considerables subsidios a empresas privadas por vía de tarifas en esos
servicios, otros beneficios impositivos y financieros y transferencias
directas. ¿Quienes critican los subsidios al transporte y al consumo de
gas y luz ponen el mismo énfasis, por ejemplo, con los que reciben las
escuelas privadas? Poco más de la mitad de los establecimientos
educativos de gestión privada que funcionan sólo en el área de la ciudad
de Buenos Aires recibieron el año pasado aportes estatales para el pago
de salarios docentes por unos 1000 millones de pesos anuales, monto que
se traduce en un menor arancel para las familias. Esa suma equivale a
casi un cuarto de lo que se destinó a la red ferroviaria.
Tampoco existe una corriente tan intensa de crítica, desde un punto
de vista estrictamente económico, dirigida a los usuarios de automóviles
privados que están siendo subsidiados, ya que no “pagan”, por ejemplo a
través de impuestos, todos los costos que imponen a la sociedad en
términos de contaminación medioambiental, congestión, accidentes y
utilización de la infraestructura de movilidad.
¿Quienes hablan de gasto público desmesurado por mantener tarifas
subsidiadas son los mismos que atemorizan sobre el desborde de la
inflación? Aquí también emerge una discordancia discursiva, porque los
subsidios han tenido como resultado contener el alza de tarifas y, por
lo tanto, de los índices de precios. Esa estrategia tiene un impacto
directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos
sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso
relevante en sus canastas de consumo, por caso el transporte, la luz, el
gas y el agua. Y un efecto indirecto sobre el Producto, en la medida en
que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la
demanda agregada. Así se desarrolló una dinámica que se realimentó: la
política general de subsidios hacia usuarios y empresas apuntaló una
mejora en el desempeño macroeconómico.
La segmentación de los subsidios por ingresos es necesaria en
función de la equidad distributiva, de mejorar la ecuación económica de
las compañías prestatarias y de generar recursos adicionales destinados a
inversiones y mantenimiento. Pero no tiene efecto neutro, puesto que
afecta inicialmente la demanda agregada y, por ese motivo, el momento
oportuno de aplicarla es en la fase ascendente del ciclo, no cuando
comienza a retraerse, como a fines de 2011 y durante el 2012.
Los subsidios requieren ser debatidos para mejorar la transparencia
de su asignación y evitar que sean capturados por sectores sociales y
grupos económicos que no los necesitan. Pero ese debate es más
enriquecedor cuando es amplio y no recortado con un doble estándar donde
sólo se apunta a cuestionar la intervención del Estado en la economía,
el gasto público en general y, por ende, los subsidios que benefician a
la mayoría de la población.
*Publicado en Página12
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