Lo del Parque Indoamericano pone sobre la mesa que, en los tres años de Macri, la ciudad retrocedió en materia de partidas sociales y de ejecución de esas partidas. Especialmente en la zona sur. Tanto en vivienda como en salud y educación.
El censo en el Parque Indoamericano servirá para detectar con bastante precisión cuánto hay de factor político y cuánto de necesidades sociales. Sin perjuicio de lo que surja de esa casuística, hay dos elementos concluyentes. El primero es que la magnitud de este conflicto se debe a que hay muertos y que se trataron de asesinatos –presumiblemente de balas policiales– destinados a crear un clima de miedo funcional a una derecha política argentina que necesita generar miedo y odio para poder instalar un discurso de cara a las elecciones de 2011. En ese sentido, Mauricio Macri decidió ser la cara visible de un intento tenebroso. Basta recordar que hace un año el jefe de gobierno puso en Educación a Abel Posse para irradiar una ideología autoritaria. Aquel fue un intento propagandístico en boca de un diplomático escritor tilingo que podía entusiasmar a ciertos lectores de La Nación. Esta vez, se ató al carro que le ofrecieron el legislador Christian Ritondo, un porteño plebeyo de la zona sur devenido nuevo rico, habitante del exclusivo country Nordelta en el partido de Tigre. Ritondo tiene las mismas prácticas clientelares de muchos punteros del Conurbano y abreva en el duhaldismo. Su intención, claramente, es que Macri juegue sus fichas para el adelantamiento electoral –si es posible a fines de abril– con la casi certeza de que el PRO tiene chances de imponerse sobre cualquier candidato del Frente para la Victoria, en un escenario de gran atomización de la oposición al macrismo. Hay que subrayarlo, en la Ciudad de Buenos Aires hay tanto dinero que muchos peronistas que dicen estar alineados con el gobierno de Cristina Kirchner dialogaron –y dialogan– con la pata peronista del PRO, porque eso les permite formar parte de algunos negocios de contratos y licitaciones. Si la oposición pudiera poner –de conjunto y sin hipocresías– la lupa sobre la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires podría comprobar lo que dicen quienes ahí mismo trabajan: los temas grandes no llegan allí sino que se acuerdan en los cafés cercanos a la Legislatura.
Lo que perdura en la ciudad es el célebre “sistema”, ideado por célebres peronistas porteños que acompañaron a Carlos Grosso durante su gestión. Dirigentes como Eduardo Vacca o Miguel Ángel Toma habían conformado una manera de compartir cuotas de poder, no sólo con otros dirigentes políticos, sino con empresas proveedoras y con instituciones de mucho peso en Buenos Aires. Concretamente, con el Episcopado y con los mandos de la Policía Federal, que entre sí tienen vínculos estrechos. La Constitución porteña lleva 16 años y su letra no logra traspasar los muros de intereses oscuros que siguen siendo factores de decisión claves.
Dos ejemplos claros es que la puesta en marcha de las comunas se haya retrasado y la descentralización se postergue y, en segundo lugar, que la creación de la Policía Metropolitana resulte el peor de los engendros: se suman las ambiciones procesistas de Macri a los despechos de ex policías de la Federal peleados con la actual conducción de esa fuerza. Si hubo un toque de atención con los crímenes alevosos de la semana pasada fue que la orden de la jueza María Cristina Azar incluyó la represión de la Federal, que cargó con la parte más fiera de la cacería dentro de la Villa 20. Desde que Néstor Kirchner echó –literalmente– a Gustavo Béliz en 2004, la orden fue sistemáticamente que los agentes federales deben ir a las protestas sociales con chaleco naranja y sin armas. Aquí llevaron pistolas y escopetas. Estas últimas no sólo con cartuchos de disuasión –goma– sino de plomo. Los usaron contra villeros desarmados. Una barbaridad que cobró –el martes pasado– las vidas de Bernardo Salgueiro y Rosemarie Cupeña. Esto tuvo un trasfondo de fuerte desafío a la autoridad de la presidenta de la Nación y de allí que Nilda Garré tomará mañana el control de las fuerzas de seguridad. Una señal importante fue que, hasta tanto asuma, el gobierno nacional desplegó fuerzas de Gendarmería y Prefectura que, desde ya, evitan el conflicto en vez de hacer ratoneras mortales.
UNA CIUDAD COMPLICADA. Si Garré avanza en una reforma profunda de la Policía Federal deberá contar con muchísimo respaldo para evitar pasos en falso. Un proceso de cambio lleva tiempos muchísimo más largos que las expectativas de un año electoral, y no debe haber ninguna tentación de confundir unos y otros. Sí se puede poner autoridad clara a través de colaborar con la justicia para esclarecer cómo fue la toma de decisiones de la represión del martes pasado y también en la determinación de la cadena de responsabilidades con las muertes, si es que las hubo. Pero también, además de lo sucedido en el Parque Indoamericano, un gran desafío para el nuevo Ministerio de Seguridad será el de establecer cuáles son los conductos de financiamiento ilegal y de compromisos con jueces, políticos, fiscales, empresarios del espectáculo, la noche, el deporte y también con altos dignatarios religiosos. Se trata de una trama compleja y que no es ajena a la corrupción estructural que existe en muchísimas instituciones. Los pasos en falso se pagan caro. La indecisión política también. En ese camino estrecho se movió, por ejemplo, León Arslanian en la Bonaerense y cuando llegó Daniel Scioli se ocupó de borrar con el codo todo lo que Arslanian había escrito con la mano. La gran ventaja es que Garré va a contar con todo el apoyo de la presidenta.
Pero los temas de seguridad no son ajenos a las políticas sociales. Y lo del Parque Indoamericano pone sobre la mesa que en los tres años de Macri la ciudad retrocedió en materia de partidas sociales y de ejecución de esas partidas. Especialmente en la zona sur. Tanto en vivienda como en salud y educación. En el primer caso, se menciona mucho que el Instituto para la Vivienda liberó este año menos del 20% de lo votado por la Legislatura. Y debe remarcarse que el aumento de población en las villas no sólo es por la llegada de inmigrantes de países vecinos sino por la cantidad de inquilinatos cerrados, edificios ocupados que fueron violentamente desa-lojados o fin de los hoteles como solución habitacional transitoria. La genialidad del macrismo consiste en dar unos pesos a cambio de evitar mandar la policía o las patotas que funcionan en el Ministerio de Espacio Público (Unidad de Control) o de Desarrollo Económico (la Unidad de Gestión e Intervención Social) y que están pensadas como auxiliares del clientelismo y la expulsión social.
El nuevo elemento que agregaron Macri y Ritondo es el de los falsos vecinos, a través de bandas armadas, cuyos antecedentes se remontan a los grupos de la Liga Patriótica, y sueñan en convertirse en comandos de la Triple A. Pero, para eso, necesitan mucho amparo estatal. El punto es que uno de los desafíos de cara al posible adelantamiento electoral es neutralizar el eficaz discurso antivillero y discriminador del PRO. Para eso, las caras más visibles del kirchnerismo en la ciudad –Daniel Filmus y Carlos Tomada– deberían tomar la iniciativa de salir juntos a convocar por un gran cambio en Buenos Aires.
VILLAS, NARCOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Una Argentina que crece tiene en la Ciudad de Buenos Aires los mismos problemas con algunos nuevos. Es decir, desde hace 60 años, en las villas vive gente que es “dueña” de su casa sin título de propiedad. Es decir, hay unos 300 mil habitantes que no están inscriptos en el Registro de Propiedad. En las villas, la Dirección de Catastro nunca hizo la demarcación que hace en el resto de los barrios. No se trata de “barrios de emergencia” sino de gente que vive allí. Algunos hace dos y tres generaciones. Con el boom inmobiliario, el PRO quiere ganar simpatías entre los vecinos que ellos creen correctos y echar a los que para ellos son de segunda categoría. Para quien tiene una casita en Soldati, Mataderos, Patricios o Lugano, la idea de que no haya villeros cerca es la ilusión de que su vivienda valdrá más. Pero no es sólo eso: quienes trabajan en las villas saben que hay algunos intereses vinculados a la droga. Concretamente, las redes de distribución de paco, cocaína y otras drogas invierten en construcción en las villas y tienen allí algunas personas que les son útiles. También los tienen en barrios elegantes, desde ya. Y con complicidades en juzgados, fiscalías, partidos políticos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, en Buenos Aires se trata de un problema de baja intensidad criminal. Y que no tuvo ninguna incidencia en lo sucedido en Soldati. Lo que no puede negarse es que las problemáticas de seguridad en la ciudad van de la mano de políticas sociales.
*Publicado en Tiempo Argentino
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