CORPORACIONES VERSUS INQUILINOS

Imagen de "rosarionoticias.info"

Por Roberto Marra

Periódicamente, regresan a la escena proyectos de leyes que intentan ordenar el complicado tema de los alquileres. Se trata, se dice siempre, de propuestas dirigidas a permitir el acceso a la vivienda en alquiler por aparte de enormes cantidades de personas y familias que no logran alcanzar los altísimos precios que impone ese particular mundo de transacciones entre profundas desigualdades que se denomina “mercado”. Una especie de “barril sin fondo” donde se pierden las buenas intenciones y de donde emergen, gananciosos, los poderosos grupos inmobiliarios que se han apoderado de la mayoría de las ofertas en las grandes ciudades.

La exclusiva participación de las “fuerzas del mercado” como supuestas ordenadoras de semejante embrollo económico-social, solo ha llevado a la pérdida de posibilidades de los inquilinos en sus intentos por llegar a poder pagar los cada vez más inaccesibles montos solicitados por una vivienda.

El poder acumulado por las corporaciones que detentan la propiedad o su manejo transaccional en ese “mercado” tan intrincado como salvaje, donde la ley de la selva (urbana) parece predominar sobre las relaciones humanas, termina decidiendo unilateralmente el valor y los términos de los alquileres, imposibilitando para una gran mayoría de habitantes el derecho a la vivienda digna, un objetivo constitucional olvidado y pisoteado por la omnipotencia de quienes se arrogan la autoridad para decidir quienes pueden o nó llegar a cumplir con ese beneficio tan lógico como justo.

Engorroso tema el de la vivienda, que no puede encontrar su cauce resolutorio en tanto falte una fuerte intervención del Estado para encaminar semejante complejidad. Difícil trámite para los gobiernos que hacen equilibrio entre las necesidades de los ciudadanos y las exigencias y hasta amenazas de las corporaciones financieras que ofician de supra-poder, colocándose en el papel de víctimas cuando se les pretende extraer un mínimo de sus obscenas ganancias, en nombre de necesidades irrefutables de los desesperados inquilinos, que viven entre la espada y las paredes... de sus anheladas viviendas.

En cada oportunidad que se ha pretendido establecer reglas que le den mayores posibilidades a los demandantes de ese derecho constitucional, los “grupos de tareas” de las cartelizadas inmobiliarias invaden los medios de comunicación y el Congreso Nacional para “influenciar” las decisiones de los representantes del Pueblo quienes, a su vez, suelen olvidar tal carácter, para terminar apoyando las exigencias descaradas de los poderosos antes que las de los atribulados ciudadanos que los eligieron.

Los caminos generalmente elegidos para intentar paliar tanta injusticia habitacional, solo postergan las soluciones al infinito. Son simples parches que pretenden “patear para adelante” las decisiones que, al diferirse, acumulan inequidades y profundizan la desigualdad, caldo de cultivo para la disgregación familiar y el desarrollo de esos ghetos sociales que se denominan, ominosamente, “villas de emergencia”. Una “emergencia” que viene durando décadas, unas “villas” que no son más que acumulaciones desarticuladas de espacios habitacionales, inmorales, precarios y desabastecidos de los más elementales servicios urbanos.

La vulneración del derecho a la ciudad está institucionalizado, olvidado en algún cajón de las promesas que nunca se intentaron cumplir, por ignorancia, por desidia o por estulticia. Los grupos inmobiliarios ya están abarcando demasiados espacios inhabitados, esos inútiles monumentos al abandono social, esas perversas muestras del poder de los especuladores, cuyos únicos objetivos de acumulaciones de fortunas y lavados de dineros mal habidos, son el paradójico muro de la desesperanza de los millones de habitantes que buscan, simplemente, un techo que los dignifique.