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Sobreactuación o convicción.
Cinismo o estupidez. Pedir disculpas al maltratador como hizo Prat-Gay se
presta al psicoanálisis. Decir que en nombre de una reparación histórica a los
jubilados se presenta un proyecto que puede desfinanciar al sistema de
jubilaciones ronda la misma patología.
La Justicia ya había dado su veredicto. A los jubilados que estaban en
la Justicia había que pagarles por decisión de la Corte. El gobierno anterior
había empezado a hacerlo a 40 mil por año. En una buena decisión, el macrismo
decidió hacerlo todo de un solo movimiento y lo presentó con bombos y
platillos: “el primero a favor de los que menos tienen” dijeron muchos. Es
cierto que podía dilatarlo, pero lo real es que había una obligación en la
Justicia, igual que con la devolución del 15 por ciento de la coparticipación
para las provincias. La maniobra se oscurece porque usa esta medida, que fue
una mezcla de obligación y de decisión propia, para desfinanciar a los
jubilados y al sistema en general. Destraba la venta de acciones del Fondo de
Garantía, aumenta en cinco años la edad de las mujeres para poder pensionarse,
baja las pensiones y establece una fórmula hacia la baja del cálculo de las
jubilaciones. Todo eso presentado con cartelera de Hollywood: “Programa
Nacional para la Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados”, falta el
león de la Metro y parece Ben-Hur. La épica trae adosado un blanqueo de
capitales en medio de un escándalo verdaderamente cinematográfico por las
cuentas y empresas offshore de numerosos funcionarios, empezando por las del
presidente Mauricio Macri.
Ponen la carucha de los jubilados para que las grandes empresas del
país se saquen de encima a los directores del Estado y para que esas mismas
empresas blanqueen los fondos en el exterior con los que evadieron millones de
dólares en impuestos. El oficialismo dice que con los impuestos que les cobren
a esos fondos blanqueados, pagarán los juicios y la actualización a los
jubilados pero, en el mejor cálculo, esos capitales no alcanzan ni para
empezar. Si se desfinancia el sistema estatal y se abaratan las jubilaciones,
no tan a la larga se busca la vuelta de las AFJP. Es la misma historia de
siempre.
En la jerga de los CEO se llama crear oportunidades de negocios.
Transforman así el pago a los jubilados en una buena oportunidad para ellos.
Todo tiene que ser convertido en función de este precepto. Por ejemplo: unir el
tema de los jubilados con el blanqueo para voltear la causa contra las 4400
cuentas ilegales de millonarios argentinos en el HSBC de Suiza. De esta manera
le abren camino a los involucrados, entre los que se cuentan grandes empresas
como Cablevisión o Edesur, para que entren en esa moratoria. Y de paso limpian
de culpa al ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, que también estaba
denunciado. Si se cae la causa, como quiere Claudio Bonadio, se acaba la
investigación sobre los evasores que tienen o tenían 4400 cuentas en el HSBC de
Suiza. Siempre hay algo para ganar. El pago a los jubilados tiene toda esa cola
de ventajas para los grandes empresarios. Como CEO y empresarios, la medida que
más odiaron del gobierno anterior fue la desaparición del negocio millonario de
las AFJP que estafaban al estado y a los jubilados, y la creación del Fondo de
Garantía con las acciones que las AFJP tenían en la mayoría de las grandes
empresas instaladas en Argentina. El desembarco del Estado en sus directorios
fue tomado más o menos como cuando Fidel Castro declaró el comunismo en Cuba.
Fue una de las medidas más populares del kirchnerismo y al mismo tiempo más
odiada por estos sectores que hoy están en el gobierno. El control que hubiera
podido ejercer el Estado a través de sus directores constituye, según la
prédica neoliberal, el atentado más horroroso al derecho de propiedad y, más
específicamente, de los más ricos. Puesto contra la pared, un rico prefiere
donar antes que pagar impuestos, porque de esta forma decide el destino de ese
dinero. Descree del interés común o del interés público. En esa religión, el
impuesto es considerado una expropiación y cualquier intervención del Estado es
autoritaria. La ley principal es la del negocio privado y desde el Estado, crear
oportunidades para esos negocios.
Se supone que las disculpas de Prat- Gay a los empresarios que
fundieron Aerolíneas y a los de Repsol que vaciaron YPF (varios de ellos están
presos en España por estafadores) forman parte de esa coreografía de
genuflexiones para seducir inversores. Tanto manierismo en un mundo de
tiburones genera más desconfianza que otra cosa. Si ven plata, los tiburones
vienen. Si ven agachadas como las de Prat-Gay, desconfían. El mismo presidente
se cansa de dar señales como funcionario, pero como empresario va al grano.
Como cuando anunció que repatriaría 18 millones de pesos que aparecieron
misteriosamente en una cuenta suya en Bahamas. Entre explicaciones dudosas
sobre el origen del dinero, el presidente dijo que probablemente los invertiría
en Lebac. Su propio gobierno fijó intereses desproporcionados a esos bonos, que
pagan más del 34 por ciento, intereses que activan la timba financiera y
desalientan la actividad industrial. El mismo Macri le está diciendo al que
tiene una fábrica que le conviene venderla y meter la plata en esa timba que no
genera trabajo ni riqueza real. Así no hay segundo ni tercer semestre.
Tampoco se vería transparente si Macri compra los bonos inmediatamente
después que él mismo les fijó intereses altísimos. No es un rumor, así lo dijo
Macri. Para ellos, eso no es corrupción. A Boudou, en cambio, lo van a
perseguir hasta el fin del mundo por haber acabado con las AFJP, pero las
cuentas offshore, la evasión de impuestos, el lavado de dinero o la
especulación con el dólar, son “prácticas comunes entre los empresarios”.
El único lavador que existe para ellos, es “el empresario
kirchnerista” Lázaro Báez. En el show anticorrupción de esta semana, el
macrismo atacó al juez Casanello usando personajes oscuros apalancados por
algunos periodistas ídem. El diminuto fiscal Marijuan se ha convertido en galán
de la pantalla chica con sus publicitados allanamientos. Pero no sumó pruebas,
solamente hizo una auditoría de las propiedades de Báez. Tanto por el carácter
controvertido de la denuncia, como por los personajes oscuros que la motorizan,
la imputación de que Casanello fue comprado por Baez, más que afectar al juez,
da la impresión de que la causa está floja de pruebas para relacionar a
Cristina Kirchner, o para enterrar a Báez. Y aprietan al juez para que avance
sin ellas o para encontrar una excusa que lo aparte si se niega. Se trata de
una deducción lógica, más allá de que cada quien haga su valoración sobre el
juez.
Otro hecho de la semana: la ofensiva contra Venezuela en la OEA. No
pudo convocar la Carta Democrática porque por el mismo motivo debería haberla
convocado para Brasil. Aplicársela a Venezuela, cuando hace muy pocos días, en
una decisión con poco fundamento, un Congreso repleto de legisladores con
causas abiertas por corrupción destituyó a la presidenta Dilma Rousseff con una
acusación de tipo administrativo. La OEA y los gobiernos derechistas de la
región ni se mosquearon. En Venezuela es al revés. El gobierno no acepta ser
depuesto por un Congreso controlado por la oposición de derecha. En ese caso,
la OEA y los gobiernos conservadores ponen el grito en el cielo. El gobierno
argentino, alineado ideológicamente entre los más reaccionarios, mantuvo una
actitud abierta porque la candidatura de la canciller Susana Malcorra para la
ONU no puede mostrar flancos beligerantes. Como en las viejas épocas de las
dictaduras, en los casos de Venezuela y Brasil, la OEA volvió a jugar como
pieza de la estrategia norteamericana para la región.
Y el segundo: la marcha de “Ni una menos” en una ciudad donde los una
mayoría vota a la derecha, pero le gusta posar de progre. Es una marcha
multitudinaria que centra a la sociedad sobre una tragedia de horror
naturalizado, cuyas raíces se van al fondo más oscuro de las relaciones humanas
de una manera que puede convivir con la banalidad o con las buenas intenciones,
con la progresía y hasta con el izquierdismo. Está allí y en algún momento se
dispara contra una mujer. Es el resumen de todos los prejuicios y privilegios
sexistas. Uno de los más comunes es la demonización de las mujeres del pueblo
que luchan por sus derechos. Tienen que ser sometidas y simpáticas con el
poder, como la imagen promovida de la dirigente barrial del PRO, Margarita
Barrientos. Pero si son combativas, peleadoras y desafiantes y luchan por sus
derechos y no por la caridad ajena, entonces son demonizadas como marimachos y
matonas. El ejemplo más claro de mujer luchadora es Milagro Sala, por su vida,
por su lucha y por sus logros. Un gobierno reaccionario la metió en la cárcel.
Es una advertencia a las mujeres de que deben quedarse en sus casas. Hasta un
dirigente de izquierda como el Perro Santillán, la criticó por supuestas
acciones que él mismo practicó cuando era dirigente de los desocupados. Para un
hombre ir al frente de un grupo de desaforados para disputar a los empujones y
los codazos la cabeza de una marcha es una demostración de hombría. En una
mujer, esa supuesta prueba de hombría la condena doblemente.
La manipulación de jueces y fiscales, el chantaje y la amenaza para
quebrar a dirigentes que la rodeaban y la furiosa campaña mediática de
demonización está enfocada en una mujer que desafió al poder económico y le
ganó. “Cómo se atrevió esa india”. Así funcionan los golpeadores y abusadores.
Una mujer no puede atreverse. Por eso, el reclamo por la libertad de Milagro
Salas no puede estar ausente del Ni Una Menos.
*Publicado en Página12
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