El gobierno nacional informa que los subsidios que le otorga al sistema de transporte de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, representa más del 80 por ciento del costo de funcionamiento. A partir de allí, lo que no se entiende (o sí, pero hagamos como que no) es por qué otorgarle concesiones a esas “empresas”, que sólo funcionan como administradoras del dinero que reciben sin ningún esfuerzo propio. ¿Quién dijo que no se puede sostener con eficiencia por parte de los Estados a estos u otros servicios fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo de todas las actividades humanas propias de una sociedad urbana?
Nos han vendido la certeza de que sólo las empresas privadas pueden gestionar estos servicios, colocando un intermediario oneroso (muy oneroso) dentro de una estructura que sólo debe prestar la utilidad para la que es creada, no dar ganancias para esos falsos empresarios. El verdadero beneficio es el social, es el que se corresponde con ser el nexo imprescindible entre las diferentes actividades, conectar a la población con sus trabajos, la educación, el comercio, la recreación. Pero la tara sigue incólume en las cabezas de quienes deciden, atravesados por temores a las poderosas corporaciones que les exigen más y más a cambio de cada vez menos.
Nadie parece estar dispuesto a dar el paso decisivo de terminar con este sistema mal nacido y corrupto. Nadie anuncia la voluntad de, al menos proponerlo para un plazo perentorio. Nadie parece mostrar las agallas que este y otros problemas merecen, derivados de los paradigmas neoliberales insertados en las conciencias mayoritarias, para dar vuelta la oscura página de la mentira programada, el desfalco permanente, la prebenda obscena y la cobardía enajenante.
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